La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebró que el nuevo Gobierno de México considere el combate a la corrupción como su principal objetivo y advirtió que si el país no logra acabar con este problema, difícilmente podrá erradicar otros desafíos como la pobreza, la desigualdad y seguridad pública.

Al presentar el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, el titular de la OCDE también urgió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato.

El Secretario de la OCDE también habló acerca de la austeridad en el Gobierno. Dijo que la continuidad de las políticas públicas suele verse mermada por la falta de un servicio público profesional. “Ésta es una área en la que habría de sopesar con mucho cuidado el impacto en el recorte de los salarios. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad”, recalcó.

En el 2017, la OCDE entregó a México el estudio sobre la integridad, en el cual se analizó los esfuerzos del Estado mexicano para crear un sistema de integridad pública a través del Sistema Nacional Anticorrupción. También examinó la capacidad del gobierno para promover políticas de integridad relacionadas con conflictos de interés, de protección a los denunciantes, el control interno, la gestión de riesgos, entre otros.

Este 2019, el organismo presentó el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, en donde explicó que México atendió las primeras recomendaciones, sin embargo, siguen pendientes otras más complejas y de largo plazo que requerirán mayor coordinación y recursos.

En primer lugar, dijo, México tiene que seguir fortaleciendo y ampliando el SNA. “Es urgente, por ejemplo, nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato”.

La OCDE señaló que los Comités de Ética, creados para la instrumentación de los códigos de conducta organizacionales y la orientación sobre las políticas de integridad, siguen afectados por una serie de debilidades. Entre ellas, destacó la carencia de conocimientos especializados sobre el tema de los funcionarios electos para servir en los Comités, además de no ser su trabajo principal y del enfoque en la recepción de denuncias.

La OCDE indicó que el sistema disciplinario en México mantiene un bajo nivel de efectividad y se traduce en un alto nivel de impunidad.

“De acuerdo con un estudio de Impunidad Cero, la SFP sanciona el 13.4 por ciento de las denuncias recibidas, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa anula como el 42 por ciento de las denuncias que presenta la Secretaría, lo cual reduce el porcentaje de denuncias al 8 por ciento, eso responde a diferentes factores como el alto nivel de inexperiencia en el Tribunal y su alto nivel de rotación, sus salarios pocos competitivos, la mala integración de los casos, las pruebas que lo sustentan y escaso personal”, puntualizó Gurría.

LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

La OCDE también presentó el “Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México: Mejorando el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Manera Incluyente”,  que evalúa la implementación de las 14 recomendaciones de corto plazo incluidas en la Hoja de Ruta del primer estudio presentado por el organismo en 2017.

Las recomendaciones de la OCDE contenidas en el informe invitan a: incorporar nuevos campos de información al sistema sobre elementos de riesgo (como las subcontrataciones, las ofertas conjuntas, los convenios modificatorios y las excepciones a licitación); identificar reformas normativas necesarias para hacer de CompraNet un sistema plenamente transaccional; facilitar la presentación de denuncias relacionadas con procedimientos de contratación pública; y capacitar tanto a empresas como a funcionarios de contratación en el uso del sistema, entre otras.

Entre las recomendaciones de mediano plazo, destacan el desarrollo de documentos de licitación estandarizados, la aplicación de estándares de datos abiertos y la habilitación del seguimiento de decisiones y documentos en cadena de bloques (blockchain). Por su parte, las recomendaciones de largo plazo aspiran a lograr un sistema integrado y totalmente transaccional, con cobertura de punta a punta del ciclo de contratación pública, es decir, desde la planeación y presupuestación, pasando por la etapa licitatoria, hasta la gestión y el cierre de contratos.

Finalmente, la OCDE destacó que sin importar el modelo de gobernanza que defina la nueva administración para la función de contratación pública, continuar con la mejora de CompraNet sería pertinente para lograr los objetivos de promover la transparencia y lograr eficiencias y ahorros.

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