Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deja sin efecto las reformas aprobadas por el Congreso de Baja California para extender a cinco años el mandato constitucional de Jaime Bonilla Valdez, representa un segundo golpe a un grupo de empresarios que se apoderaron hace un par de años del movimiento aduanero en esa región; el primero, claro está, fue el arribo a la Administración General de Aduanas de Horacio Duarte, uno de los hombres de más confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cabe aquí preguntar quién le hizo pensar al Gobernador Bonilla que esta acción considerada inconstitucional era viable; pues aseguran que el principal artífice del “Bonillazo” fue su compadre y amigo personal Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, a quien Bonilla designó como Fiscal General del Estado; esto en medio de diversos señalamientos por conflicto de interés por su evidente compadrazgo.
Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado: eliminó por ejemplo el tope de edad que impedía su llegada al cargo y modificó incluso la ley para que estuviera en el cargo los cinco años que pretendía gobernar el estado fronterizo. Se le generó también una especie de súper Fiscalía, que concentra lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo en este mando el control de las dos policías que se mantenían a cargo del Ejecutivo.
Cabe señalar que el Fiscal Guillermo Ruiz Hernández fue además el abogado que defendió al ex alcalde priista de Tijuana Jorge Hank Rhon, cuando éste fue arrestado por el delito de acopio de armas. El llamado Titi Ruiz logró sacar de la carcel al empresario priista. En una entrevista que Bonilla Valdez sostuvo con el Semanario Zeta, a mediados de mayo del año pasado, el hoy gobernador de Baja California reveló que el licenciado Guillermo Ruiz es uno de los abogados que atendían para él la estrategia jurídica para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 o 6 años. Pero resulta que esta acción de Bonilla y su compadre el fiscal no fue respaldada por López Obrador, quien de acuerdo con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estuvo siempre en contra de lo sucedido en Baja California con la llamada “ley Bonilla”. Hoy, luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la SCJN, el Gobernador Bonilla Valdez ha expresado que respetará la decisión del máximo tribunal del país, aunque dejó en claro que no comparte dicho criterio.
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