“No todos los hombres practican la violencia contra las mujeres, pero todas las mujeres viven todos los días con la amenaza de la violencia de los hombres”. Fuad Alakbarov, defensor de los derechos humanos.
El 25 de noviembre fue declarado por la ONU “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra de la mujer”. Se trata de dar visibilidad a este vergonzoso problema de salud pública, de justicia y de convivencia social, que no ha podido ser resuelto y que, en países como México, su atención ha sido tan deficiente, que el problema se ha hecho aún más grave.
De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país las mujeres con mayor propensión a sufrir violencia son las que habitan en áreas urbanas (69.3%), de entre 25 y 34 años (70%) y con escolaridad superior (72.6%). Pero evidentemente también el resto de las mujeres sufre violencia. 66 de cada 100 mujeres de más de 15 años en el país, han sufrido por lo menos un incidente de violencia.
A nivel declarativo en México se han tipificado delitos, creado instituciones y pronunciado innumerables discursos y mensajes al respecto. Pero el problema no ha sido atendido de fondo. La impunidad prevalece e incluso recientemente pareciera que se quiere restar visibilidad al problema, como si fuera una parte menor de la dinámica de violencia que enfrenta el país.
Escuchamos con frecuencia argumentos qué, en esencia, reflejan ignorancia, una completa falta de empatía y, frecuentemente una misoginia no explicita; estos afirman que la violencia en contra de las mujeres no es diferente de la que enfrentan los hombres: “también a los hombres los matan”. Ello implica desconocer algo que es a todas luces evidente: que la violencia que se ejerce en contra de los hombres está relacionada con temas de delincuencia (cuando no de la delincuencia organizada que enfrenta el país); mientras que la violencia específica en contra de las mujeres responde a una dinámica social, delictiva e incluso antropológica completamente diferente. Las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres; es su género el que las coloca en una condición de potenciales víctimas específicas por parte de sus agresores.
Cuando desde el gobierno no se identifica con puntualidad el feminicidio o la violencia en contra de las mujeres como un problema qué debe ser urgentemente atendido en su propia dinámica, se posibilita que en todas las instituciones públicas de seguridad y justicia no se tenga como evidente prioridad, la atención y resolución de este problema.
En un estudio publicado por la Comisión Europea, se señala que en términos de política pública, las iniciativas deben atender comportamientos específicos en contextos definidos. Las políticas generales que simplemente declaran que se castigará la violencia, sin crear medidas específicas, son intrascendentes y favorecen la impunidad. Es más útil, por ejemplo, crear iniciativas específicas para inhibir el comportamiento de agresión en el transporte público, con mecanismos ágiles para clarificar las conductas a castigar, identificar a los responsables y sancionarlos adecuadamente.
No requerimos más diagnósticos sobre la violencia hacia las mujeres. Necesitamos políticas públicas definidas, no la que apelan a una transformación gradual futura de la sociedad, sino aquellas que ataquen la impunidad, castiguen a los agresores y mejoren la vida de las mujeres en nuestro país.
Y el hombre que crea que la violencia e inseguridad que viven las mujeres es igual a la que vivimos los hombres de manera cotidiana, o bien no tiene esposa, hijas, madre o amigas, o ellas hablan, pero él no las escucha.