“La fragilidad es la calidad de las cosas que son vulnerables a la volatilidad”. Nassim Taleb, ensayista, investigador y financiero estadounidense.
Cuando hablamos de fragilidad financiera, nos referimos a la vulnerabilidad de un sistema financiero ante una crisis financiera. En términos de los hogares, ello está relacionado a la vulnerabilidad que estos presentan cuándo una crisis interna o externa altera las condiciones existentes en sus finanzas, en cuanto a sus ingresos, gastos, los activos de los que disponen y las deudas de todo tipo tanto el principal como en cuanto al costo de su servicio.
A raíz de la pandemia, de las medidas de contención sanitaria y de las consecuencias económicas y financieras de las mismas, es evidente una crisis financiera en la mayoría de los hogares, especialmente en países en qué previo a la pandemia, existían ya condiciones de fragilidad o cuando menos de equilibrios precarios en las finanzas de las familias.
En el estudio “Fragilidad financiera de los hogares durante el COVID-19” publicado en Harvard, se encontró que después de la primera oleada de contagios en Estados Unidos y la reapertura económica, no se dio una recuperación en las finanzas de los hogares y que, por el contrario, con la segunda y tercera oleadas de contagios, se ha incrementado la fragilidad financiera y la desigualdad de los ingresos de los hogares, particularmente a partir de octubre.
En otro estudio publicado por Lusardi, Clark y Mitchel, se encontró qué desde mayo de este año hay una evidente fragilidad financiera que impide a los hogares enfrentar emergencias, incluso aquellas que en condiciones normales hubieran sido consideradas de mediana intensidad. Han sido particularmente vulnerables los jóvenes, los adultos mayores, las familias con mayor número de integrantes y evidentemente las familias de menor ingreso.
En México, existen condiciones estructurales y coyunturales que hacen que la mayoría de los hogares presente un mayor grado de vulnerabilidad financiera. Por un lado, la evidente desigualdad implica que el margen de maniobra para muchas familias al momento de ver disminuidos sus ingresos es inexistente, lo que las lleva a incumplir obligaciones de pago, con un castigo implícito en términos financieros o a la contratación de deuda de corto plazo adicional (más costosa y frecuentemente informal).
En otros casos, su participación en el sector informal implica que carecen de la mínima red de soporte en caso de despido o de atención de servicios médicos, lo que los coloca en condiciones extra de vulnerabilidad. Para grupos como los adultos mayores, cuya típica red de soporte son los ingresos obtenidos a través de sus familias e ingresos complementarios mediante trabajo informal eventual, han visto interrumpidas esas dos fuentes de ingreso (sin que lo alcances a compensar las transferencias gubernamentales) lo que generará un incremento de la precarización de este grupo.
Es evidente que el alcance de las políticas públicas es insuficiente en términos de la inyección de recursos que permita a los grupos más vulnerables paliar la fragilidad financiera que enfrentan. Medidas como las que se instrumentaron con la banca al tratamiento de la deuda, fueron de corto plazo y no alcanzaron a medir la duración de la contingencia y mucho menos de los efectos económicos derivados de la misma.
Finalmente, la falta de apoyos directos para tratar de mantener o por lo menos atenuar el impacto de caída del empleo privado, ha pasado una muy cara factura en términos de contracción del empleo, que no se recuperarán rápidamente y que, como ha ocurrido en el pasado lo hará gradualmente y con empleos de menor nivel salarial. A ello se suman además políticas públicas, que no contribuyen a la generación de un entorno que favorezca el retorno de inversiones productivas en el mediano plazo.