Avanzan amparo y denuncias penales contra Marín y Velázquez por fraude en Cruz Azul: Lozano Gracia

Más de 500 Cooperativistas de La Cruz Azul, representados por Antonio Lozano Gracia, presentaron un juicio de amparo y denuncias penales en contra del grupo minoritario, encabezado por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes detentan de manera arbitraria el control de la cooperativa.

Con este amparo, informó el litigante, la justicia federal confirmará la nulidad de la Asamblea en la que Marín y Velázquez se apropiaron indebidamente, desde septiembre de 2018, de las presidencias de los consejos de administración y de vigilancia, a pesar de los evidentes vicios en la convocatoria.

“Ya un juez de primera instancia había dado la razón a la mayoría de los socios de la cooperativa, al determinar que no se había cumplido el requisito elemental de precisar el domicilio donde se llevaría a cabo la asamblea de 2018 y por ello la declaró nula”, precisó Lozano. 

Añadió que, si bien una impugnación interrumpió temporalmente los efectos de aquella sentencia, ahora serán los jueces federales los que confirmarán la nulidad de esa engañosa convocatoria y, por tanto, de la Asamblea.

Lozano Gracia, mediante un comunicado de prensa, denunció que existen además otros vicios graves con los que Marín y Velázquez están violando la ley y los estatutos de La Cruz Azul; entre ellos, es que, como se sabe, estaban impedidos para ocupar las posiciones que se adjudicaron de manera arbitraria, pues ya eran -desde antes- miembros de la directiva y eso está expresamente prohibido. 

En este sentido, recordó que las normas internas de Cruz Azul impiden que permanezcan más de dos años al frente de los consejos, como ilegalmente ellos pretenden hacerlo.

El abogado confirmó además que se interpusieron denuncias penales contra la suspensión ilegal del pago de sueldos y anticipos de rendimientos, a más de 160 cooperativistas de La Cruz Azul. 

Reveló que entregó ya al ministerio público copias de oficios firmados por José Antonio Marín Gutiérrez en los que dice que los cooperativistas afectados “tienen una situación especial”; calificó de absurdo ese argumento y advirtió que secuestrar sueldos y prestaciones es un delito que el código penal sanciona con las penas previstas para el delito de fraude.

Por último, Lozano dijo finalmente no tener duda de que el proceso legal acreditará la legalidad y validez de la asamblea realizada, con apego a las normas, el 26 de agosto del 2020, en la cual una mayoría de más de 500 cooperativistas, entre 715, eligió como presidente del Consejo de Administración a Federico Sarabia Pozo y como presidente del Consejo de Vigilancia a Alberto López Morales.

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