La generalizada solidaridad de los mexicanos ante las tragedias, tan arraigada en nuestra cultura y en nuestro orgullo, se evaporó ante la explosión que causó casi un centenar de muertos y 50 heridos en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Hubo voces de condolencia y de duelo, pero fueron proporcionalmente pocas. Imperó la diatriba condenatoria, cuyos términos no tiene sentido reproducir, pero que revelan una gran carga de inquina hacia las víctimas.

Repentinamente erigidos en inquisidores, fueron muchos los mexicanos que expresaron su animadversión por las personas afectadas e incluso celebraron la tragedia.

En síntesis, y eludiendo el lenguaje soez y sórdido de quienes festejaron en redes, se trataba de un justo castigo, de una consecuencia natural y hasta necesaria: si alguien roba gasolina, que arda con ella.

Si bien en internet es frecuente el insulto, la calumnia, la acusación ligera, después de la tragedia llamaron la atención las reprimendas justicieras y el evidente tono superior del inmaculado en contra del presunto infractor.

Fue más notorio aún porque no se trataba de un debate o de un intercambio de acusaciones o vituperios, como suele ocurrir en internet, sino de una imputación a personas que habían perdido la vida, de un juicio sumario a ellas y a sus familias e incluso al conjunto de la población.

En todo tiempo, la unión, la solidaridad y la compasión son valores de cohesión y fortaleza de una sociedad, y son más importantes aún en momentos difíciles, como es el caso de nuestro país en materia de seguridad y, especialmente, luego de una tragedia.

Así como una familia se ve sacudida por la muerte repentina de uno de sus integrantes, una comunidad se hunde en el dolor y el desconcierto ante la pérdida de docenas de sus miembros.

El drama lo abarca todo y crea una atmósfera de privación comunitaria difícil de asimilar y superar.

Es el momento de la comprensión y el respaldo social, pero luego de la tragedia de Hidalgo fueron muchos los que asumieron el rol de juzgadores espontáneos.

Reflexionar sobre ello no implica erigirse en juez oficioso de los jueces oficiosos, sino ponernos frente a la imagen lamentable que nos arroja este espejo.

¿Somos esta imagen de ruptura, de escarnio, de tétrica celebración por el dolor de otros? ¿A dónde podría conducirnos esta actitud si se reiterara y se extendiera a más ámbitos de nuestra relación?

Tenemos todas y todos una enorme responsabilidad: convocar y dar presencia, con hechos y palabras, a la unión, al sentido de comunidad plural, sin divisionismos, sin la segmentación artificial que alienta la confrontación de unos contra otros.

En territorio polarizado, el odio es combustible.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

El presidente Donald Trump sigue empeñado en el trueque que planteó al Congreso: o le dan 5 mil 700 millones de dólares en 2019 para la construcción de su muro o no hay presupuesto y, por lo tanto, mantiene cerrado parcialmente el gobierno.

Así se han cumplido 23 días, con lo que este cierre se ha convertido ya en el más largo de la historia de la Unión Americana.

El discurso de Trump ha cambiado: ahora dice que el muro será de acero y no de cemento y que sólo necesita construir alrededor de 800 millas (mil 287 kilómetros) porque ya hay mil kilómetros de valla y porque en diversas partes de la frontera hay obstáculos naturales como ríos “salvajes y violentos” (en el lenguaje de Trump todo es apocalíptico).

En cuanto al financiamiento, dice que México ya lo está pagando por las supuestas condiciones ventajosas para Estados Unidos en el nuevo tratado de comercio, lo que es más un recurso retórico que un hecho demostrable.

Con el monto que exige al Congreso, el presidente estadounidense quiere construir 234 millas de muro, contratar a 750 nuevos agentes fronterizos y aumentar en 11 mil las celdas para indocumentados a fin de llegar a 52 mil lugares. Ninguna de estas medidas es novedosa. Muro, celdas y agentes se han ido incrementando desde hace 25 años, y sus predecesores Clinton y Bush han aumentado estos rubros. Y ninguna, desde luego, detuvo la inmigración indocumentada y sí contribuyó al sufrimiento de los migrantes, e incluso a la muerte de los miles que han fallecido a lo largo de los años en la franja fronteriza.

Pero es sabido que para Trump, el muro es un himno de batalla electoral, en cuya estridencia lo que menos importa es la suerte de los migrantes.

Ante la oposición que representa la postura de los legisladores demócratas, a la que se han sumado algunos republicanos, el presidente dice que puede declarar un Estado de Emergencia Nacional para contar con facultades especiales y construir el muro sin la aprobación del Congreso, pero éste es el único que puede asignar fondos, de manera que el tema podría ir a litigio ante la Corte Suprema de Justicia.

Para argumentar la declaratoria de emergencia, Trump ha dicho que se debería a la “crisis humanitaria” en la frontera, lo que no es un reconocimiento de lo que padecen los migrantes, sino un recurso efectista para dar soporte a su obsesión.

El mandatario está en campaña rumbo a una eventual reelección y, por lo pronto, parece estar apostando a la construcción del muro con una disyuntiva de todo o nada.

Se trata de una lucha de fuerzas entre Trump y demócratas no tanto para ganar ahora un episodio sino la Casa Blanca dentro de dos años. Y los migrantes, una vez más, están en medio, a pesar de que su trabajo y su aportación a la economía estadounidense están más allá del estruendo electoral.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

La política migratoria del nuevo gobierno de México se sostiene en dos pilares: derechos humanos y desarrollo, en contraste con la política de contención que imperó durante décadas con lamentables consecuencias.

El cambio de paradigma puede significar para cientos de miles de personas un viraje de 180 grados, capaz de convertir su padecimiento en esperanza.

La política de contención asocia a la migración indocumentada con términos que revelan su visión negativa: problema, ilegalidad, inseguridad, operativos de detención y, en consecuencia, persecución.

Si a una persona se le declara ilegal y se le persigue por buscar una vida mejor en un país distinto al suyo, tiene que caminar en las sombras y renunciar a la justicia y hasta a sus derechos humanos.

Por ello, una gran porción del territorio nacional se convirtió para a los migrantes centroamericanos en escenario cotidiano de un sufrimiento extremo, plagado de abusos y delitos, como extorsiones, secuestros, desapariciones y homicidios.

El cambio de visión implica una enorme diferencia: en lugar de persecución, comprensión; en lugar de abusos y delitos, respeto a los derechos humanos; y desarrollo, en lugar de pobreza, desigualdad, violencia y desempleo.

El plan dado a conocer se enfoca tanto en los mexicanos que migran sin documentos a Estados Unidos como en los centroamericanos que se internan de manera irregular en México con la intención de llegar a la Unión Americana.

Para el desarrollo e infraestructura del sur del país, así como para impulsar el crecimiento en Honduras, El Salvador y Guatemala, se requiere de una considerable inversión en los próximo seis años, pero no hay duda de que el costo de no realizar este esfuerzo sería mayor en sufrimiento humano y rezago económico y social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que si Estados Unidos, México y Canadá realizan esta inversión en el marco de un programa de colaboración para el desarrollo, el objetivo de reducir sustancialmente la necesidad de emigrar es alcanzable.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Podría pensarse que las recientes caravanas de migrantes persuadirían al presidente estadounidense de apoyar el plan del gobierno mexicano. Pero sucede que aunque Trump diga que lamenta las caravanas, en realidad las celebra porque nutren su discurso antiinmigrante.

La política estadounidense no está bajo nuestro control, pero sí lo está hacer lo que nos corresponde como país, y en ello no hay duda: tenemos que cambiar el paradigma y colocar a la migración en la agenda del desarrollo y los derechos humanos.

Hace tiempo que el Día del Migrante era ocasión para reflexionar sobre sus padecimientos; hoy podemos renovar la esperanza.

EL HERALDO DE MÉXICO

La nueva etapa del país se caracteriza por rasgos inéditos y enormes desafíos.

Comienza el gobierno de un presidente de izquierda, con un gran respaldo, conocedor del país casi kilómetro a kilómetro, con tres campañas presidenciales, desapegado de las élites y con arraigo popular.

Llega un presidente que ha integrado en su amplio espectro de colaboradores y legisladores afines a priistas, panistas, perredistas y, desde luego, a quienes lo han acompañado desde la fundación de Morena, muchos de ellos también procedentes de diversos orígenes partidistas.

Arriba un presidente que empezó a gobernar casi desde el instante en el que se conocieron los resultados electorales y que cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión y en 19 congresos estatales, lo que le da condiciones para llevar a cabo eventuales reformas constitucionales.

Por primera vez llega un presidente habituado a desempeñarse políticamente desde la oposición y con fuertes raíces en la plaza pública.

De acuerdo con recientes encuestas, son mayoría los que depositan en el presidente Andrés Manuel López Obrador altas expectativas, en tanto que otra parte de la población traduce esas expectativas en incertidumbre.

En su mensaje de toma de posesión, el mandatario enfatizó el gobierno para todos, especialmente para los desposeídos, el respeto a las libertades, el aliento a la inversión y la honestidad como emblema de su administración.

Entre las demandas de mexicanas y mexicanos destaca la seguridad, más aún, la recuperación de la paz, luego de tantos años de violencia y luto.

En la misma vertiente están la corrupción y la impunidad, lastres que maniatan el desarrollo, impiden la certidumbre y cercenan la esperanza, y cuyo combate los electores mandatan, entre otras razones porque es necesario recuperar la confianza en nosotros mismos para dar el gran salto hacia el desarrollo.

Por otra parte, es claro que no hemos sido capaces de cerrar el abismo entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco.

Impedir la perpetuación de la pobreza es una exigencia histórica.

Es indispensable, asimismo, generar riqueza y distribuir sus beneficios para que toda la población sea favorecida por el crecimiento económico y tenga acceso a una vida digna.

Cada mexicana y cada mexicano interpretará este inicio de gobierno según su visión, sus convicciones y su preferencia política, pero algo está cambiando en el país que, en todo caso, requería una sacudida, una despresurización social, especialmente de quienes se sentían más agraviados por su marginación y falta de oportunidades.

Por el bien de México, que esta nueva etapa traiga consigo paz, bienestar social y desarrollo, conservando nuestra probada capacidad para convivir en libertad, diversidad y pluralidad.

Y, especialmente, de mantenernos unidos en lo fundamental.

Hace ya más de 100 años que México sostiene en materia de drogas una política y un sistema normativo de carácter prohibicionista.

Lejos de ser el único, formamos parte de los más de 188 países que en su momento suscribieron las tres convenciones de la ONU relativas a este tema y que destinaron recursos, tiempo y esfuerzos para materializar sus disposiciones.

Se trataba, según las convenciones internacionales, de lograr “La erradicación del mercado de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que atienda fines distintos al médico o
científico.”

Así, casi todas las naciones del mundo se lanzaron formalmente tras ese objetivo, que no se cumplió en ningún caso.

Al paso del tiempo, presenciamos la aparición de efectos indeseables: se impidió que las personas que necesitaban de algún estupefaciente o sustancias psicotrópicas para fines terapéuticos y medicinales tuvieran acceso a ellos; la producción y el consumo para fines no médicos o científicos se incrementaron; surgieron y se expandieron grupos del crimen organizado que capitalizaron el prohibicionismo para enriquecerse y corromper e infiltrar instituciones y, más tarde, para dañar el tejido social e incluso, como infortunadamente lo hemos visto en México y otros países, para generar alarmantes entornos de inseguridad y violencia.

El crimen organizado fue y es el gran beneficiario, como terminó siéndolo también la industria armamentista y, de otra manera, la farmacéutica y los aparatos estatales que recibieron grandes presupuestos para “erradicar las drogas ilegales”.

La senadora Olga Sánchez Cordero apuntó, al presentar la iniciativa en el Senado: “240 mil muertos, 40 mil desaparecidos. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país.”

Sin prejuicios ni dogmas paternalistas, y luego de la experiencia de más de un siglo, exacerbada en la última década, podemos hoy poner frente a frente las dos opciones principales: o seguimos persiguiendo la erradicación del uso de las drogas para fines no médicos y científicos, o nos orientamos a trabajar en favor de la salud y la seguridad.

Las otras dos opciones confrontadas son el prohibicionismo y la regulación del uso recreativo.

A estas alturas, resulta claro que el objetivo de la erradicación, vía prohibicionismo, se agotó, y que hoy lo que procede es proteger la salud y la seguridad, vía la regulación.

Como apunta Jorge Díaz Cuervo en su libro Drogas. Caminos hacia la legalización: “Puede ser más efectivo cuidar el cómo, dónde y qué se consume, que seguir cuestionando el por qué o el para qué”.

Y agrega: “Parte importante del planeta parece estar dispuesta a buscar alternativas, impulso que se gesta en estados democráticos y constitucionales, comprometidos con valores superiores, como el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos, y en particular al principio pro persona que deriva de ellos (…) El cambio o ajuste de modelo está en marcha. Incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas”.

No será fácil el cambio de visión en la ONU, habida cuenta del papel preponderante que tiene en ella Estados Unidos y lo errático de su presidente actual, pero si se reorientan los acuerdos globales superaremos las contradicciones del sistema normativo vigente con los derechos humanos, entre otros, el derecho a la salud, a un proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad, y a no sufrir discriminación, entre otros.

Cabe, también, tener en cuenta que si bien es un desafío global que requiere la colaboración internacional, tiene características regionales que deben atenderse al diseñar e implementar políticas públicas, cuya orientación primordial debería ser preservar la vida y la salud, y no la estigmatización de los consumidores y de la asociación droga y delito.

En todo caso, al celebrar la nueva orientación, es preciso tener presente que nos falta mucho camino por recorrer, no para desalentarnos sino para estar conscientes del tamaño y complejidad del reto.

El cambio, dice Díaz Cuervo, “Solo parece posible, en el mediano y largo plazos, si se articulan dos conceptos: visión (adónde queremos llegar) y gradualismo (el ritmo al que se quiere avanzar)”.

Estamos en presencia de un cambio de visión que puede contribuir a la protección de los derechos humanos, tanto de los consumidores como de los que no lo son, y que puede hacer una aportación real a la recuperación de la seguridad y la paz pública.

Solo cambiando paradigmas podremos modificar los
resultados.

Estamos por llegar a 12 años de la llamada lucha contra el crimen organizado. Muchos son los saldos; la mayor parte de ellos amargos y, a la vez, desafiantes.

Entre otros, hay uno particularmente doloroso: el país es hoy una inmensa fosa clandestina, con todo lo que ello significa.

Y lo que significa es que cada una de esas fosas alberga restos de personas que alguna vez no regresaron a su casa, que fueron declaradas desaparecidas y que, mientras eran buscadas por sus familiares y amigos, fueron asesinadas y enterradas clandestinamente, con escasas probabilidades de ser localizadas.

Hace apenas unos días se hallaron en Veracruz 32 fosas con los restos de al menos 174 personas, de acuerdo con la autoridad estatal. Este hallazgo se suma a los cientos que se han hecho en el país, cada uno con su lamentable carga de pérdidas, dolor, violencia e impunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer, en abril de 2017, el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas. En él se reporta que, con base en cifras oficiales, del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, se localizaron 655 fosas, con mil 548 cuerpos. Para el mismo periodo, el muestreo hemerográfico, realizado por la propia Comisión, incrementa estas cifras a mil 143 fosas, con 3 mil 230 cadáveres. Casi el doble de fosas, más del doble de víctimas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil reportan que entre 2006 y 2017 se han exhumado 2 mil cuerpos.

No puede dejar de observarse que, como casi siempre, los datos oficiales reflejan una realidad achicada, ya sea por la falta de registros o por la calculada intención de reducirla.

Aun si se dieran como ciertos los datos oficiales, éstos nos estarían diciendo que durante diez años, de 2007 a 2016, en promedio cada dos días fue inhumada clandestinamente una persona en México, luego de ser asesinada y en algunos casos después de ser torturada y despedazada.

Si partimos de los datos de los registros hemerográficos, el promedio sería de un enterrado clandestinamente cada día. Uno cada día a lo largo de diez años. Demasiada violencia, demasiado dolor e incertidumbre. Demasiada impunidad.

Desafortunadamente no se trata de historia, sino de una continua pesadilla: otro muestreo hemerográfico de la CNDH registra que de enero de 2017 al 30 de agosto de 2018 se han hallado 163 fosas, con 530 cuerpos.

Un dato más para la consternación y el asombro: de estos 530 cuerpos, sólo han sido identificados 54; es decir, uno de cada 10.

El hallazgo o localización de fosas clandestinas no se detiene. Entre las más recientes están las ubicadas en Jalisco, con seis cuerpos, y en Ciudad Juárez, con cuatro víctimas.

Enorme es el desafío del crimen y de la violencia; y enorme debe ser el esfuerzo del próximo Gobierno federal y de los gobiernos estatales para encontrar una respuesta a la desaparición como método frecuente e impune, al homicidio del indefenso y al enterramiento de las víctimas, lo que priva a las familias incluso del alivio del duelo.

A pesar de las dificultades que implique, tenemos que encontrar esa respuesta y contener el crecimiento de lo que es ya una inmensa herida.

Que no se nos olvide. Hay cientos de niños migrantes que no han sido reunidos con sus padres. El gobierno de Estados Unidos los llama “inelegibles para la reunificación”.

¿Qué nombre puede darse a la separación dolosa de 2 mil 551 hijos de sus padres por parte de un Estado, como lo hizo la Unión Americana durante los meses de abril y mayo de este año?

Nadie sabía en el gobierno estadounidense qué se haría después. La orden era separar y eso bastaba. 

Doble falta la del presidente Donald Trump: separar a las familias y no asumir la responsabilidad de su posterior reunificación. Así tuvo que reconocerlo su gobierno cuando un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó la reunificación de estos niños con sus padres, y puso como fecha límite el 26 de julio. 

Obligado, el gobierno reunificó a las familias que pudo, pero entonces se dio cuenta de que era incapaz de reunir a todas. Había cortado, irresponsablemente y quizá para siempre, una relación y cercanía familiar que nadie tiene derecho a vulnerar.

Concluido el plazo establecido por el juez Sabraw, el gobierno estadounidense le informó que no había reunido a más de 559 niñas y niños con sus padres porque a algunos de éstos los había deportado y tendría que localizarlos, que a otros los había liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas y no sabía dónde estaban; otros habían renunciado a la reunificación y unos más tenían acusaciones penales.

De acuerdo con organizaciones civiles de derechos humanos y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), algunos de los padres fueron forzados a firmar documentos escritos en inglés, en los que solicitaban su deportación voluntaria o renunciaban a la reunificación, al tiempo que eran agredidos verbal y emocionalmente.

Y mientras tanto, cientos de niños y niñas tienen que seguir bajo custodia, abismalmente alejados de sus afectos más cercanos.

Ante las protestas internas y externas, Trump se vio forzado a emitir, el 20 de junio, una orden ejecutiva para que cesara la separación de familias migrantes, pero las secuelas de su disposición anterior siguen vigentes y representan una tragedia para cientos de hogares. 

El derecho a la unidad familiar, que está consagrado en los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, exige no sólo que los Estados se abstengan de separar a las familias sino también que adopten medidas para mantenerlas unidas y, en su caso, para reunificar a los familiares que se hayan separado.

La deportación o expulsión puede constituir una interferencia al derecho a la unidad familiar, a menos que se justifique de acuerdo con las normas internacionales, lo que no es el caso, como lo demuestra la orden de reunificación de la Corte Federal de San Diego.

Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, como tampoco lo ha hecho con otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ello no lo exime de respetar y proteger el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar.

En todo caso, cabe cuestionar si con cargo a la soberanía de un Estado se puede hacer lo que sea, incluso violar derechos humanos, quizá de forma irreparable, como puede serlo para docenas de padres, madres e hijos que hoy no saben si volverán a verse.

Nadie puede arrogarse el derecho de destruir la unidad familia r, así sea Donald Trump, destructor compulsivo, y ahora también devastador de familias.

“Las criaturas de aquella (esta) realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido (es) la insuficiencia de recursos para hacer creíble nuestra vida”

Gabriel García Márquez, al recibir el Nobel de Literatura

Las campañas por la Presidencia de la República coinciden en el diagnóstico, igual o semejante, al que tenemos también la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos.

En la apreciación convergente de lo que se debe resolver están: inseguridad, corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, insuficiente crecimiento económico y fallas del sistema de justicia, entre otros padecimientos. Como espejo del diagnóstico, López Obrador, Anaya y Meade ofrecen seguridad, justicia, igualdad, crecimiento económico…

Los pronunciamientos en contra de nuestras dolencias y dificultades se multiplican, como ocurre también con los enunciados para combatirlas.

Mientras tanto, hechos infortunadamente cotidianos martillean nuestro ánimo:

Asesinan a secuestrado y lo dejan en Viaducto. A un año de Valdez, matan a periodista en Tabasco; van 140 desde el año 2000. Narcotraficantes usan a Iztapalapa como su guarida. Consumo de drogas en niñas enciende alerta de especialistas. Sustraen hackers 400 millones de pesos de bancos. Crece en México venta de drogas online. Acelera 476% robo a trenes. El Tribunal Electoral dice que homicidios son una forma de quitar candidatos; ya suman 91 políticos asesinados. Afecta el crimen a 30 por ciento del agro. Los servicios forenses del país tienen registrados 27 mil cadáveres como desconocidos. Ninguna de estas líneas es producto de la imaginación, a manera de ejemplo. Cada una de ellas es real, como lo son otras de similar talante que usted ha leído o escuchado cualquier día de la semana, durante años. Dardos cotidianos en un escenario que nunca imaginamos.

Es esta narrativa lacerante la que parece estar lejos de los pronunciamientos de campaña, no porque esté ausente, pues en ocasiones uno u otro candidato alude a ella, sino porque una de las demandas más sentidas es saber qué y cómo se actuará frente a esta pesadilla que se empeña en perpetuarse.

La impresión, en consecuencia, es que, o no existe o no hemos podido identificar el antídoto para esta violencia que se expande y diversifica; y que la realidad nacional está rebasando los discursos por la derecha, por la izquierda y por el centro.

Coincidente el diagnóstico en temas torales, se extrañan proyectos de solución en muchos de ellos. Más aún, surgen divisiones sociales y polarizantes en tiempos en que la unidad es indispensable.

Es urgente dar un giro al tono y contenido de las campañas, para hacerlas empáticas con el dolor de México e identificarlas con una realidad que demanda nuestras mayores capacidades y una gran solidaridad social para promover la unión y proponer soluciones explícitas y viables. Los ganadores del proceso electoral debemos ser todos, pues este periodo nos ofrece la posibilidad de asumir nuestros desafíos y contrastar las vías que se propongan para superarlos. Si nutrimos de ideas y opciones específicas a la competencia política, el resultado será la claridad de rumbo y la unión nacional, imprescindible para reemprender el camino.

Este texto está enfocado a los jóvenes como víctimas
de la violencia, pero en el Día del Niño hay que recordar
también que en 11 años han desaparecido 2 mil 788
bebés y niños de entre cero y 14 años

Imposible imaginar el sufrimiento padecido por los tres jóvenes jaliscienses que fueron asesinados por la crueldad de una batalla criminal a la que eran ajenos.

Imposible imaginar el dolor de sus padres, hermanos y familiares. La noticia del secuestro, la angustia continua y finalmente la información desoladora.

Deplorable, y ya no tan imposible porque hay antecedentes de hechos similares, es que dos jóvenes, tan jóvenes como las víctimas, se hayan encargado de disolver los cuerpos. Uno de ellos declaró que le pagaban por esta práctica tres mil pesos a la semana.

Ahora Omar “N” y Gerardo “N” tendrán que pagar por sus delitos, lo mismo que los otros implicados, los que interceptaron a los muchachos y los mataron y los que ordenaron tal vileza.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2007 a enero de 2018 se reportaron 34 mil 268 desapariciones, de las cuales 9 mil 404 corresponden a jóvenes de entre 15 y 24 años, 27% de los casos, lo que equivale a decir que tres de cada 10 víctimas tenían ese rango de edad, en el infame momento de su desaparición.

Daniel Cunjama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (El Universal,Teresa Moreno, 25 de abril), acierta al destacar que la juventud se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ante la violencia en México: en un porcentaje alto, son jóvenes quienes la ejecutan y jóvenes los que la padecen

“Es una violencia esencialmente joven, masculina, de clase media o baja, enfocada en delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio doloso, y ubicada en territorios donde la delincuencia organizada tiene una gran actividad.” Alto riesgo ser joven en México: ser víctimas de la violencia, ser criminalizados, a veces en vida y a veces después, y ser reclutados por la delincuencia para obligarlos a hacer lo que jamás imaginaron.

Prácticamente todas las instituciones nacionales tienen algo que aportar en la atención y solución de esta situación inaceptable, la que hoy debe ser una prioridad para la candidata y los cuatro candidatos presidenciales, más allá de la condena y la condolencia.

Necesitamos saber qué se proponen hacer Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, para impedir que los jóvenes sigan siendo amenazados por estos graves y desgraciadamente reales riesgos. Hace falta que expongan la esencia de las políticas públicas y las líneas de acción que pondrían en marcha, así como el compromiso que asumen con las mujeres y los hombres jóvenes de México.

Me parece que un cambio de paradigma relevante es alejarnos del cliché que afirma que las víctimas inocentes tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y en el momento equivocado, lo que volvió a invocarse en el caso de los jóvenes de Jalisco.

Tiene razón Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, cuando dice: No tiene por qué haber lugares equivocados.
No, no tiene por qué haber momentos ni lugares equivocados.
Impedirlo es una responsabilidad del Estado.

El mensaje que envía la aparición de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral es que se puede llegar a ella mediante trampas e incluso, presumiblemente, incurriendo en delitos. Y que, por tanto, así se puede aspirar, aunque sea ilusoriamente,  a la Presidencia de la República.

Desafortunado en sí mismo, el mensaje es doblemente lamentable cuando uno de los temas centrales de las campañas, por estar presente en la preocupación y el enojo ciudadano, es la corrupción. ¿Y qué es, si no corrupción, falsificar de diversas maneras cientos de miles de firmas para alcanzar el número requerido, a fin de registrarse como candidato independiente?

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que de los dos millones de firmas que presentó Rodríguez Calderón, más de la mitad eran inválidas, el propio INE y el aspirante revisaron cientos de miles de firmas sospechosas; de las cuales, 15 mil, aproximadamente, se rescataron como válidas.

A Rodríguez Calderón le faltaban, en números redondos, 16 mil firmas para llegar a las 866 mil requeridas. Y entonces, cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo inscribieron en la boleta. ¿Y cómo lo hicieron?

De acuerdo con lo dicho por los propios magistrados, ellos infirieron que si continuaba el proceso de revisión, Rodríguez Calderón alcanzaría la cantidad de firmas necesaria. Los cuatro magistrados ni siquiera se percataron de que su argumento en realidad es confesión: ellos pusieron las firmas que faltaban, digamos que a razón de cuatro mil por cada uno.

Absortos en sus cuentas predictivas y no en el derecho, avalaron una candidatura fraguada con trampas en el proceso de recolección de firmas.

Sabemos por qué está Jaime Rodríguez en la boleta, pero habría que preguntarle para qué. En busca de la candidatura presidencial, abandonó a sus electores de Nuevo León, al dejar el cargo de gobernador cuando le faltaban cuatro años.

Los escasos puntos porcentuales que puede alcanzar en la elección no justifican tal incumplimiento. Quizá, según sus cálculos, sí lo justifica servir de peón en el ajedrez electoral para prestarse a estrategias de terceros y quitar votos a otro o a otros candidatos.

Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya están en la boleta postulados por sendas coaliciones; y Margarita Zavala por casi un millón de respaldos ciudadanos, y ahora, según una reciente encuesta de Parametría, con 13 por ciento de la intención de voto. El quinto candidato está con ellos por decisión de cuatro ciudadanos que por su investidura pudieron apuntarlo directamente en la boleta.

La solidez y credibilidad de las instituciones electorales es indispensable cuando está en marcha el proceso y se avecinan las elecciones más copiosas de nuestra historia, lo que requiere que árbitro y juzgador sean y se perciban firmes, congruentes, autónomos, justos y confiables; cualidades que son consustanciales a la conducción del proceso y a la impartición de justicia.

Tienen 75 días para dejar de confrontarse y desgastarse mutuamente, optimizar su desempeño y generar la imprescindible confianza que brinde un marco de certidumbre a la elección y, en su caso, a los días posteriores.

Las campañas 2018, en las que participan al menos 12 mil candidatos en busca de más de tres mil cargos, pueden representar, según la orientación de sus contenidos y formas, un avance en la calidad de nuestra democracia o un eventual retroceso.

David Van Reybrouck, prestigiado analista belga, sostiene que si bien “la política siempre ha sido el arte de lo factible, en la actualidad es el arte de lo microscópico”.

En este mismo sentido, el autor cita un estudio del Parlamento neerlandés que alude al “creciente incidentalismo de la política”.

En efecto, el incidente tiene enorme presencia en la política de hoy, lo que se acentúa en las campañas electorales.

Ahora los equipos de campaña definen como prioritario responder de inmediato a lo que dijeron otros; o bien, aclarar, reforzar o matizar lo que uno mismo dijo hace una hora o dos minutos.

Es tal la demanda de medios y sociedad respecto al “tema del día” (también hay “temas de mediodía” o de unas horas), que los candidatos y sus equipos dedican gran parte de su esfuerzo a participar en el incidente del momento.

Y como los trending topic van de prisa, a cada instante hay que pronunciarse respecto de la cuestión que flota en el ambiente, los medios y las redes, lo que, incluso, pude ir en detrimento de lo programado en la campaña.

Si es condición de los tiempos, ya verá cada candidato cómo resuelve este desafío; tan real o tan ficticio como a cada quien le parezca.

Estar presente en la vertiginosa sucesión de incidentes requiere habilidad verbal, mediática y digital, todo lo cual es valioso en campaña, pero puede producir un efecto contrario al interés de la sociedad, al posponer, minimizar o incluso desaparecer de la agenda electoral lo verdaderamente importante.

Para nuestra democracia, y en un sentido más amplio, para nuestra política, será muy importante que José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel Lopez Obrador y Margarita Zavala sean capaces de hacer prevalecer los temas trascendentes para la vida de 120 millones de mexicanos.

Es indispensable que los asuntos torales se aborden con claridad, desde el diagnóstico hasta la propuesta de solución.

Los temas de fondo tal vez no sean tan atractivos como los incidentales, pero no hay duda, por ejemplo, de que la atención a la pobreza es del interés de todos los mexicanos, especialmente de los más de cincuenta millones que viven en esa condición. Qué hacer, cómo, con cuánto y de dónde.

Lo mismo sucede con la seguridad pública, el empleo, el crecimiento, la seguridad social, la justicia, el Estado de Derecho, la igualdad de género, los derechos humanos…

Esperemos que los candidatos se coloquen por encima de debates incidentales o coyunturales para que conozcamos lo que ofrecen a un México urgido de compromisos y expectativas viables.

La responsabilidad es de todos: tenemos que lograr poner lo trascendental por encima de lo incidental.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano toral en el marco jurídico e institucional, con el que ahora contamos para fortalecer nuestra democracia en materia de ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, y es la única instancia que participa en los sistemas fundamentales de anticorrupción. fiscalización y transparencia.

Por ello, la elección de su titular constituye un acontecimiento relevante, tanto por la importancia de esta responsabilidad como por la calidad del proceso llevado a cabo desde la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia de la ASF hasta su votación final en el pleno.

Luego de efectuar el registro de 42 aspirantes, la Comisión eligió por unanimidad una terna de profesionales probados y con experiencia: David Rogelio Colmenares, Salim Arturo Orcí y Ángel Trinidad Zaldívar, terna que el pasado jueves fue puesta a la consideración del pleno, cuyo resultado fue la elección del primero.

A este ejercicio democrático y de transparencia contribuyó el Canal del Congreso con la transmisión de las entrevistas a todos los candidatos y de la votación final.

Tenemos auditor. De ello resultan beneficiadas la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y, en consecuencia, la población y la institucionalidad.

Como se hizo notar durante las entrevistas con la Comisión de Vigilancia, especialmente las de los tres candidatos finalistas, la complejidad y magnitud de la fiscalización es enorme: mediante el gasto público, que es el principal instrumento de política económica, se proporcionan bienes y servicios a 120 millones de mexicanas y mexicanos, 53 millones en pobreza y 9 millones en pobreza extrema; sus destinatarios están dispersos en 190 mil localidades, de las que sólo 36 son mayores de 500 mil habitantes y 186 mil tienen menos de 2 mil 500.

En 2016 el gasto federal ascendió a 5 billones 400 mil pesos. Hay en México alrededor de 5 millones de servidores públicos, de los cuales cientos de miles participan en la administración de recursos en los tres órdenes de gobierno.

Las diversas instancias responsables de la fiscalización, entre federales y estatales, realizan cada año aproximadamente seis mil auditorías sólo de gasto federalizado.

Las recientes reformas constitucionales y legales ampliaron las facultades de la ASF, que cuenta con un presupuesto de dos mil 700 millones de pesos, de tal forma que ahora puede revisar el gasto en tiempo real, así como ejercicios anteriores, auditar las participaciones pagadas a los estados y revisar la deuda pública estatal, su destino y ejecución. Prácticamente la totalidad del gasto estatal y municipal forma parte del universo auditable.

Muchos son los retos que enfrenta su nuevo titular, David Rogelio Colmenares, y sus tres mil colaboradores, entre otros, consolidar la calidad del trabajo de la ASF y su autoridad moral, impulsar el enfoque preventivo y la participación de la sociedad civil, fortalecer las auditorías de desempeño, el Servicio Fiscal de Carrera y las áreas de seguimiento, y abatir los rezagos, así como establecer criterios y protocolos claros que aseguren la verticalidad de su actuación y den solidez institucional a su desempeño.

La gran tarea de la ASF es contribuir de manera decisiva a dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia de coordinación diseñada para integrar los esfuerzos de las diferencias instituciones que la integran, incluida la participación de la sociedad civil.

Por el bien del país, que su desempeño sea exitoso.

(*) Los datos de este artículo fueron tomados de lo expuesto por los candidatos finalistas (David Colmenares, Salim Orcí y Ángel Trinidad) durante las entrevistas con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.