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En la violencia contra las mujeres, la indiferencia también mata

Si uno agrede a una mujer y el resto pasa de largo, la violencia se transforma en pirotecnia mortal, espectáculo avivado por la apatía o el miedo, lo que nos convierte en cómplices silenciosamente confesos de lo que retóricamente condenamos.

Considerando las cifras de los últimos diez años, en México se priva de la vida a una mujer cada cuatro horas. Esta dinámica de muerte nos atañe a todos y a todos debería avergonzarnos.

De acuerdo con datos recientes del Inegi, de 2007 a 2016 han sido victimizadas 22 mil 482 mujeres.

Mientras que a la mayoría de los hombres se le agrede con arma de fuego, en los homicidios de mujeres hay una evidente prevalencia de muerte infligida con dolor y cobardía: un alto porcentaje de las víctimas fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas y apuñaladas. La huella de la fuerza física que subraya la lucha ventajosa y asesina.

La tendencia es creciente: las investigaciones abiertas por el homicidio de una mujer pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, un incremento de 152 por ciento.

Si ya en la administración federal anterior la cifra era mayúscula, 12 mil 308 homicidios, en los primeros cuatro años han sido victimizadas 10 mil 174, lo que implica que, frente a nuestra parálisis, hacia finales de 2018 el número podría llegar a 15 mil.

Según el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de cada 12 mujeres asesinadas cada día en esta región, siete mueren en México.
Las víctimas van desde recién nacidas hasta mujeres de la tercera edad, si bien un tercio corresponde a jóvenes de entre 20 y 30 años.

Catalina Ruiz Navarro, coconductora de Estereotipos, proyecto especializado en violencia de género, sostiene que “para lograr que disminuya la violencia contra la mujer tiene que existir un cambio cultural. No acabas la violencia a punta de leyes, porque éstas no aplican si la cultura no las respalda”.

Existe, en efecto, un entorno de discriminación y desvalorización de la mujer en México. No hay ámbito en el que este entorno no se manifieste.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, reporta que 66 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna vez agresiones de tipo sexual, físico, laboral y emocional, y de ellas 88 por ciento no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

En la escuela las agresiones son de índole sexual, psicológica y física, perpetradas por compañeros y maestros. 12 de cada 100 mujeres preparatorianas sufrieron acoso, abuso, hostigamiento o intimidación sexual.

En el trabajo, 27 por ciento de las mujeres ha experimentado un acto violento de tipo sexual y de discriminación por razón de género o de embarazo, en tanto que la violencia comunitaria ha afectado a cuatro de cada 10 mujeres.

Si a ello agregamos que tres de cada 10 víctimas son asesinadas en su vivienda, es inevitable concluir que no hay un solo espacio seguro para ellas.

Los maltratadores y asesinos son culpables y no hay forma de excusarlos. Tampoco la hay de eximir a los aplaudidores de esta violencia. Pero en el siguiente círculo estamos todos.
La indiferencia también golpea y mata.

Asumirlo es imprescindible para ganarle la batalla al abominable flagelo de la violencia contra las mujeres.

México y la amenaza transnacional, vía redes sociales, en las elecciones

A ningún novelista de ciencia ficción o del futuro se le ocurrió un argumento tan aventurado: que Rusia impusiera un presidente de Estados Unidos.

Estamos lejos de semejante afirmación, pero hay tanta evidencia de la intromisión rusa en las pasadas elecciones estadounidenses, que al parecer lo único que falta por determinar es la magnitud de la intrusión y el peso de su incidencia.

A través de las redes sociales, los cibernautas rusos se entremetieron en una conversación ajena. Ciudadanos inexistentes, con perfiles inventados y fotografías robadas de aquí y de allá, denostaron a Hillary Clinton, distribuyeron masivamente información, en su mayor parte falsa, y se pusieron a discutir sobre temas controvertidos.

Hay huellas rusas en cientos de miles de cuentas de Twitter y Facebook, empresas que durante las campañas y después de ellas han estado eliminando las que identifican como falsas. Los rusos sabían que estas cuentas se detectarían y suprimirían, pero también que cuando eso empezara a ocurrir ya habrían conseguido su objetivo. Las compañías creadoras y operadoras de las redes sociales no estaban preparadas para tan descomunal tarea: ¿cómo detectar cuentas falsas con oportunidad entre 348 millones de usuarios de Twitter y dos mil millones de cuentas de Facebook?

Esta última firma calcula que del contenido relacionado con las campañas sólo una décima parte del uno por ciento es apócrifo, lo que implicaría una mínima influencia, y por lo tanto no significativa, de los piratas informáticos rusos en el proceso electoral. No obstante, consciente de que este fenómeno puede crecer, se ha comprometido a investigar qué fue lo que sucedió y a buscar la forma de evitarlo en el futuro.

Rusia, por su parte, da por hecho que Estados Unidos intentará intervenir en las elecciones presidenciales del país euroasiático en 2018. Como la declaración es oficial, se trata de una aceptación explícita o tácita de que eso se vale y que así será de ahora en adelante.

En 2018, en un ambiente que promete ser sumamente álgido y complicado, México también estará en el maremágnum propio de los procesos electorales con la elección de más de tres mil cargos de elección popular, entre los que destacan: la Presidencia de la República, 8 gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, legisladores federales y locales, así como presidentes municipales.

Habrá que estar atentos a la eventual injerencia de otros países vía redes sociales, quizá con la misma estrategia que siguió Rusia en Estados Unidos: la incorporación y distribución de mensajes socialmente divisivos, sobre todo en los temas más controvertidos y sensibles para la población.

Estamos en presencia de un complejo desafío: personas inexistentes pueden generar emociones, divisiones y rencores en personas reales. Y además pueden utilizarlas, capitalizando su ingenuidad o su miedo, como eficaces difusores de mentiras, calumnias y falsos debates.

Sabíamos que los recursos de Internet podían ser susceptibles de manipularse con propósitos políticos, pero no estábamos conscientes de que podría hacerse de manera transnacional.

Es una posibilidad, pero de probable realización, porque es evidente que las elecciones nacionales, al menos potencialmente, han dejado de ser nacionales. ¿Usted cree que nuestras instituciones estén listas para este desafío?

11 de octubre, Día Internacional de la Niña

El próximo 11 de octubre, como desde hace cinco años por disposición de la ONU, se conmemorará el Día Internacional de la Niña. Enhorabuena que se dedique una fecha para difundir los derechos de las niñas y los riesgos que afrontan, así como para impulsar políticas públicas en su beneficio.

No es sólo que lo merezcan, es que, desafortunadamente, lo necesitan. Las condiciones adversas en las que viven su infancia millones de ellas y los crecientes delitos que se cometen en su contra hacen imprescindible que la sociedad entera asuma su responsabilidad por el bienestar, la protección y el desarrollo de las niñas, uno de los grupos más frágiles y vulnerables, especialmente en algunos países.

Según estimaciones de la ONU, las mujeres menores de 16 años son víctimas de la mitad de las agresiones sexuales; y cada siete segundos una niña menor de 15 años es obligada a casarse en algún lugar del mundo. ¿Y cómo puede ser que la pornografía infantil sea uno de los negocios más lucrativos con ganancias que se estiman en siete mil millones de dólares anuales?

Lamentablemente en México la violencia sexual sigue una tendencia al alza: de 2015 a 2016 se registró un incremento de nueve por ciento (de 27 mil a 30 mil denuncias) y al parecer en 2017 el aumento volverá a ser similar.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2006 y 2014 se registraron 25 mil 821 personas desaparecidas, de las que 30 por ciento corresponde a menores de edad y, de éste, 80 por ciento a niñas.

La OCDE afirma que entre sus países miembros, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, en tanto que un informe del Senado establece que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil y la Policía Federal señala que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de Internet ocupa el tercer lugar en los delitos cibernéticos.

Estos datos y la frecuencia con la que los medios dan cuenta de abusos sexuales y homicidios en contra de niñas/adolescentes son sobradamente suficientes para que su protección tenga carácter de urgente. ¿O qué debe ocurrir para que sociedad y gobierno extremen sus esfuerzos en este sentido?

La conmemoración del 11 de octubre debe significarse por impulsar un relanzamiento de políticas públicas para proteger a las niñas, asegurar su bienestar y desarrollo y acabar con la impunidad de quienes las agreden.

Es inaplazable llevar a cabo la homogenización del marco legal respectivo en todo el país y armonizarlo con los tratados internacionales que México ha ratificado con relación a los derechos de la infancia, trabajo infantil, prostitución infantil, utilización de niñas y niños en pornografía, y trata de personas, porque la actual disparidad normativa es caótica y obstáculo para la procuración y administración de justicia.

Cada vez está más cerca el año 2030 y parece lejano todavía el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aspiran a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. No puede ser lento el avance cuando el delito va de prisa.

Sismos: la solidaridad, lo reprobable y lo que falta

CAUSAS Y AZARES.

Con la ropa, la cara y las manos llenas de tierra, polvo de escombros de lo que apenas unos minutos antes era un edificio, el adolescente subía y bajaba la montaña de ladrillos, varillas y vidrios, alejaba a un niño del peligro y preguntaba a una mujer atónita qué necesitaba. El joven casi niño era el rostro del México que sabe ser solidario y generoso aun a costa de sus propios miedos, riesgos y carencias

Ese México, que despertó el 8 de septiembre con enormes daños en múltiples comunidades de Chiapas y Oaxaca, volvió a resentir los efectos sísmicos el 19 de septiembre (fecha que de aniversario se convirtió en nuevo desafío) en la Ciudad de México y en los estados de Morelos y Puebla.

Ese día y los siguientes, miles de jóvenes se apartaron de sus anhelos y quehaceres y se hicieron presentes en calles y plazas, al pie de los derrumbes, haciendo lo que sentían debían hacer: dejar a un lado su propio miedo para ayudar a salvar vidas, mitigar el dolor y atender las necesidades de otros.

La mayoría de ellos no había nacido en 1985, pero en el caudal de sus emociones llevaba la experiencia de la generación anterior y de igual, y acaso más consciente, espíritu solidario.

No sólo ellos, sino la sociedad entera, personas de todas las edades y de las más diversas condiciones se volcaron a las calles y a los sitios donde se requería ayuda.

Esta vez no hubo lapso de pasmo oficial. Las instituciones respondieron con prontitud y, brazo con brazo con la sociedad civil, militares, marinos, bomberos, policías municipales, estatales y federales e integrantes de los cuerpos de protección civil realizaron un trabajo continuo para rescatar sobrevivientes y, tan lamentable como indispensable, cientos de cuerpos sin vida.

Al prestar estos servicios, dotados de conmovedora emoción social, tanto voluntarios como agentes del Estado arriesgaban y arriesgan su integridad física e incluso su vida. En el extremo del desprendimiento, ni siquiera la posibilidad de morir pone límite a la solidaridad.

En contrataste, en medio de la multitud heroica surgieron algunos saqueos, el oportunismo inaceptable de quienes incluso en la catástrofe pretenden obtener ventaja criminal, así como expresiones de un humor condenable que difunde mentiras con reprobables propósitos e incomprensibles regocijos interiores.

Hubo otras formas de lucro, pequeñas como sus protagonistas: la selfie del que quiere estar un instante entre las ruinas para distribuir su presunción en las redes sociales. Algunos incluso colocaron su nombre junto a la imagen para inmortalizar su solidaridad vacía.

Con todo, fueron muy superiores la buena voluntad y el vigor incansable de las mexicanas y los mexicanos, así como de personas de otras nacionalidades que, más allá de fronteras y de orígenes, dieron ejemplo de que la solidaridad humana puede alcanzar admirables alturas de fraternidad.

Miles de casas, edificios y monumentos se encuentran en riesgo de ser inhabitables o de desplomarse en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México, y de dejar a familias sin hogar, alumnos sin escuela, hospitales sin servicio, poblaciones sin iglesias, historia sin emblemas.

Algunos inmuebles han sido derribados por la magnitud de los sismos, pero otros fueron condenados a la destrucción por la ligereza o la corrupción de servidores públicos y constructores. En los casos en que así quede acreditado, habrán de imponerse las sanciones que la ley prevea.

La experiencia de hace más de tres décadas nos recuerda que la odisea apenas ha comenzado.

Ahora, entre el duelo por nuestras hermanas y hermanos que perdieron la vida y a la par de nuestra solidaridad con sus familias, está en marcha el recuento de los daños y la necesidad de planear la reconstrucción, su financiamiento y sus prioridades, lo que incluye la demolición controlada de los inmuebles sin remedio.

Muchas familias tendrán necesidades que es indispensable atender. A diferencia de 1985, cuando creímos que por recuperar la normalidad en muchos ámbitos la tragedia había sido superada, debemos recordar a esas personas y familias que han quedado sin hogar, renovar nuestro apoyo y seguir atentos a los requerimientos siguientes.

Suele pasar que en el primer momento nuestra solidaridad emerge porque el drama es visible, y sin embargo, al paso del tiempo, cuando los efectos son menos evidentes, nos vamos olvidando de quienes aún necesitan apoyo para restablecer sus vidas.

Los meses por venir serán determinantes para el verdadero éxito de la tarea colectiva. Reunamos fuerza y compromiso.

Septiembre: unidad frente a cohetones

 

El proceso electoral es un escenario que pone a prueba nuestra madurez política y la solidez de nuestra democracia; tenemos que ser capaces de competir sin destruir.

Septiembre es el mes emblemático de la historia de México. Septiembre se engalana con los colores de la bandera desde la plaza de la capital de la República hasta del más modesto poblado. Se iluminan las catedrales y los palacios de gobierno. Luces y papelillos adornan ventanas y balcones. Septiembre toma los colores de la patria y se viste de bandera. En el símbolo cabemos todos.

En septiembre de este año un cohetón lanzado por integrantes de la CNTE perforó una mica de la parte baje de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba a reporteros que acompañaban al presidente Enrique Peña Nieto en una gira por Oaxaca.

El vocero de la organización sindical defendió la agresión con el argumento de que se trataba de desprestigiar la visita del mandatario y que, en todo caso, el cohetón no tenía capacidad para dañar la aeronave.

Así, hizo del ataque una confesión y de la irresponsabilidad una razón.

El mundo vive momentos difíciles. Se dirá que como siempre, pero el hoy es el que nos corresponde. El cambio climático provoca fenómenos que imponen marcas indeseables; el líder norcoreano lanza misiles como divertimiento; seguimos sin darle cauce sensato a la migración y acumulamos tragedias familiares en mares y desiertos; el crimen común amplía su crueldad y descaro, y el organizado amenaza Estados; la xenofobia y el racismo adquieren nuevo brío, mientras el terrorismo simplifica y amplifica su capacidad mortal.

México, afectado en mayor o menor medida por esas amenazas, se sostiene como una patria firme y, aunque padece algunas de las plagas de nuestro tiempo, es un país vivible y con futuro.

Esta viabilidad y fortaleza es obra nuestra, como también lo es aquello en lo que nos equivocamos y que pone en riesgo la herencia que hemos recibido y el legado que dejaremos.

Hay cohetones que no perforan helicópteros, pero que socaban nuestra convivencia. Tenemos que desterrar la pobreza, la violencia, la corrupción, la impunidad, los pequeños y grandes abusos, los absurdos crímenes contra mujeres. Y tenemos que evitar la división.

El proceso electoral que ha comenzado es un escenario que pone a prueba nuestra madurez política y la solidez de nuestra democracia.

Tenemos que ser capaces de competir sin destruir, defender nuestras ideas sin agredir las ajenas, debatir sin descalificar, dialogar sin imponer silencio, arengar sin odio, participar sin exclusiones.

El periodo electoral puede ser intenso y hasta alcanzar alto volumen, pero ello no implica dividir ni polarizar.

Ya enfrentamos bastantes desafíos internos y ya el mundo se encarga por su cuenta de proyectarnos sus sombras.

Frente a todo ello está lo que sí podemos hacer por nuestra parte. Más que agobiarnos por lo que no podemos controlar, hay que hacernos responsables de lo que sí está en nuestras manos.

Lo primero que debemos vencer es lo que amenaza la unidad del país. Unidos, podemos discutir y competir. Y perder o ganar sin destruir. Para que todos los meses se vistan del color de la armonía y septiembre siga vistiéndose de patria.

¿Actuará Trump frente a dreamers como presidente o sheriff?

Alrededor de 800 mil jóvenes migrantes que estudian o trabajan en Estados Unidos se enfrentan a la incertidumbre de si mañana el presidente Donald Trump suspenderá la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dictada por Obama y que les permitió salir de las sombras y transformar sus vidas.

En sólo cinco años se han constituido en una fuerza de trabajo tal que 350 empresas, muchas de ellas emblemáticas de la Unión Americana, calculan que al menos 72 por ciento de las 25 mejores empresas de Fortune 500 cuenta con beneficiarios de DACA entre sus empleados.

Este relevante grupo de empresas advirtió a Trump en una carta que, de cancelarse DACA, se perderían 460 mil millones del PIB nacional y 24 mil millones en contribuciones al Seguro Social y Medicare.

El tema estaba en la agenda de Trump, pero 10 fiscales estatales le dieron carácter de urgencia al exigir al fiscal general anular DACA, para lo que le dieron hasta el 5 de septiembre. De no hacerlo, dijeron, demandarían al gobierno federal en la misma instancia en la que pudieron frenar otro programa de Obama que beneficiaba a los padres sin documentos que tuvieran hijos estadounidenses.

De acuerdo con la Casa Blanca, será mañana cuando Trump anuncie su determinación
de suspender o no DACA. Entre los escenarios posibles están: 1) Que Trump decida no tocar DACA; 2) que anuncie su conclusión inmediata; 3) que establezca que los permisos de trabajo que vayan expirando no podrán ser renovados; 4) que deje que los fiscales antidreamers entablen la demanda y la ganen y el programa quede cancelado por orden judicial.

De suspenderse DACA, cabría plantearse la posibilidad de que la Oficina de Inmigración y Aduanas inicie un proceso para pedir a la de Ciudadanía y Servicios de Inmigración “todos los archivos de los protegidos por el programa”.

Esta indeseable acción iría en contra de la promesa que hizo en su momento el gobierno de EU en el sentido de que nunca utilizaría esa información para expulsarlos.

Pero Trump ha hecho trizas muchos de los compromisos asumidos por sus antecesores.

Mañana el presidente estadounidense tiene la oportunidad de hacer historia. O permite el curso de la justicia social o dicta una sentencia en contra de cientos de miles de vidas y del propio interés económico de EU.

Por su parte, los empresarios defensores de los dreamers fueron más allá de demandar la continuidad de DACA y exigieron una legislación “que provea a estos jóvenes la solución permanente que merecen”.

Todo apuntaría a que mañana Trump dé una muestra de sensatez, así sea por presión social, y acuerde que DACA permanezca. Pero es Trump, y a veces pareciera que, más que presidente, le gustaría ser recordado, al igual que su admirado y perdonado Arpaio, como el más sheriff más duro de Estados Unidos.

Libertad amenazada

Héctor de Mauleón suele poner orden al caos.

Si el periodismo tiene como funciones esenciales las de informar y opinar, hay trabajos periodísticos que agregan otras aportaciones de valor social, como poner orden en el cúmulo de informaciones que saltan por todas partes y que a veces nos hacen sentir que no hay entendimiento posible.

Con su labor diaria, Héctor estructura porciones de la realidad, la que contextualiza y explica siempre con datos duros y enfoques pertinentes.

Su trabajo proporciona tal cantidad de elementos de información y análisis, que se convierte en denuncia y, eventualmente, en fuerza transformadora de la conciencia de la sociedad y del desempeño de la autoridad.

La suya es una voz de enorme valor en el concierto de la información pública y del debate nacional, especialmente en materia de seguridad, o de inseguridad, si se quiere, ámbito complejo por definición porque en él se dan cita, como amago o como acción consumada, el delito, el crimen, la violencia.

La irracionalidad de la violencia ha amenazado de nueva cuenta a Héctor de Mauleón, tal como lo ha hecho en otras ocasiones por su ejercicio periodístico, particularmente en casos que tienen como escenario la Ciudad de México.

Frente a estas amenazas sólo proceden la indignación y la solidaridad, así como la exigencia a las autoridades de poner un alto a este intento de intimidación y de riesgo potencial, para quien realiza un trabajo honesto y valioso sobre temas que deben ser expuestos.

En un marco más amplio, todas las voces que hacen circular hechos y opiniones nutren la diversidad de expresiones, percepciones e ideas respecto de nuestra realidad y de cómo mejorarla.

A pesar de los matices que cada quien apunte, en México gozamos de una pluralidad de contenidos informativos y de opinión, que hay que conservar y fortalecer.

Los más de 120 periodistas desaparecidos o privados de la vida en los últimos años, así como cientos que han padecido alguna forma de censura violenta y represión, dan una idea del riesgo que hoy implica ejercer el periodismo en México, sobre todo en lugares en donde la vulnerabilidad del informador es más acentuada.

Tal como lo expresó Héctor de Mauleón al recibir la Medalla al Mérito en Artes 2016, “no hay que olvidar la soledad en que se encuentran los periodistas en México”; si no hay un alto a la impunidad, dijo también, “el horror en contra de la actividad periodística no se va a detener”.

El combate a la impunidad es una de las claves para frenar las agresiones a periodistas, como también lo es todo cuanto pueda hacerse para prevenirlos e impedirlos.

Las amenazas deben investigarse porque son por sí mismas un delito, porque pretenden someter la libertad y porque en algunos casos pueden ser adelanto de ataques a la integridad física.

En casos como éste, e infortunadamente hay muchos, no caben solidaridades de grupo o selectivas. Los periodistas, los defensores de derechos humanos y organizaciones diversas de la sociedad civil pueden constituir una gran fuerza para condenar y contener todo intento de intimidación.

A la autoridad corresponde ofrecer las garantías para el ejercicio del periodismo, cuya relevancia social consiste en que se ejerce en función de los demás, de la inmensa mayoría de la sociedad que no podría conocer por sí misma la hondura de sus circunstancias, riesgos y oportunidades, sin el constante fluir de noticias y puntos de vista.

El periodismo no requiere de privilegios respecto de otros oficios o profesiones, pero sí condiciones que aseguren su ejercicio, ciertamente una más de las manifestaciones, pero fundamental, de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Migración: la hipocresía también mata

Donald Trump sigue en lo suyo: impulsa en el Congreso una iniciativa para dificultar el acceso a visas de trabajo y a la vez empuja la aprobación en el Senado de los mil 600 millones de dólares que solicitó para iniciar la construcción de su muro.

Trump cree que está innovando. Pero es historia conocida: Más vigilancia en la frontera y menos visas de trabajo siempre han dado como resultado la muerte de migrantes y el enriquecimiento de traficantes. Según datos de la Cancillería, por ejemplo, los fallecimientos de mexicanos en la frontera aumentaron en 90 por ciento entre 2015 y 2016, al pasar de 166 a 316.

La más notoria tragedia reciente fue el fallecimiento de 10 personas en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, cuyo alcalde, Ron Nirenberg, dijo que este suceso “arroja luz sobre el drama de los migrantes”.

Es cierto, pero de esa luz ya no podemos esperar nada, y menos que sirva para que nunca más vuelva a ocurrir algo semejante. En todo caso, se trata de un destello que atraerá la atención durante unos días para luego desvanecerse sin que nada cambie.

Nada cambió, por ejemplo, cuando en 2006 murieron asfixiados 19 de los 55 inmigrantes atrapados en un remolque abandonado en Victoria, Texas, ni tampoco después de que en octubre de 2016 fallecieron cinco de los 50 migrantes que eran transportados en un camión, en el municipio de Tres Valles, Veracruz.

Hechos similares se registran al menos 10 por año, afortunadamente la mayoría sin víctimas mortales. Por ejemplo, en junio y julio de 2017 se supo al menos de tres casos con un total de 228 migrantes rescatados de condiciones de riesgo en vehículos inapropiados.

Y, desde luego, ha habido más muertes y rescates después de la tragedia.

A diferencia del migrante Johnny Serna Ramírez, quien despertó después de más de 48 horas de estar inconsciente a causa de la deshidratación y la intoxicación que sufrió dentro de un tráiler, nosotros, centroamericanos y mexicanos, aún no hemos despertado de una larga pesadilla de más de 15 años de drama migratorio.

Miles de fallecimientos en la franja fronteriza no han sido suficientes para que se entienda que ni la necesidad de trabajo de los migrantes ni la necesidad de trabajadores por parte de Estados Unidos son invenciones. Ambas existen y podrían coexistir en un ambiente racional de complementariedad y colaboración.

En lugar de ello nos hemos dedicado a fortalecer y enriquecer las redes criminales de traficantes que capitalizan las políticas restrictivas, elevan las tarifas y ponen en peligro miles de vidas, las dejan a la deriva o las someten a infames delitos como el secuestro y la trata de personas.

Pero si las deseables políticas de humanización de la migración no llegaron a ponerse en marcha cuando gobernaban en Estados Unidos presidentes proclives a impulsarlas, como George W. Bush y Barack Obama, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca esa ruta es sencillamente imposible.

No, no tendremos la suerte de Johnny Serna Ramírez, que pudo despertar de su pesadilla. Por el contrario, quizá nos encontramos en el momento más atroz del drama migratorio, exacerbado aquí por nuestros propios rezagos, y allá por la intolerancia y la hipocresía.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

 

Trump, el muro imposible y el aplauso fácil

Cuando el candidato Donald Trump quería oír aplausos de sus seguidores, hablaba de la construcción del muro entre México y Estados Unidos.

Como presidente sigue haciendo lo mismo, igual que el intérprete musical que sabe que cuando sus bonos bajan, puede rescatar ovaciones si canta su más sonado éxito. Fastidiado de la diferencia entre alardear y gobernar, dijo en un mitin en Iowa: “Tenemos que construir un muro, lo necesitamos. Tenemos que parar la droga”, sentenció, reforzando su idea expresada en Twitter: “México ocupa el segundo lugar más mortal del mundo, después sólo de Siria. El comercio de drogas es, en gran parte, la causa. ¡Vamos a construir el muro!”.

En sus hechos y dichos se puede apreciar:

1.- Que se siente más cómodo como candidato que como presidente. Por eso sigue organizándose mítines de apoyo, donde cualquier frase produce gritería y lo hace sentir profeta.

2.- Que su discurso del muro es un fin en sí mismo, no un medio. Ha cumplido cinco meses como presidente, el 10 por ciento de su mandato, y en lugar de dar cuenta de su avance sigue anunciándolo.

3.- Que su mitomanía es compulsiva. No es cierto que México sea el segundo país más mortal del mundo. La Cancillería mexicana le hizo notar que sólo en América Latina hay al menos cinco países con índice de homicidios notoriamente más altos que los de nuestro país.

4.- Que a falta de argumentos para ganar adeptos, ahora dice que el muro es para frenar la droga. Sabe que con él no detendrá el flujo de droga porque Estados Unidos es el gran mercado de estupefacientes, como lo han reconocido prominentes miembros de su gabinete.

5.- Y que la imposibilidad de contar con recursos, lo lleva a imaginar paneles solares a lo largo del muro, lo que entre otras cosas elevaría aún más el presupuesto requerido, de por sí altísimo.

Todo este espectáculo podría ser divertido, pero debemos tener presente que el muro, aun cuando sea sólo una quimera de Trump, es una propuesta grave e insultante.

Es grave porque a causa de los mil kilómetros de muro que hoy existen, han muerto más de 10 mil mexicanos en la franja fronteriza, al obligar a los flujos migratorios a incursionar en zonas inhóspitas y de alto riesgo. El muro, que hoy alcanza la tercera parte de la extensión de la frontera, ha propiciado que el crimen organizado se haya instalado como el gran traficante, secuestrador y pesadilla de migrantes, puesto que la dificultad de cruzar elevó las tarifas y atrajo el interés de grandes cárteles.

Y es además insultante, porque implica una separación entre países socios y sobre todo porque su razón de fondo es discriminatoria.

A Trump no le importan los migrantes ni la droga, y menos emprender programas para que EUA deje de ser el gran mercado de los narcotraficantes. Lo que le importa es su obsesión por el aplauso fácil de sus bases.

Así, quizá escuchemos al presidente estadounidense decir, durante todo su mandato, que construirá el muro y que nadie sabe construir mejores muros que él.

La afirmación es cierta. Lo ha demostrado aislando a su país del resto del mundo y cediendo a otros el liderazgo mundial que ejerció EUA durante décadas.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Valeria

La dolorosa y condenable muerte de Valeria, debe ser el límite de la creciente criminalidad en contra de las mujeres. Debemos hacer un gran esfuerzo para lograr que con este ignominioso episodio, los feminicidios hayan tocado fondo. Y empezar a revertir la tendencia ya, con sentido y compromiso de apremio.

Hace unos meses se cumplieron diez años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con todo y el avance que representa, no ha logrado frenar las más graves expresiones de violencia de género.

De acuerdo con cifras del Inegi, de 2000 a 2015 fueron asesinadas 28 mil 710 mujeres, lo que significa un promedio de cinco cada día. En los últimos tres años de ese periodo, el promedio diario fue de seis.

La ley de 2007 estableció la Alerta de Violencia de Género, descrita como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para atender y erradicar la violencia feminicida de un territorio determinado”.

Así pues, la Alerta de Género se declara, en aquellos municipios o estados donde la violencia, en contra de las mujeres, llega a ser alarmante.

Ahora hay siete alertas vigentes y hay 17 solicitudes más.

Voceras de organizaciones civiles afirman que el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, suele ser reticente para declarar la alerta.

Relatan que quien solicita esta declaración, debe probar que la violencia es sistémica, que ocurre en un contexto de impunidad y que se origina en conductas misóginas, entre otros requisitos.

El Sistema Nacional se ha negado en varios casos a declarar la alerta. Sus razones tendrá.

Pero, mientras tanto, la violencia en contra de mujeres aumenta su número de víctimas. Reprobable siempre, ahora se ensaña y llega a extremos de abuso y crueldad. Entre las formas de homicidio de mujeres, el mayor porcentaje corresponde a aquellas que sugieren la ventaja física del asesino: a las mujeres se les ahorca, ahoga, asfixia, se les golpea hasta causarles la muerte, se les acuchilla o se les produce traumatismo craneoencefálico. Y en más de 90 por ciento de los casos hay impunidad.

(El agresor de Valeria sabía que el papá de la niña iba tras la camioneta, que era muy probable que se le identificara y se le detuviera. Y aún así cometió su atrocidad. Una hipótesis es que su grado de locura era tal, que fue incapaz de prever tal consecuencia; otra, que sin locura de por medio, sino con absoluta frialdad, simplemente se sintiera seguro de que del otro lado de su delito lo esperaría la impunidad. Hoy sabemos que del otro lado lo esperó la muerte, quizá autoinfligida, quizá impuesta por un inaceptable vengador anónimo.)

En tanto se dan respuestas negativas a declarar la alerta de género, o bien se declara pero ello no implica medidas efectivas de prevención y procuración de justicia, la violencia sigue creciendo.

No se trata de juicios de valor sino de registros numéricos.

Estamos llenos de obstáculos que pueden llegar al absurdo: mientras se discute si se declara la alerta de género, una mujer es asesinada; mientras procuradores y jueces discurren si se trata de homicidio o feminicidio, el sospechoso sale libre; mientras se analiza si se declara la Alerta Amber para localizar a una menor de edad desaparecida, el criminal la ataca sexualmente y la asesina.

Tenemos que quitarnos los grilletes. Si fuera el caso, reformas legislativas, nuevos reglamentos, nuevos protocolos.

Pero no podemos permanecer inmóviles, cuando los hechos gritan que no estamos conteniendo la violencia en contra de las mujeres y que, por el contrario, está creciendo.

O atacamos de lleno este flagelo demencial o nuestra razón de ser como sociedad se hará pedazos.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Elecciones: destruir o construir futuro

Más allá de la jornada de ayer, los procesos electorales en cuatro estados del país dan motivos de reflexión acerca de nuestra democracia y, en particular, de los modelos de persuasión y convencimiento que se están poniendo en práctica para atraer la preferencia de los votantes.

Sobresale la tendencia, también manifiesta en otras partes del mundo pero no por ello menos lamentable, a denostar a los adversarios. Pareciera que más que destacar lo propio, ideas y compromisos, la fórmula de la victoria consiste en pulverizar al otro.

Es claro que una senda válida para hacerse de la simpatía de los electores es hacerles ver las deficiencias del adversario, sus contradicciones y sus errores, que, se supone, contrastan con las virtudes o aciertos propios, pero este recurso se desequilibra cuando el énfasis se pone en la ofensa e incluso en la injuria, de tal manera que el ambiente se enrarece al dar preponderancia al agravio en lugar de a la propuesta.

No es un fenómeno nuevo, desde luego, pero la reiteración, incluso la exacerbación de las acusaciones, marca una tendencia que es necesario contener y revertir.

Cuesta mucho, y los mexicanos lo sabemos, construir una democracia. La nuestra, con todo y sus deficiencias, es una democracia vigente y por lo tanto un valor de nuestra convivencia. Todo lo que hagamos para fortalecerla será en nuestro beneficio.

Para evitar su descarrilamiento es preciso realizar un esfuerzo consciente y constante.

La excesiva carga de contenidos negativos deja secuelas, entre ellas el hartazgo, porque hasta quienes más se divierten con la batalla campal de fango terminan por resentir una sensación de vacío y decadencia.

Puesto que todos los participantes quedan marcados con acusaciones, quien gana tiene un reducido margen de actuación para gobernar, en tanto que quien pierde difícilmente puede representar una oposición legítima.

Ello al margen de personas y partidos. Lo relevante es que si la contienda electoral es de lodo, de lodo será el escenario para gobernar, lo que aumenta el distanciamiento de los ciudadanos de la política. Tanta es la descalificación, que descalificada queda la política como instrumento de construcción de presente y porvenir.

Al parecer, la lucha por el voto nubla la visión de largo plazo y, en pos del corto plazo, se nubla el futuro.

Siempre será oportuno hacer un alto, reconsiderar las formas de contender y decidirse por mejores caminos, como el contraste de plataformas, ideas, compromisos y trayectorias. La lucha política en el marco de la democracia es la mejor vía para dirimir diferencias, ganar la confianza del electorado y asegurar transiciones pacíficas, que brinden certidumbre y estabilidad.

Ya vendrán otras elecciones y con ellas nuevas oportunidades. El futuro no se agota en el presente. El porvenir es mucho más extenso que un domingo de urnas.

La democracia nunca está segura ni su permanencia garantizada. Tienen que ser los actores políticos y la sociedad entera los que le den viabilidad y certeza.

En ello todos tenemos una responsabilidad. El país requiere madurez, ética y absoluta determinación para seguir viviendo en democracia, en la que se puede perder hoy y ganar mañana, y en la que es inadmisible que se destruya el mañana por la obsesión de ganar hoy.

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Mauricio Farah Twitter: @mfarahg

Los nómadas de la noche

Desde el principio Rubén Cortés establece un trasfondo implacable: “A cuatro generaciones de mi familia el gobierno de Fidel Castro les señaló dónde trabajar y qué estudiar, a cuál hospital ir, qué programas de televisión ver y qué emisiones de radio escuchar, qué libros leer, en qué clínica nacer, en cuál funeraria ser despedidos y en cuál cementerio ser enterrados.”

En Los nómadas de la noche, su libro más reciente, el director de La Razón expone, en ocasiones con la atmósfera melancólica de la literatura del exilio, su visión y sus recuerdos de la vida en Cuba durante las décadas en que imperó una sola voluntad.

Hechos y reflexiones remiten a preguntas básicas: ¿Es la libertad prenda complementaria, incluso prescindible, en pos de la igualdad? ¿O es aire indispensable, esencia de la vida?

¿Es libertad escribir lo que se quiera, pero dentro de la Revolución, porque “contra la Revolución nada”? ¿Qué grado de libertad tiene un pueblo al que se prohíben hasta los pregones callejeros?

¿Vale asegurar derechos sociales sin garantizar derechos humanos?

Asoma, asimismo, en la narrativa de Cortés, la contradicción entre los letreros que afirman “Somos felices aquí” y los tres millones de cubanas y cubanos que han preferido, pese a todos los riesgos, salir de la isla. “Somos felices aquí”, rezan las pancartas, pero el promedio anual de suicidios alcanza los dos mil, esto es, una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes.

Breve, intenso, el texto de Rubén Cortés parece ir de prisa, y el lector lo sigue, casi con una sensación de vértigo, por páginas testimoniales, a veces nostálgicas, a veces dolorosas. No es, sin embargo, un libro amargo: prevalecen el sentimiento, la emoción, el corolario insinuado, por encima de cualquier sesgo de resentimiento.

Con un oficio periodístico que le permite elegir los pasajes cargados de símbolos y contarlos con claridad y precisión, Rubén Cortés extrae también literatura de su experiencia como parte de una generación que nació prácticamente con la Revolución triunfante.

Según el autor, resultaba difícil que la suya y otras cinco generaciones “no se sintiesen perturbadas, atormentadas y no tuvieran una visión sombría si en 58 años las acosaron todas las decepciones, todos los traumas y jamás les preguntaron si querían votar para elegir a sus gobernantes, si estaban de acuerdo con que nada en un país pueda estar por encima de las decisiones de un líder único o si consideraban que la libertad es un valor que debe regir a una sociedad”.

A esas generaciones, dice Cortés, a las que no se les preguntó nada, se les debe todo.

Los nómadas de la noche es un viaje íntimo, y a la vez público, por sesenta años de una experiencia única, primero en la tierra misma y luego en el exilio, un camino hasta ahora sin retorno que incluye emociones propias y ajenas, todas cercanas, como la ventana a la que uno se aproxima para contemplar el atardecer.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

La victoria de Javier Valdez

Que nos maten a todos,
si es la condena por reportear este infierno

La pérdida del periodista Javier Valdez es enorme. Aun cuando los homicidas intelectuales y materiales sean identificados y sentenciados, lo que debe ocurrir, nada devolverá la vida al periodista; su familia y sus amigos padecerán un eterno vacío y nunca leeremos un nuevo texto suyo.

La sociedad sólo puede verse a sí misma en la libre circulación de informaciones y opiniones. Sin información de calidad, sin interpretaciones públicas, sin libertad, es imposible la conciencia de lo que se vive y es inviable la democracia. Javier Valdez lo sabía y por eso se empeñaba en saber y hacer saber. Su vocación, su tesón y su compromiso hacían inimaginable que renunciara a la profesión que fue ruta y destino de su vida, pero no le impedían saber el riesgo que corría. Sus múltiples testimonios revelan que estaba consciente de lo que podía pasarle y que asumía el eventual costo con valor y convicción, sin victimismos. Simplemente sabía que si seguía escribiendo, si seguía en busca de informaciones extraídas del submundo del delito, continuaría irritando a quienes se veían descubiertos con su trabajo.

Sabía, también, que el talante de los protagonistas de sus denuncias hacía probable que tal irritación desembocara violentamente en su contra.

A pesar de tanto riesgo consciente, lo suyo no era un suicidio lento, sino una lucha constante, una búsqueda con sentido, una batalla por la vida en contra de la muerte dolosa. Y, no obstante las evidencias de su valor, afirmaba que no se consideraba una persona valiente ni un héroe, sino alguien con dignidad. Dignidad, palabra inabarcable e imprescindible. Vivió intensamente porque su vida tenía un sentido. Le preocupaba la niñez mexicana, de la que llegó a decir: “tiene su ADN tatuado de balas, fusiles y sangre, y ésta es una forma de asesinar el mañana. Somos asesinos de nuestro futuro”.

Lamentaba también que el periodismo honesto, valiente, estuviera solo. Por eso, afirmaba, “si van contra nosotros no va a pasar nada”. A Javier lo asesinaron intereses necesariamente temporales, en tanto que su lucha tenía su raíz y aliento en la defensa de valores permanentes. Ésa es su victoria a pesar de que una primera lectura haga parecer que fue vencido por los agresores. Su victoria será socrática: “Es mejor padecer una injusticia que cometerla”, sostenía el filósofo hace 25 siglos. Si la fructífera vida y la injusta muerte de Javier nos hacen recordar este principio, por ésta y otras razones la semilla de su tarea será fértil en un mundo convulsionado, porque la frase invoca un razonamiento profundo: si se padece una injusticia, se duele la materia; si se comete, se violenta el valor de la justicia.

Más vale, pues, sufrir una injusticia en el cuerpo que tener el infortunio de actuar injustamente. Quería Javier quedarse hasta el final para apagar la luz. No pudo lograrlo porque antes voluntades asesinas intentaron apagar su luz. De los periodistas y de la sociedad entera depende que ese intento sea fallido. Desde ahora afirmo que lo fue. Tenemos que lograr que la muerte de Javier y de los otros periodistas privados de la vida no sea en vano.

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Twitter: @mfarahg

Palmarito y la Ley de Seguridad Interior

Los videos del 3 de mayo en Puebla constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa en la materia, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.

En los videos de la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, se aprecian una emboscada y dos homicidios.

Desde luego que aún no se cuenta con los dictámenes de las autoridades competentes sobre la autenticidad de los videos, la narrativa que presentan y el origen de sus imágenes.

Hasta ahora, lo que podemos ver son escenas que dan una idea de la violencia que enfrentan los cuerpos de seguridad del país y, en este caso concreto, los elementos del Ejército.

Se trata de una violencia mortal. Allí no hay avisos ni formalidades. Las balas no dialogan. Surgen los agresores y disparan. Los militares responden. Una emboscada se hace para tomar ventaja, para matar y salir ileso. Los presuntos hauchicoleros están allí para matar militares y los militares para impedir que esa región sea controlada por el crimen.

Los primeros están allí porque quieren; los segundos, porque son soldados. Los primeros pretenden conservar lo que suponen es su derecho a delinquir; los segundos, frenar a la delincuencia organizada; los primeros defienden su ilícito negocio, los segundos a la población, a usted y a mí incluidos.

Las escenas, como tantas otras semejantes, muestran los riesgos inherentes a la dura tarea de combatir a grupos criminales. Supongo que la sensación de estar allí, frente a delincuentes que han probado y reiterado su vocación homicida y su crueldad, es inimaginable para nosotros, ciudadanos comunes. Simplemente está fuera de nuestro alcance recrear lo que, por fortuna, no tenemos que vivir.

Militares y marinos tienen que hacerlo. Una y otra vez. Desde hace años. Y no por su gusto ni porque lo hayan pedido. A mí, que no tengo ni quiero tener la más remota vivencia de un combate, me parece que su trabajo es heroico y merece ser reconocido.

En los videos de Palmarito puede verse cómo un hombre que está en el suelo, bocabajo, aparentemente herido, recibe un disparo en la cabeza, presuntamente realizado por un militar. Si se confirma que así es, ese elemento del Ejército deberá enfrentar las consecuencias penales de su conducta. Es inaceptable que un agente del Estado, independientemente de la institución o corporación de la que forme parte, prive de la vida a una persona sometida. Ello contraviene principios fundamentales de los derechos humanos.

Esa acción corresponde a un militar y deberá ser castigada. Lo mismo que eventuales conductas similares. Ello no debe conducirnos, sin embargo, a condenar a todos los integrantes de las fuerzas armadas ni a éstas como tales. Tampoco debe confundirnos: los enemigos sociales son los delincuentes y, hasta ahora, son las fuerzas armadas las únicas que han sido capaces de hacerles frente.

Llama la atención la cantidad de voces que acusan al Ejército por este hecho, en contraste con las pocas que se refieren al asesinato por la espalda de un militar, lo que puede apreciarse en el mismo video.

Solo como un ejercicio reflexivo, imagine usted qué tanto se estaría diciendo ahora si, en lugar de un delincuente, hubiera sido un soldado quien dispara por la espalda a un presunto criminal. Habría una enorme cantidad de voces indignadas, con razón, por este hecho. Pero como fue un delincuente el que disparó y un militar el que cayó, no hay más que silencio. Normal.

Lo mismo habría ocurrido si un militar hubiera estado en el piso, indefenso, y un delincuente lo hubiera ejecutado. Normal. Ellos son los malos y tienen derecho a actuar así.

Insisto: si soldados u oficiales violentan derechos humanos deben ser sancionados. Las instituciones y sus integrantes deben desempeñarse en el marco de la ley. Pero esta aseveración no implica desconocer la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas armadas ni la violencia que se cierne sobre ellas; tampoco debe llevarnos a desconocer el papel que desempeñan ahora en defensa de nuestra muy lastimada paz. No podemos ser ingratos ni mezquinos con quienes defienden a la población de los criminales.

Por estas y otras razones es que debe legislarse sobre Seguridad Interior, lo que no significa impunidad para nadie sino seguridad jurídica para todos. Quienes hayan leído la iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales tendrán claro que en ella no hay una sola frase que implique privilegios ni fueros ni velos de impunidad para las fuerzas armadas.

Basta leer la iniciativa, y no a quienes escriben sobre ella sin haberla leído, para darse cuenta de que no existe en su texto nada que tenga que ver con la restricción o la suspensión de los derechos humanos. Por el contrario, éstos quedan expresamente a salvo en su artículo 9.

Los hechos de Palmarito constituyen un llamado impostergable para que se dictamine la iniciativa de seguridad interior, que han urgido no solo las fuerzas armadas, sino también los gobernadores, independientemente de su origen partidista.

Lo sucedido allí, que debe ser investigado para conocer la verdad de los hechos y para que los responsables sean sancionados, nos recuerda una vez más la holgura con la que actúan los criminales, en tanto que quienes los combaten en defensa de familias, comunidades y ciudades enteras ni siquiera cuentan con un marco legal que les brinde la más mínima seguridad jurídica, marco que a la vez garantizaría también la seguridad y los derechos humanos de la población.

Si se trata de ver por el país, seguramente estos lamentables hechos convocarán a todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos para pronunciarse en favor de una Ley de Seguridad Interior.

* Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg

 

Violencia e impunidad desafían al Estado

Sucesos de diversa índole dan cuenta de una violencia inaceptable, que debe ser frenada con acciones eficaces de prevención y aplicación de la ley, para impedir la impunidad.

La muestra es sólo de hechos recientes:

Ocho sujetos armados atacan a una familia en una carretera hacia la ciudad de Puebla. Los agresores privan de la vida a un niño de dos años y abusan sexualmente de dos mujeres. La cobardía del ataque revela el grado de descomposición al que puede llegarse, en un entorno de violencia que alienta al crimen y acosa a la población.

La sensación de poder e impunidad que presumen grupos delincuenciales, conduce al homicidio de tres choferes de transporte público a los que disparan a sangre fría en Ecatepec y Acolman. Los mensajes que dejan a un lado de sus víctimas no son para ellas, sino para quienes no quieren someterse a la extorsión, como intolerable amenaza de la ilegalidad sobre el esfuerzo honesto. La lógica es ofensiva e inadmisible: vivir del trabajo y de la muerte ajena.

En Reynosa, la disputa entre cárteles atrapa a la ciudad en balaceras, bloqueos, robos y ejecuciones, en un episodio más en los que la violencia impone la suspensión de actividades, la incertidumbre y el encierro de los habitantes en sus casas.

En Puebla, grupos de huachicoleros atacan dos veces unidades del Ejército y causan la muerte de cuatro militares. El franco desafío, durante el cual las Fuerzas Armadas abaten a seis delincuentes, revela el descaro sustentado en el poder económico y armado, que han alcanzado estos criminales, a los que el presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado frenar en las zonas del país, en las que roban a todos los mexicanos con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Los hechos mencionados no tienen relación directa entre sí, pero comparten un entorno enrarecido, que a su vez remite tanto al denominador común de la exaltación de la violencia, como al de la imaginable impunidad que suponen sus perpetradores.

El Estado debe estar por encima de ambas visiones absurdas: la violencia no es solución de nadie, ni siquiera de grupos criminales que basan en ella sus capacidades para delinquir; y la impunidad no debe ser recompensa de quienes agreden a personas y lastiman a la sociedad entera.

La aplicación de medidas preventivas, de la fuerza pública en su caso, y de la justicia en todos estos hechos, debe mostrar claramente que no hay margen para la cobardía asesina ni para el desafío a las instituciones de protección y seguridad pública.

Tenemos muchos retos en esta materia, pero más que abrumarnos y dejarnos llevar por la impresión de estar rebasados, los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno deben actuar con eficacia para poner freno, en el marco de la ley, a la creencia de los criminales de que pueden llegar tan lejos como quieran y de que serán absueltos por la impunidad.

En este terreno no hay espacio para la resignación o la indiferencia. La recuperación de la paz y el orden no es una opción, sino la única vía para este país, que merece y demanda seguridad y certeza.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Libertad de prensa bajo riesgo

Mentes críticas para tiempos críticos. Este es el lema que eligió la ONU para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La crítica es un derecho y, a la vez, una medida de la fortaleza de un régimen democrático. La crítica pone en tela de juicio hechos y palabras, alienta el derecho a dudar, contribuye a que el poder se mesure, rectifique o explique. La crítica es una expresión de libertad que genera debate, análisis, equilibrio, y que hace posible la vigencia del derecho a saber y, por lo tanto, del derecho a decidir.

A ello se debe que los regímenes totalitarios o con tendencias absolutistas prohíban la libre circulación de noticias o el ejercicio de la crítica, empeñados en imponer sólo el coro obediente a sus designios, ya sea en Somalia o en Eritrea, en Venezuela o en Corea del Norte. Sorprendentemente, ahora Estados Unidos también se apunta, en tanto que su presidente fustiga a la prensa con el tradicional discurso despótico, que descalifica abiertamente a los medios y veladamente los amenaza.

En México la libertad de prensa atraviesa por una de sus etapas más adversas, particularmente en las entidades federativas, donde políticos locales resuelven sus diferencias con los medios a través de amenazas o agresiones, en tanto que diversas organizaciones criminales controlan a la prensa o toman venganza contra periodistas que les resultan incómodos porque divulgan hechos, nombres o propósitos que la delincuencia quiere mantener ocultos.

Así, desde 2010 a la fecha han sido asesinados más de 100 periodistas, la mayoría de ellos en Veracruz (22), Chihuahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12) y Guerrero (10), de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.

Estos cinco estados concentran 70 por ciento de los homicidios, en tanto que Veracruz y Tamaulipas registran casi el 50 por ciento de los 23 casos de desaparición de periodistas.

Tan grave como las agresiones es la impunidad, pues sólo un ínfimo número de casos concluyen en sentencia, en tanto que el resto se quedan suspendidos en procesos que se alargan al infinito.

Si la amenaza o el crimen consumado permanecen en la impunidad, lo que sigue son más más amenazas y más crímenes, pues cada agresión, homicidio o desaparición no castigada es un aliento al siguiente acto de intimidación o represión.

En promedio, se ha cometido un homicidio contra periodistas cada dos meses en los últimos 17 años. Con retraso ya, pero es tiempo de poner freno a la solución violenta con la que actores políticos o miembros de la delincuencia organizada pretenden hacer callar a los medios.

La circulación de hechos y opiniones dota a la población de un conocimiento irremplazable. Sólo con informaciones y opiniones libres y plurales, una sociedad puede tomar mejores determinaciones, comprender su entorno y ratificar o rectificar su rumbo.

Sin información, la sociedad toma decisiones a ciegas o se resigna a no participar en ellas; sin información, la sociedad carece de libertad para reclamar o elegir.

Por ello, agredir a periodistas y obstaculizar el ir y venir de noticias, críticas y perspectivas, es atentar contra la libertad de prensa y contra el derecho a saber.

Por los periodistas privados de la vida, por los amenazados, los desplazados, los desaparecidos, por sus familias, por sus empresas de comunicación, por la sociedad entera y por la salud del régimen democrático, la prevención de agresiones, la procuración y la administración de justicia deben operar con eficacia.

Por la libertad de prensa y por las muchas libertades que se derivan de ella, debemos poner un alto a la barbarie de los delitos en contra de medios y periodistas mediante la prevención que salva vidas y libertades y mediante la sanción que castiga a culpables e inhibe la repetición del delito.

Estas y otras razones hacen indispensable que nuestras instituciones asuman la responsabilidad de garantizar la libertad de prensa.

Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.

T: @mfarahg

Niñez sin infancia y sin derechos

En México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 21.4 millones viven en pobreza, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A veces las cifras se leen de prisa. Por eso hay que repetir ésta, tan grave y tan reveladora de nuestro descuido: 21.4 millones. Un poco más de la mitad de las personas que viven en pobreza, alrededor de 40 millones, son menores de 17 años.

En el estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, publicado en 2016 y realizado en 2014, estos más de 21 millones de menores de 17 años carecen de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales, entre ellos, alimentación, educación, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda de calidad y servicios básicos.

De ellos, 4.6 millones viven en pobreza extrema, es decir, carecen de tres o más de estos derechos sociales.

Se ha avanzado, desde luego, pero evidentemente tenemos una enorme deuda con nuestra niñez y adolescencia.

De las niñas y los niños menores de un año, 27.5 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y 28.2 por ciento padece inseguridad alimentaria.

En la población indígena, la proporción de pobreza en menores de 17 años es aún más alta: casi 8 de cada 10 niñas y niños indígenas son pobres.

El informe Cómo va la vida, elaborado por la OCDE, señala que en México la mortalidad infantil es de 13.3 por ciento, la más elevada en los 35 países que la integran, en tanto que el índice de suicidios es de 7 por cada 100 mil habitantes.

En los territorios de esta selecta organización de países, cuya mayoría goza de buena calidad de vida, los niños y adolescentes pobres padecen altos índices de marginación, baja escolaridad y tendencia al suicidio.

La pobreza, en consecuencia, no es la única alerta: existen también focos rojos en materia de atención a la niñez que van de la exclusión al suicidio, a lo que en México se agregan otras alarmas, como la alta posibilidad de sean víctimas de la delincuencia e incluso que ésta los reclute.

La Red por los Derechos de la Infancia en México afirma que 2 mil menores han muerto como resultado de la lucha contra el crimen organizado, que tiene su vertiente más mortífera en la feroz batalla que libran entre sí múltiples grupos delincuenciales, sobre todo en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Veracruz.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta en Violencia, niñez y crimen organizado, reporte elaborado por su Relatoría especial de la niñez, que niños de 10 y 11 años, e incluso a edades más tempranas, son incorporados y puestos al servicio de organizaciones criminales.

El mismo documento recoge datos de organizaciones de la sociedad civil, que estiman que al menos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas del crimen organizado.

Los más pequeños hacen las veces de vigilantes, los más grandes son obligados a transportar droga, y a partir de los 16 años son utilizados como sicarios.

En ese escenario, que nos echa en cara nuestra indiferencia o nuestra incapacidad, caben también las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de trata y los migrantes centroamericanos menores de edad, que son secuestrados y reclutados en nuestros caminos.

Es cierto que la mitad de nuestra niñez y adolescencia vive en aceptables condiciones de bienestar y seguridad social, pero el mismo dato revela que la otra mitad, los otros 20 millones, requiere de nuestro empeño para rescatarlos de la pobreza y de otras condiciones adversas asociadas.

Algunos saldrán avante a pesar de las dificultades, pero otros permanecerán atrapados en el círculo intergeneracional de pobreza, en tanto que unos más podrán incluso perder su libertad y vivir esclavizados o inducidos al delito.

Tenemos que romper el círculo que perpetúa la pobreza. Es indispensable poner nuestro mayor empeño en que niñas, niños y adolescentes tengan vías reales de desarrollo a través de la educación, la salud y la adecuada alimentación.

Ellas y ellos deben contar con oportunidades para romper la dinámica inercial que hace que a una generación de personas en pobreza le siga otra, como si nacer en el seno de una familia de escasos recursos implicara el fatal destino de la vida precaria, la exclusión y la marginación, sin más derecho que el de heredar a la siguiente generación iguales condiciones.

Solalinde y los defensores de derechos humanos

Hace unos días el padre Alejandro Solalinde recibió una grave amenaza. A lo largo de los años ha padecido este acoso por su defensa de los migrantes indocumentados y por otras de sus causas en favor de grupos y personas vulnerables.

En 2012, por ejemplo, tuvo que suspender temporalmente sus actividades de defensa de los derechos humanos porque la Pastoral de la Movilidad Humana, la CNDH, Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales por la Paz le recomendaron alejarse del albergue debido a media docena de amenazas que por entonces había recibido.

Con cierto humor, Alejandro Solalinde llamó a esta suspensión “retirito táctico”, con lo que por una parte minimizaba la gravedad de las amenazas y por otra dejaba claro que no se iría.

Y no se fue, desde luego. Por el contrario, abrazó más causas, siempre en contra del crimen y del abuso de poder, y siempre en favor de las víctimas.

Como él, otras personas en México deciden, a veces por iniciativa propia y a veces forzadas por las circunstancias, trabajar en defensa de sus derechos, de los de su comunidad o de terceros. Lamentablemente en muchos casos tienen que hacerlo en condiciones de riesgo.

De acuerdo con la Recomendación General 25 de la CNDH, en seis años (2010-2015) 25 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados y tres desaparecidos, y muchos otros se vieron obligados a salir de sus comunidades o lugares de origen.

Al delito sigue la impunidad, y a la impunidad la repetición del delito. Se conocen siempre los nombres de las víctimas y casi nunca los de los victimarios.

Es indispensable acabar con la certeza que tienen el homicida intelectual y el material de que su crimen será registrado, archivado y olvidado por las instancias de procuración de justicia.

Esa es historia conocida y reiterada. Imposible frenar las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra defensores de derechos humanos si no se castiga a sus instigadores y ejecutores.

El crimen es apetecible para quienes, carentes de escrúpulos, encuentran además que amenazar y matar no tiene costo.

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la sociedad valore al defensor de derechos y para que la autoridad respete y proteja su actividad y su vida.

Todo crimen es reprobable, desde luego, pero aceptar por apatía o inconciencia que se persiga, amedrente o agreda a un defensor de derechos es renunciar a esos derechos y es, además, firmar la silenciosa y vergonzante declaración de que no estamos dispuestos a defender los derechos humanos de quien defiende los de todos.

Mi solidaridad para con Alejandro Solalinde y todos los defensores civiles de derechos humanos.

Twitter: @mfarahg

Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

Agresiones a periodistas: muerte e impunidad

Todos los que ordenaron la muerte o la desaparición de un periodista están libres porque no hay investigación en su contra.

Tres periodistas han sido asesinados en México en los primeros tres meses del año, otro resultó herido de gravedad en un atentado y uno más salió ileso de un ataque en el que murió el escolta que le había asignado el mecanismo de protección.

Ya 2016 apuntaba que la violencia en contra de informadores iba en aumento, al alcanzar la cifra anual de 12, inédita incluso en México, donde hemos tenido que padecer el homicidio de 103 periodistas y la desaparición de 23 desde el año 2000 hasta el presente, de acuerdo con datos de Artículo 19.

Según esta organización, las agresiones en general aumentaron de 393 en 2015 a 426 en 2016.

Desafortunadamente estamos lejos del homicidio aislado, grave por sí mismo pero que no implica una tendencia, y ya hemos pasado también por la etapa en la que una agresión podría interpretarse como un desafío, una advertencia, por parte de los instigadores de los ataques.

Hoy estamos en una realidad atroz, en la que cada vez con mayor frecuencia y descaro, el crimen organizado y, según algunas evidencias, también integrantes del poder político local, dictan sencillamente la sentencia de muerte para castigar y reprimir al periodista objeto de sus rencores y para amedrentar al resto.

Llama la atención el imperio de la impunidad. En muy pocas ocasiones el presunto criminal es puesto a disposición de las autoridades judiciales. Menos aún son los casos que concluyen con sentencia condenatoria. Célebre es ya la inoperancia de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que reporta haber obtenido tres sentencias condenatorias de casi 800 casos que ha manejado en siete años. Proporciones similares se encuentran en la numeralia de las fiscalías locales.

Si es grave que muy pocos de los autores materiales hayan sido sentenciados, lo es aún más que ninguno de los autores intelectuales ha sido identificado. Para decirlo de otra forma, todos los que ordenaron la muerte o la desaparición de un periodista, y pagaron por ello, están libres, ni siquiera prófugos, porque no hay investigación que los haya señalado ni juez que haya librado una orden de aprehensión. Simplemente no existen.

¿Puede haber mayor aliento a la agresión a periodistas que esta impunidad perfecta para los perpetradores de los crímenes?

Otro dato Cero es el de los periodistas desaparecidos. Que se sepa, son 23. Ninguno de estos casos está resuelto. Y menos se avanzará si, como subrayó Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, hoy nadie los busca.

Este escenario, tan adverso para los periodistas, para el ejercicio del periodismo, para la libertad de expresión y para el derecho a la información, debe ser revertido.

La creación y operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha implicado un gran esfuerzo, pero seguramente la experiencia adquirida hace posible ahora introducir cambios de funcionamiento para reducir tiempos de respuesta y para encontrar nuevas fórmulas de protección.

Con todo, el Mecanismo pudo haber salvado algunas vidas, lo que no es posible cuantificar porque no se cuenta lo que no sucede.

La Feadle, en cambio, representa un gran desafío para el procurador general de la República, porque desde su creación han sido magros sus resultados y no hay duda que requiere transformaciones de fondo, tanto en su andamiaje jurídico como en su operación.

De poco sirve que atraiga investigaciones si lo hace a destiempo, lo que podría estar relacionado con las limitaciones de sus facultades o bien con sus capacidades operativas.

Lo que es claro es que debe impedirse que prevalezcan o empeoren las condiciones en las que trabajan los periodistas, porque no puede aceptarse que siga permeando la tragedia en las vidas y las familias que se ponen en riesgo debido al cumplimiento de una actividad tan legítima como necesaria para el interés nacional.

Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.

@mfarahg

 

El muro de Trump es una desmesura

Dados los frentazos que se ha llevado en otros ámbitos, es posible que Donald Trump regrese pronto a su tema favorito: los abusivos mexicanos, que son capaces de enviar delincuentes a aquel país, privar a los estadounidenses de empleo, aprovecharse sin merecerlo de sus servicios asistenciales y al mismo tiempo lograr un superávit en su relación comercial con Estados Unidos. Hacerle esto al país más poderoso del mundo es intolerable. Somos unos ventajosos.

Ojalá que sus asesores le hayan hecho ver en este tiempo algunos números respecto de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Recientemente Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, dijo a Milenio que, si fueran deportados los 1.4 millones de mexicanos que cuentan con un crédito hipotecario en Estados Unidos, el sistema financiero de ese país puede enfrentar un quebranto de 159 mil millones de dólares, cifra que puede aumentar a 250 mmd por concepto de crédito al consumo.

Por otra parte, de acuerdo con cifras del FBI, sólo 18 de cada 100 delitos son cometidos por personas de origen latino, independientemente de su estatus migratorio.

Sólo 1.6 por ciento de los 11 millones de inmigrantes de entre 18 y 39 años está encarcelado, en tanto que 3.3 por ciento de los nativos en ese rango de edad está en esa condición.

La mayoría de las víctimas de la violencia no son los blancos a manos de hispanos, como se ha empeñado en hacer creer Trump. Mientras los ataques a blancos y negros disminuyeron entre 2002 y 2013 en 30 y 20.4 por ciento, respectivamente, los crímenes de odio contra la comunidad hispana han aumentado en 25 por ciento, de acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia.

Adicionalmente, según el estudio La criminalización de la inmigración a Estados Unidos, del Consejo Americano de Inmigración, los estadounidenses por nacimiento son cuatro veces más propensos a tener un comportamiento violento que los inmigrantes asiáticos y africanos, y tres veces más que los latinos.

Habrá muchos factores a considerar, pero el hecho es que de acuerdo con el FBI, en tanto que entre 1990 y 2013 el número de indocumentados creció de 3.5 a 11 millones, en ese mismo periodo la tasa de delitos violentos disminuyó 48 por ciento y el índice de delitos contra la propiedad en 41 por ciento.

Así las cosas, como colofón, esperamos que alguien le diga a Trump que su muro, además de otros calificativos, es desmesurado, pues la inmigración mexicana ha favorecido la economía de Estados Unidos y además la migración por la línea fronteriza va en descenso: en 2007 se registraron 600 mil intentos de cruce, en tanto que en 2014 fueron 50 mil, cifra que no ha aumentado en los últimos años.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.