¿Legalizar el espionaje?

La iniciativa de Seguridad Interior presentada recientemente por diversos legisladores contempla, entre otras cosas, una actuación más permisiva de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, además de que dotaría de facultades exclusivas al, tan temido, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).


Este último punto se refiere a que cualquier fuerza de seguridad pública federal podría realizar labores de vigilancia sin distingo en el método de recolección de información que prefiera
, ya sea por medio de la Intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la geolocalización o por medio de la entrega de bases de datos.

Lo más peligroso de esto sería que el organismo podría realizar las mencionadas actividades sin que sea necesaria la emisión de una orden judicial, siendo que actualmente la ley exige que cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para una investigación, solo el Titular de la Procuraduría General de la República, o alguno de sus delegados, así como los Procuradores de las entidades federativas, pueden solicitar  la autorización para esta práctica.

 

Tal modificación dejaría atrás el objeto del instituto, que es el de la “inteligencia”, para abrirle paso en materia de investigaciones que, de acuerdo con el artículo 21 Constitucional, le corresponden exclusivamente al Ministerio Público y a las policías.

A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ofreció aprobar esta ley antes de que termine el mes de abril, pues la calificó como una reforma urgente, primero debemos exigir que se presenten con claridad los alcances de la participación de las fuerzas armadas y, sobre todo, las actividades específicas en las que el CISEN tendría capacidad para intervenir.

La simple posibilidad de que esta iniciativa se apruebe, obliga a que se establezcan políticas de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas, y que estos sean evaluados periódicamente para garantizar el respecto a los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos.

 

Biblioteca

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional se creó en 1989 durante la gestión del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En 2004 durante el mandato del Presidente Vicente Fox Quesada, se ampliaron las facultades del Senado de la República para legislar en materia de Seguridad Nacional, y del Ejecutivo Federal para preservarla.

Posteriormente, en 2005, se publicó la Ley de Seguridad Nacional con lo que se dio inicio a una nueva etapa en el ámbito de la Seguridad Nacional al definir con claridad los alcances, límites y controles a los que está sujeto el CISEN, y al establecer los términos de la corresponsabilidad con que los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, actúan para preservar la seguridad de la Nación.

T: @JTrianaT

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