La semana pasada venció el plazo para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), mismos que tendrán por objeto la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En efecto, debería estar operando a nivel nacional un ente autónomo que se encargará de evitar que a algún gobernador (ponga usted el nombre que prefiera) se le “pierdan” los recursos destinados a la educación, la seguridad pública, la salud, el desarrollo social, el campo o la infraestructura.

Pero, como de costumbre, la conformación de los sistemas no estuvo a tiempo, vaya, hay entidades que no tienen siquiera las reformas constitucionales correspondientes y, mucho menos, llevan prisa por establecer las bases legales que les permitan el desarrollo e implementación de sus respectivos Sistemas.

En el caso específico de la Ciudad de México, tenemos una reforma constitucional regular y, apenas un día antes de que terminara el plazo, la Asamblea Legislativa aprobó el paquete de leyes necesarias, esto de acuerdo con la información del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

En cuanto a las mencionadas bases legales para la creación del SLA en la capital, hay que decir que aún quedan a deber en materia de transparencia y autonomía, asunto primordial para este órgano que tanto necesitamos para evitar otra línea 12 del Metro, obras inconclusas, pero con los recursos públicos ya ejercidos como el cine Cosmos y El Mexicanito, o que proyectos como la línea 7 del Metrobús se detengan por una empresa de publicidad que no obtuvo un permiso.

El combate a la corrupción debe estar entre las prioridades de todos los sectores de la sociedad, alejado de la “cuotas” de partidos y por encima de los “cuates” que forman parte de los mismos grupos de siempre, pues la corrupción está presente todos los días en la actividad económica nacional en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a que el país retroceda en los principales indicadores internacionales anticorrupción.

Tan solo el año pasado, se estimó que tuvo un equivalente de 906 mil millones de pesos, lo que representó una media del cinco por ciento del Producto Interno Bruto.

Es decir, una correcta implementación de los Sistemas Anticorrupción representa también una gran oportunidad para México en todos los sentidos, pues no es cuestión de fe, sino de matemática pura, y creo que ya es momento de enmendar la plana.