El candidato Trump aseguró que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, el presidente electo dijo que sólo a los que tuvieran antecedentes criminales y ahora el presidente en funciones vuelve a la ofensiva.

Las nuevas y elocuentes directrices, algunas claramente violatorias de los derechos humanos, pueden ser nombradas según su cometido:

 La directriz de la sospecha razonable. Serán deportados quienes a juicio de un agente de migración puedan significar un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional. En 2010 la llamada ley SB1070 de Arizona otorgaba a los agentes estatales la facultad de arrestar a migrantes sin más motivo que el de la “sospecha razonable”. El color de la piel y los rasgos físicos ,como sospecha. Hoy todos los agentes migratorios están facultados para decidir, por sí mismos, y sin más elementos que los que le dicten su estado de ánimo, sus prejuicios o su intuición, quién es sujeto de deportación.

 La directriz del miedo. Todos los inmigrantes irregulares pueden ser deportados. Una amenaza explícita que somete a sus destinatarios a una permanente presión psicológica. Salvo a los dreamers (y quién sabe), puede ser expulsado cualquiera, sin importar tiempo, familia, trabajo o conducta. Para los mexicanos indocumentados cada día será incierto.

 La directriz ambigua. Podrán ser deportados quienes hayan abusado de beneficios públicos. ¿Incurrirán en ello quienes hayan recibido atención médica de los servicios del Estado? Para que se considere abuso, ¿bastará con una sola vez o deberán ser diez o veinte veces? ¿Qué es abusar de los beneficios públicos?

 La directriz racial. Primero se dijo que serían deportados los indocumentados sentenciados por ofensa criminal, pero las nuevas directrices determinan que también podrán serlo los acusados por una ofensa criminal no resuelta e incluso aquellos que hayan cometido actos “que pueden ser motivo para ser acusados de ofensa criminal”.

Ello significa que cualquier inmigrante acusado o que pueda ser acusado de un delito será deportado. Si la base de esta disposición es el delito, no habría razón para expulsar a los sometidos a causas no resueltas y menos aquellos que “puedan ser acusados”. Pero de lo que se trata no es de expulsar a delincuentes, sino de arrebatar a los indocumentados su derecho a la presunción de inocencia. Todos culpables. Y ello debido a que Trump dictó la sentencia desde que anunció que contendería por la candidatura republicana, cuando afirmó que los mexicanos son narcotraficantes y violadores, una expresión generalizadora nutrida de prejuicio.

Si esa generalización fuera válida, los mexicanos podríamos afirmar que todos los estadounidenses son delincuentes, pues sólo en las cárceles de la Ciudad de México hay 22 estadounidenses, 16 hombres y seis mujeres, por cargos de homicidio calificado, violación, secuestro, asociación delictuosa, retención y sustracción de menores, corrupción de menores y robo calificado.

Desde luego, nunca se nos ocurriría afirmar que estos casos pueden hacerse extensivos a todos los estadounidenses. Pero su presidente está empeñado en que su prejuicio se convierta en sentencia, y por ello apuesta por la política de la persecución.

Estas directrices padecen anemia jurídica y pueden ser revertidas en tribunales, tal como lo fueron, por ejemplo, las leyes antiinmigrantes de 2010 en Arizona.

Allí está la posibilidad de que no sólo lamentemos las nuevas disposiciones, sino que contribuyamos a derrumbarlas mediante su impugnación legal. Es posible impulsar tales demandas a través de organizaciones constituidas en Estados Unidos, y luego el gobierno de México puede darles acompañamiento con la figura de Amigo de la Corte.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.