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Frente al Covid: Merkel y Sheinbaum, lo más notable

Una de las principales lecciones que la pandemia del Covid nos está dejando es el poder percibir el comportamiento de gobernantes y políticos ante un reto tan complejo. Han transitado desde la insensibilidad e indiferencia hasta el cínico uso electoral del dolor, la incertidumbre y la tragedia humana. En algunos casos, el día a día puede hacerlos pasar desapercibidos, sin embargo, al ocurrir un reto tan formidable, ha salido a relucir lo reprobable del comportamiento de muchos de ellos. En contraste destacan dos gobernantes mujeres que se han caracterizado no sólo por su responsabilidad ante lo sanitario, sino que, al mismo tiempo, han demostrado conciencia y acción por el daño económico que ha generado el encierro prolongado. Me refiero a la canciller de Alemania, Angela Merkel, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

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Oligopolios y gobierno: exprimir a la clase media

Como respuesta a las señales imprecisas que el gobierno ha dado con relación a la crisis de salud y económica que vivimos, la gente salió a las calles al encuentro con la “nueva realidad”. Que no es otra cosa que lo mismo de antes: desempleo, falta de dinero, aumento de casos y muerte por Covid y una inseguridad terrible, eso sí con cubrebocas todos.

La lucha por extraer el dinero de la única parte de la población realmente productiva va a ser encarnizada. Las grandes empresas explotan una concesión del Estado para proveer ciertos servicios, bastante malos, por cierto. Telcel, América Móvil, Sky, Totalplay, VeTV, Telmex-Infinitum, Movistar, entre otros.

A pesar de que han hecho su agosto con la pandemia, no hemos visto ni una sola muestra de solidaridad para con los mexicanos, sobre todo las clases medias que utilizan mayoritariamente los servicios de paga de entretenimiento e Internet. Por el mal servicio que pagamos, producto de los oligopolios tanto televisivos como de telefonía móvil e Internet, todos siguen esperando canales adicionales, tiempo adicional de llamadas o mayores megas, temporalmente desde luego, pues el sector privado no está para regalar indefinidamente.

¿Cómo le sentaría a la clase media la condonación de un mes o dos de los servicios de Internet o televisión de paga? Esa magnanimidad no la tienen las empresas que explotan las concesiones del Estado mexicano; en otros países tal vez sí, la razón: porque compiten entre sí, los consumidores tienen mucha fuerza y existe un Estado fuerte que les pone límites.

Durante el confinamiento, todo México ha sido testigo de los cobros por teléfono, correo y hasta despachos por los servicios, aun sin retraso; la idea es sacar el cobro lo antes posible antes de que la situación económica empeore; “a ver quién cobra al último”, es la frase que pareciera permear en los grandes oligopolios mexicanos.

El gobierno no se queda atrás en este saqueo a las clases productivas. El momento de dolor, incertidumbre y muerte que vive México no ha servido para detener las ansias de los gobiernos por seguir exprimiendo a médicos, dentistas, arquitectos, empresas medianas y chicas, profesores universitarios tanto de escuelas públicas como privadas y mujeres que trabajan por su cuenta, como las corredoras de bienes raíces o maestras de inglés, matemáticas o yoga.

Lo mismo ocurre con las personas que tienen un auto que no son ricos, son millones de mexicanos de todas las clases, que alcanzan a tener un vehículo para transportarse, por cierto, a trabajar. ¿Cuánto ayudaría a la clase media que, por este año excepcional, se condonara la tenencia y verificación vehicular? Nadie da su brazo a torcer, todos esperan que el gobierno del presidente López Obrador abra la cartera y dé a todos. El gobierno federal puede y debe hacer mucho más para proteger las fuentes de empleo, no lo ha hecho aún, pero los gobiernos estatales y la CDMX tampoco.

El monopolio eléctrico es otro ejemplo. El consumo de luz en las empresas medianas y pequeñas, así como en los hogares de familias de clases medias particularmente, en donde el jefe de familia es una mujer han aumentado, producto de la pandemia.

Como en muchos países del mundo, todas estas personas deberían de ser exentadas del pago de al menos dos bimestres de luz, si no es que por el resto del año. Pero el monopolio estatal también se niega a ayudar; por el contrario, la idea es seguir exprimiendo a las clases medias hasta que la gallina de los huevos de oro reviente.

Transición energética un proyecto de mediano plazo

La transición energética es un proyecto de mediano plazo que exige trazar, desde ahora, las bases para tener claridad y crear conciencia de lo que se propone.

Esta iniciativa consiste en que el sector eléctrico debe transformarse para que, al 2024, un máximo de 65 por ciento de la electricidad provenga de combustibles fósiles. Esta transición se identifica, a veces, como el paso hacia una economía de bajo carbón, en este caso en sus aspectos energéticos. Las autoridades del país señalan que, en los próximos tres años, como resultado de las dos subastas de largo plazo realizadas con motivo del impulso a la reforma en la materia, se instalarán en distintas partes de la República, 52 nuevas centrales eólicas y solares.

Tal infraestructura incrementará 170 por ciento la capacidad que actualmente tiene el país, por lo que en abril se concretará la tercera subasta. Y es que hay datos que estimulan este tipo de proyectos. Al menos de 2012 a 2015, México logró disminuir en 48 por ciento el uso de combustóleo para la generación de energía eléctrica.

Con la transición energética, México asume sus compromisos internacionales tras la reducción de la huella de carbono con la promoción de las energías verdes como un medio para atenuar el calentamiento global del planeta.

Aunque los especialistas advierten que la dependencia en la producción de electricidad mediante fuentes fósiles ha obstaculizado la diversificación de la matriz eléctrica en el país. Hacia el futuro ideal se pretende fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la industria eléctrica y reducir, bajo criterios de vialidad económica, la dependencia nacional de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía.

De esta manera, se teje un entramado de explicaciones y argumentos que a corto plazo deben tener mayor relevancia en el debate social e influir en la conciencia de empresarios para acelerar el crecimiento y uso de energías alternas.

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