La semana pasada, Jimmy Morales —presidente de Guatemala— declaró persona non grata al Comisionado Internacional contra la impunidad, Iván Velásquez. El presidente Morales intentó expulsarlo del país y desechar su ratificación en el cargo para los próximos dos años. La decisión fue muy mal recibida por buena parte de la comunidad guatemalteca, pero también por la comunidad internacional.

En un sano ejercicio del equilibrio de poderes, el defensor del pueblo interpuso una queja; además, renunciaron cuatro ministros. Hacia el final de la semana, la Corte falló en contra de la decisión del presidente y el comisionado mantuvo su puesto al frente de la CICIG —Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala— que, hay que decirlo, cuenta con un 85 por ciento de credibilidad frente a la ciudadanía.

A Jimmy Morales le molestó que el Comisionado Velásquez investigara los donativos de la campaña que lo llevó a la presidencia. Pero también le preocupó que su antecesor —Otto Pérez Molina— y su vicepresidenta —Roxana Baldetti— terminaran en prisión por actos de corrupción. Además, le molestó la exigencia de buscar alternativas a las cárceles que están ubicadas en instalaciones militares.

El comisionado Iván Velásquez es colombiano; como abogado, se desempeñó en la persecución de los políticos corruptos de su país; se enfocó en el hermano del presidente Uribe y por ello tuvo que dejar el cargo. Sin embargo, el trabajo de Velásquez ha sido reconocido por la International Bar Association y con el premio mundial de la Asociación de Jueces Alemanes como el defensor de los derechos humanos del año.

La dupla que han hecho la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Velásquez ha sido muy positiva para la salud democrática guatemalteca. Ambos declaran su lealtad a la ley y a la constitución, no al presidente. De esta forma, buscan eliminar los escandalosos casos de corrupción que azotaron a su país en la década anterior. Y, hay que decirlo, van en la ruta correcta.

En el más reciente reporte de Percepción sobre la Corrupción, de los 176 países participantes, México tiene una calificación de 30 puntos a la par de Honduras, Laos, Moldova, Paraguay y Sierra Leona. Guatemala, por su parte, alcanzó 28 puntos. Sin embargo, la diferencia fundamental es la tendencia; mientras que Guatemala gana puntos y mejora en la erradicación de la corrupción, nuestro país va en sentido opuesto y cada año pierde más puntos.

La democracia tiene muchos enemigos. Dos de ellos son especialmente peligrosos: la corrupción y la impunidad. Por ello, es importante que haya un compromiso total por erradicarlos y, moleste a quien  moleste, esto pasa por una fiscalía independiente y por un observador internacional que garantice la imparcialidad.