La noche del 8 de octubre de 2012, cuando supe los resultados electorales en Venezuela —el triunfo de Maduro y la derrota de Capriles— sentí coraje y preocupación.
A pesar de los resultados, la oposición no argumentó fraude y el candidato perdedor asumió su derrota.
Durante estos años, hemos visto la erosión –política, económica y social– de Venezuela; el papel de la oposición ha sido responsable y comprometido con la democracia. Ha intentado las vías jurídicas correspondientes para contener los excesos del gobierno de Maduro; sin embargo, creo que esa prudencia se agotó el domingo pasado.
La crisis política en Venezuela tiene al mundo en vilo. El régimen inaugurado por Hugo Chávez y heredado a Nicolás Maduro contó con la simpatía de las izquierdas globales por la apuesta económica que enarbolaba. Representó, en su momento, una opción para contrarrestar los excesos económicos del neoliberalismo latinoamericano. Y, en ese sentido, fue importante.
Sin embargo, los estragos políticos no tardaron en hacerse sentir: la democracia fue sustituida por el totalitarismo. La sociedad civil fue la primera en pagar por los devaneos económicos y por los caprichos políticos de Nicolás Maduro —un oligofrénico borracho de poder y adicto al dinero—, de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López; todos ellos han sido ligados a las redes del narcotráfico internacional.
Pero en el gobierno ni todo es política ni todo es economía. El peso de los opositores —Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López— ha sido definitivo para señalar el desorden que hay en Venezuela y que ha sumido en la desesperación a millones de personas. Sus liderazgos han sido prudentes y responsables a pesar de la persecución y encarcelamiento injustificados.
Así, el enfrentamiento por un modelo económico desencadenó una crisis política ocasionada por la corrupción y los vínculos delincuenciales de los gobernantes. La tensión fue causada por la ausencia de principios morales, de compromiso con la decencia, por la falta de respeto por la democracia. Y para eso, lamento escribirlo, no hay remedio: no hay farmacopea que cure dicha enfermedad.
Ni una nueva constitución, ni una inyección económica, ni la rendición de la oposición pueden recomponer el rumbo de Venezuela; Maduro y su gobierno están en un cruce de caminos que no lleva a ningún sitio.
La crisis en Venezuela cambia el rostro de Latinoamérica, pues presenta una fractura en la región y complicadas alianzas trasatlánticas. Por su parte, la comunidad internacional se encuentra dividida. Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Reino Unido, Suiza, España y la Unión Europea rechazaron los resultados del domingo pasado. Por su parte, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, China y Rusia dieron su respaldo a Maduro.
Me parece que la instalación de la Constituyente es la máscara jurídica que quiere legitimar a la nueva dictadura militar de la región.
* Profesora Investigadora de la Universidad Anáhuac.
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