Reducir el déficit público destripando las inversiones en innovación y educación es como hacer más ligero un avión sobrecargado removiendo las turbinas.
Barack Obama

En las últimas semanas escuchamos la discusión sobre el crecimiento de la deuda del sector público y la necesidad de contener su crecimiento y frenar el déficit.

Simultáneamente escuchamos las quejas de personas y grupos que —frente a la intención de reducir el presupuesto federal en el 2017, lo que supone una reducción cercana a los 240,000 millones de pesos para el año próximo— reclaman que los recortes no afecten los programas o planes que son de su interés.

Pero, ¿por qué es tan importante la contención del crecimiento de la deuda y del déficit público?, y ¿cuál es el impacto que estos elementos tienen para las familias mexicanas?

Primero es importante recordar que el endeudamiento público y el déficit están asociados al crecimiento de la inflación. En México no hemos experimentado procesos de inflación elevada prácticamente desde mediados de los 90 e incluso en los últimos años hemos tenido inflaciones extraordinariamente bajas, alrededor de 3% anual.

La inflación es el gran, único y verdadero destructor de la riqueza de las familias y de su poder adquisitivo. Cuando algunas corrientes políticas y económicas proponen impulsar programas que conllevan incrementar indiscriminadamente el gasto público, olvidan que la caída real de los ingresos de las familias mexicanas está asociada precisamente a los procesos inflacionarios derivados de la expansión del endeudamiento y el déficit. Los procesos inflacionarios de los años 70, 80 y mediados de los 90 son las que deterioraron los ingresos reales de las familias.

Hoy, pareciera que los niveles de inflación bajos que tenemos nos dan margen de maniobra, pero la realidad es que los procesos inflacionarios rápidamente adquieren una dinámica de aceleración que deteriora los ingresos de las familias.

Históricamente, un país que se endeuda excesivamente empieza a representar frente a los inversionistas internacionales un menor nivel de confianza. Por ello, recientemente una empresa calificadora colocó en revisión la deuda mexicana, lo que representa que está avisando a los inversionistas que podrían presentarse problemas en el futuro. Por ello, los inversionistas pedirán un premio mayor (en tasa de interés) para adquirir la deuda mexicana, lo que conllevará un pago mayor de intereses y una mayor presión sobre las finanzas públicas. En caso de no controlarse, una espiral creciente puede terminar por deteriorar la capacidad de pago y las finanzas de un país. En parte, ello fue lo que ocurrió durante el llamado error de diciembre en 1994. Adicionalmente, un país que necesita dar más servicio a su deuda si quiere evitar una crisis requiere restringir su gasto para equilibrar las finanzas y ello necesariamente implica que dejara de gastar en otros temas.

Lo ideal sería que estas reducciones se dieran en el gasto corriente, que se refiere preponderantemente a los sueldos y salarios de la burocracia, y mantener el gasto que genera valor, como las inversiones en infraestructura, que además propician la generación de empleo y estimulan el crecimiento económico.

Lo más difícil es cortar precisamente el gasto corriente, porque siempre tiene aparejado presiones de empleados, grupos o sindicatos cuyo interés inmediato evidentemente es no perder su empleo, aun cuando ello sea, en un sentido global, más conveniente para el país.

Un gobierno que invierte menos en proyectos estratégicos como la infraestructura necesariamente tiene un impacto en la tasa de crecimiento. Los países requieren inversiones que incentiven el crecimiento y hoy México tiene niveles de inversión bajos, lo cual no sólo afecta el corto sino el largo plazo en la economía del país.

En las últimas décadas (por lo menos), la tasa de endeudamiento creció y se desaprovechó un extraordinario periodo de precios altos del petróleo que hubieran podido generar la holgura presupuestal para que el gobierno realizara las inversiones que apuntalaran del crecimiento.

Estamos en la coyuntura de tomar las decisiones importantes que necesaria y desafortunadamente implican una nueva contracción del gasto público. La estructura y naturaleza de dicha contracción determinará necesariamente su efecto sobre el crecimiento. Si no exigimos responsabilidad fiscal y presupuestal al gobierno y al Congreso y no asumimos la responsabilidad individual de enfrentar los costos de los ajustes en el corto plazo, estaremos creando la semilla de un proceso que nuevamente deteriore gravemente los ingresos futuros de las familias mexicanas.

El autor es politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual y director general de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo.

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