Hacia un parlamento abierto

Los días 7 y 8 de noviembre se efectuó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados el Seminario de Transparencia Legislativa, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto.

El evento me hizo recordar un texto del pensador y escritor inglés Jeremías Bentham, en el que, refiriéndose al parlamento de su país y de su tiempo, menciona que no sólo estaba prohibido la asistencia del público al Congreso, sino que incluso los propios parlamentarios tenían la prohibición de, cito textualmente, “referir algo de lo que haya pasado.”

Esta mención viene a cuento porque, a diferencia de aquel tiempo, ahora es justamente en el Congreso donde dialogamos sobre parlamento abierto, y donde legisladores, servidores públicos, académicos y especialistas de la sociedad civil dialogamos con absoluta libertad sobre transparencia y rendición de cuentas.

Aquí expongo algunas reflexiones sobre estos temas:

La información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, tres vertientes esenciales del proceso de consolidación de nuestra democracia, inciden transversalmente en diversos ámbitos del Estado, entre ellos las transformaciones y alcances en materia de parlamento abierto.

Las dos jornadas del Seminario de Transparencia Legislativa, en las que participaron más de cincuenta ponentes en siete grandes apartados, constituyen una valiosa fuente de información, opiniones, perspectivas y propuestas que fortalecen la reflexión acerca de cómo vamos y qué nos falta por hacer.

En el foro se expresaron diversas posturas sobre la importancia de contar con un parlamento abierto y de cumplir con los diez principios básicos que le dan sustento. Tenemos trabajo por delante, desde luego,  pero es claro que el Congreso mexicano ha dado pasos firmes para avanzar en el cumplimiento de esos principios.

En 1977 se plasmó en el artículo 6° de la Constitución una línea llena de significado y compromiso: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Pasaron 25 años para que tuviéramos la primera ley de transparencia, pero desde entonces no hemos dejado de avanzar. Hoy el 6º constitucional establece con claridad los alcances y límites de este derecho humano y contamos con una Ley General y una Federal, así como con 32 leyes locales que nos dan un sólido sustento jurídico. Gracias a este entramado institucional, no hay espacio para la opacidad. Sin pretextos, todos estamos obligados a rendir cuentas.

La transparencia y la rendición de cuentas hacen una importante contribución para que rijan a plenitud otros derechos de los que son titulares los mexicanos. Creo, en ese orden de ideas, que la información es piedra de toque de todos los derechos fundamentales.

Los genuinos reclamos de seguridad pública, de un sistema eficaz de administración de justicia, de servicios de salud y educación pública dignos y accesibles para todos, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, encuentran mejores condiciones de realización cuando las instituciones responsables de su puesta en práctica actúan abiertamente, expuestas al escrutinio de la ciudadanía y cuentan con su confianza.

En la implementación de toda norma que delimita la compleja actividad social, invariablemente surgen dificultades operativas, visiones jurídicas diversas e incluso problemas de diseño institucional.

En este sentido, tanto el Congreso como el INAI, en sus correspondientes áreas sustantivas y administrativas, estamos acoplándonos a los nuevos sistemas y plataformas para dar cabal cumplimento al nuevo marco jurídico, con el fin de facilitarle al ciudadano el acceso a la información y rendirle cuentas claras de todo el quehacer del parlamento.

Me parece justo hacer un reconocimiento a la participación de eminentes especialistas nacionales e internacionales, miembros de organismos autónomos, académicos de universidades y, por supuesto y de manera fundamental, a la participación de relevantes miembros de la sociedad civil que han impulsado vigorosamente las reformas constitucionales y legales que nos colocan en un lugar de vanguardia en estos temas.

Esta es sólo una muestra de la transformación institucional, legislativa y social que hemos logrado y en la que la sociedad civil ha sido protagonista como impulsora del cambio y de los nuevos tiempos que hoy nos perfilan como una sociedad más participativa, promotora de una administración pública más democrática y transparente.

México, gracias al derecho de acceso a la información y a la sociedad civil organizada, ya no es el mismo.

@mfarahg

* Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos

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