El general Salvador Cienfuegos alzó la voz y todo mundo la escuchó; el sector empresarial, los partidos políticos, los legisladores, los intelectuales y la sociedad toda acusaron recibo y, de inmediato, sus palabras fueron producto de debate y de distintas interpretaciones; hubo quienes incluso vislumbraron un diferendo entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, representado por el Ejecutivo federal.
Los conceptos del general secretario fueron contundentes, certeros y llegaron a sus destinatarios: “Nosotros no queremos estar en las calles para combatir a los delincuentes… si quieren que estemos en los cuarteles, adelante; yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… Ninguno de nosotros estudiamos para perseguir a delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando”.
Seguramente los gobernadores y los presidentes municipales sintieron la pedrada, pues son justo ellos quienes, al no lograr la profesionalización de los cuerpos de policía y al ver que la situación de seguridad se deteriora a cada momento, solicitan la presencia de las Fuerzas Armadas para regresar la tranquilidad a sus comunidades, cuando son ellos quienes deberían garantizar el bienestar a sus gobernados, a través de políticas bien aplicadas, pero les resulta más cómodo recibir el apoyo federal (logístico y económico). Sin embargo, a la hora de corresponder, el apoyo brilla por su ausencia.
Por lo pronto, los legisladores ya mostraron su disposición para entrarle a la creación de un marco jurídico que brinde certeza a las Fuerzas Armadas en sus tareas contra la inseguridad y el crimen organizado; y será hoy, durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, cuando determinen el proceso para la eventual dictaminación de una iniciativa que tendrá que ser analizada, discutida y aprobada en un periodo extraordinario de sesiones, que podría ser convocado a más tardar en los primeros días de enero.
Hizo bien el general Cienfuegos en asestar el manotazo en la mesa, pues sólo así, senadores y diputados decidieron darle curso a una de las propuestas que ha estado en la congeladora del Congreso desde hace varios años y que ha tenido un impacto brutal en las finanzas nacionales; pues desde hace 10 años, cuando la administración de Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, el Estado mexicano ha erogado más de un billón de pesos. El resultado: varios cientos de miles de muertos y la ausencia de policías profesionales, así como la afectación al prestigio de los militares. De ahí la molestia, el descontento, el disgusto y la inconformidad del señor secretario; y no es para menos.
Peregrinos vs. Acarreados
Ayer, en su programa de radio en Grupo Fórmula, Óscar Mario Beteta preguntaba: ¿qué mueve más a los mexicanos?, ¿la conmemoración de la Independencia, de la Revolución, los festejos del 5 de mayo o la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Definitivamente el festejo del 12 de diciembre. Cosa de ver: el fin de semana, a la Basílica de Guadalupe asistieron, por su voluntad y movidos por su fe, más de siete millones de peregrinos. En contraste, el 15 de septiembre, los estrategas del Gobierno federal sufrieron para distribuir a 150 mil acarreados en la Plaza de la Constitución con el fin de que no se viera deslucido el acto del señor Presidente.
@JuanMDeAnda