Urge un marco normativo que permita el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y mantener intactos los derechos de la población, objetivos que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.

Las bandas criminales tienen hoy tal capacidad de fuego, a la que suman una crueldad sin precedentes en México, que no hay corporación que pueda hacerles frente más que las fuerzas armadas.

Es improbable retirar hoy de esta lucha al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Para hacerlo, es necesaria una condición: crear y desarrollar fuerzas públicas sólidas, preparadas, ajenas a la corrupción y comprometidas con su responsabilidad de velar por la seguridad pública. Si no se cuenta con ellas, la llamada a que regresen a los cuarteles, expresada de buena fe o solo porque es políticamente correcto, es ilusoria.

Se han ido 10 años sin construir tales cuerpos de seguridad. Una década perdida. Pero si no se actúa ahora con un plan y acciones programáticas para la reconstrucción de las fuerzas estatales, prolongaremos la situación actual y a la vuelta de otra década podemos seguir en el mismo laberinto.

Los cárteles de la droga se han multiplicado y diversificado. De poco más de una docena de gran estructura, han pasado a ser cientos de grupúsculos que van del secuestro a la extorsión, del homicidio a la trata de personas, del cobro de derecho de piso al tráfico de migrantes. Y siembran el terror con delitos de crueldad extrema.

Hoy solo las fuerzas armadas pueden combatirlos.

Es claro que éstas deben actuar en el marco de la ley y respetar los derechos humanos. En eso todos estamos de acuerdo.

Pero no puede exigírseles que acudan con flores y banderas blancas a donde hay armas de gran alcance y casi de toda índole.

Los soldados y marinos de México han hecho un esfuerzo enorme por estar allí donde se les envía y han ofrendado cientos de vidas.

Que deben actuar conforme a protocolos, que deben abstenerse de realizar ejecuciones y que deben respetar y salvaguardar a la población está fuera de duda.

Pero no puede escatimárseles el reconocimiento que corresponde a una tarea del mayor riesgo, frente a criminales que todos los días en alguna parte del país se enfrascan en tiroteos, cometen venganzas y ejecuciones, y que sin escrúpulos optan por el descuartizamiento, el desollamiento, la disolución en ácido o la incineración de sus enemigos.

Las fuerzas armadas merecen y requieren el respaldo de la ciudadanía, no para el abuso de la fuerza, pero sí para el cumplimiento de la tarea que se les ha asignado. Militares y marinos han sido llamados a realizar funciones que no están en sus responsabilidades y que no eligieron. Mientras no se modifiquen las condiciones ni la estrategia, alguien debe estar allí. ¿Cuántos mexicanos estarían dispuestos a enfrentar los riesgos que ellos asumen ahora mismo y prácticamente todos los días?

Debemos seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos y la aplicación de códigos de conducta, desde luego, pero reconociendo que no enfrentan a carteristas sino a delincuentes dispuestos a matar; ellos sí, sin dar cuenta a nadie.

No hay quien se pronuncie por la militarización, pero los habitantes de regiones o ciudades asoladas por el crimen que llegan a contar con el apoyo del Ejército no quieren que se retire. Saben que si se va de sus ciudades, quedan en la indefensión.

Tenemos que resolver este acertijo. Y gran parte de su solución está en la fortaleza de las corporaciones estatales de seguridad pública, las que, en su mayoría, en lugar de fortalecerse y renovarse han terminado por descargar su responsabilidad en las fuerzas armadas. Podrá ser cómodo para los gobiernos locales, pero no es útil ni genera los espacios y la confianza necesarios para la salida del Ejército de tareas que no corresponden a su naturaleza.

Urge un marco normativo que permita alcanzar el equilibrio entre otorgarle a las fuerzas armadas garantías jurídicas y, desde luego, mantener intactos los derechos de la población, objetivos que no tienen por qué ser excluyentes y que son y deben ser compatibles y complementarios para el bien de la nación.

No es admisible regatearles este marco jurídico, como no podría privarse de leyes a cualquier responsabilidad oficial o sector económico o social, más aún porque no están enfrentando a la delincuencia organizada por su voluntad, sino porque así lo requerimos todos los mexicanos.

Cada quien puede apreciar cómo estamos con ellos en esas funciones y formarse una opinión al respecto, pero quizá la mayoría esté de acuerdo en que hoy, sin su participación, estaríamos en una situación más grave.

Si de verdad queremos el retiro paulatino y programado del Ejército y la Marina, que en esta lucha han desgastado su prestigiada institucionalidad, debemos saber con qué recursos estructurados y sólidos vamos a sustituirlos.

De no hacerlo, seguiremos erosionando una de nuestras instituciones más robustas y consolidadas. Mientras no construyamos las fuerzas públicas que las circunstancias requieren, pretender retirar al ejército ahora o hacer llamados retóricos para que así ocurra, será sólo una ficción.

Vayamos más allá. Hagamos posible un relevo viable y eficaz, legislando sobre la participación de los militares en las circunstancias actuales, y preparando su retiro mediante la creación y desarrollo de instituciones de seguridad pública que sean capaces de garantizar la seguridad y el orden públicos.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados @mfarahg