La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y pidió al gobierno de Tamaulipas una investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que no haya impunidad.

Solicitó también la adopción de medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, que representaba Rodríguez Martínez, al tiempo que informó que se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos.

En un comunicado, resaltó que “se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos”.

Toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social, abundó.

Al referirse a la Recomendación General 25 que emitió Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, destacó la urgencia de sensibilizar y profesionalizar a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia.

Ello, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de esos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo.

En la recomendación también se pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegar campañas a favor de los defensores de derechos humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización.

A su vez, la organización Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos condenó también el asesinato de la activista y llamó.

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