El juez brasileño Sergio Moro, que condenó a Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel, interrogará de nuevo al expresidente el 13 de septiembre próximo, en el marco de otro caso por corrupción.
Esta es la segunda causa judicial contra Lula en manos de Moro, que juzga buena parte de los procesos de la Operación Lava Jato en primera instancia, después de la condena la semana pasada.
En este caso, la fiscalía acusa al exmandatario de recibir sobornos por medio de un terreno donde habría construido el Instituto Lula, así como un departamento en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo.
Los inmuebles, valorados en unos 13 millones de reales (cuatro millones de dólares), habrían sido comprados por la constructora brasileña Odebrecht –cuyo pago de comisiones ilegales se extiende a varios países de América Latina- a cambio de contratos y licitaciones en la estatal Petrobras.
El expresidente, quien aspira a participar en las elecciones de 2018, niega las irregularidades y acusa a Moro de perseguirle jurídicamente para dejarle fuera de los comicios presidenciales.
Este será el segundo interrogatorio de Lula por parte de Moro, tras el celebrado el 10 de mayo en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, donde cientos de policías fueron desplegados para garantizar la seguridad a las puertas del juzgado.
En su oficio de este jueves, el juez Moro no esclarece si Lula será interrogado presencialmente en Curitiba o podrá hacerlo por videoconferencia desde Sao Paulo, con el objetivo de ahorrar “indeseables recursos públicos” en seguridad.
El miércoles, el juez ordenó el embargo de cuatro cuentas bancarias, dos autos y cuatro inmuebles del expresidente, consecuencia de la condena por corrupción y lavado de dinero de la semana pasada.
Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula se juega su futuro político e incluso la libertad en el recurso que presentará a la Justicia federal en las próximas semanas, mientras tiene pendientes otra cuatro causas.
La ley en Brasil, denominada “Ficha Limpia”, impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
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