La corrupción en materia regulatoria en México costó mil 600 millones de pesos a las empresas durante 2016, reveló la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el reporte, el costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos.
En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas tiene el propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de corrupción al realizarlos.
Según el estudio, para el 20.2 por ciento de las unidades económicas —es decir, las entidades productoras de bienes y servicios, ya sea establecimientos, hogares o personas físicas— las normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos son un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En total, durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
En cuanto a la percepción sobre los servicios públicos básicos y de infraestructura, el 75.6 por ciento refirió que las calles y avenidas de su municipio o delegación están en mal estado, y el 76 por ciento dijo que son inseguras.
De acuerdo con el Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, la corrupción en el país representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.
Las pérdidas no solo se van en sobornos, compra de piratería, desvío de recursos o ahuyento de inversión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que también afecta negativamente algunas de las variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social, como es la confianza.
jcd