El gobierno del presidente Donald Trump fue hoy objeto de una demanda legal por haber discriminado e ignorado los procedimientos de ley al poner fin al programa de acción diferida DACA, en coincidencia con el vencimiento del plazo de reinscripción de 154 mil “dreamers”.
La demanda, presentada por la organización de defensa de los migrantes, Casa Maryland, sostiene que el fin del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) fue motivado por un “ánimo racista” por parte del presidente contra los mexicanos y centroamericanos beneficiarios de esa iniciativa.
“Nuestra demanda busca restablecer el programa DACA (…) También queremos que el gobierno federal mantenga su promesa de que la información presentada por los ‘dreamers’ en sus solicitudes de DACA, será mantenida privada y no usada contra ellos”, señaló el presidente de la organización, Gustavo Torres.
Hasta el miércoles, la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) había recibido e iniciado la tramitación de unas 118 mil solicitudes de renovación, por lo cual unas 36 mil estaban pendientes antes del vencimiento del plazo, la medianoche de este jueves.
Una parte de los “dreamers” que no presentó la renovación corresponde a aquellos que lograron regularizar su situación migratoria, aunque varias organizaciones denunciaron que muchos de los beneficiarios no pudieron recolectar los 495 dólares del costo de la reinscripción por persona.
Un grupo de 38 senadores demócratas pidió a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Elaine Duke, una extensión del plazo debido al factor económico y a los recientes desastres naturales en Puerto Rico, Texas y Florida.
Pero el DHS sólo aceptó ampliar el plazo para los “dreamers” residentes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, alrededor de 20 beneficiarios, y evaluar otras solicitudes caso por caso.
“Hoy es un día triste para Estados Unidos”, aseveró la presidenta del Grupo Legislativo Hispano de la Cámara de Representantes, Michelle Lujan Grisham, que aglutina a una treintena de legisladores demócratas.
“Instamos a los republicanos de la Cámara de Representantes a hacer a un lado la política partidista y unirse a nosotros para pedir un voto de la bipartidista iniciativa de ley Dream”, señaló.
La iniciativa de Ley Dream, aprobada en 2010 en la Cámara de Representantes pero no en el Senado, abre la puerta a la naturalización de los denominados “dreamers” después de un periodo de espera.
Tanto el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, como la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoyan una ley Dream. Su plan es que sea objeto de “voto limpio” antes de que venza la resolución de financiamiento del gobierno federal, el 9 de diciembre.
Sin embargo, el presidente Donald Trump mantiene que su apoyo a una iniciativa de alivio migratorio para los “dreamers” depende de un “entendimiento” con los demócratas de que más adelante apoyarán un financiamiento para el muro en la frontera con México.
Hasta el momento, los demócratas sólo han aceptado incluir fondos para la seguridad fronteriza, siempre que excluyan explícitamente el muro.
Pero la Casa Blanca se apresta a enviar al Congreso un plan que demandaría recortes a la inmigración legal a Estados Unidos en la próxima década, a cambio de apoyar el alivio para los beneficiarios del DACA, de acuerdo con la publicación Político.
Sin embargo, se espera que el plan, redactado por un asesor presidencial, el joven conservador Stephen Miller, detone el rechazo de los líderes demócratas Schumer y Pelosi, así como de legisladores republicanos.
Por separado, un grupo de republicanos promueve una iniciativa de ley alterna que protege a los 800 mil “dreamers” aprobados bajo el DACA desde 2012, y les abre la puerta a la residencia permanente y a la ciudanía en 15 años.
La llamada iniciativa de ley “Éxito” tiene beneficios similares al proyecto de ley “Dream” patrocinado por los demócratas, con la excepción principal de que no autoriza la migración en cadena para los familiares de los “dreamers”.
La propuesta de los senadores Thom Tills, de Carolina del Norte; Orrin Hatch, de Utah, y James Lankford, de Oklahoma, blinda a los “dreamers”, siempres que estos mantengan un empleo, obtengan un certificado de preparatoria vocacional o sirvan honorablemente en el ejército.
Los potenciales beneficiarios de la ley “Éxito” recibirían un “estatus condicional permanente” por espacio de 10 años. Además, si cumplen los requisitos de la legislación, podría conseguir la ciudadanía estadunidense en cinco años adicionales.
Sus promotores sugirieron, sin embargo, que la legislación no está diseñada para ser votada aisladamente, sino como parte de un paquete migratorio que incluya seguridad fronteriza y verificación de elegibilidad laboral.
NTX
