El juez federal estadunidense en San Francisco, Vince Chhabria, rechazó hoy bloquear una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para cancelar los subsidios al Programa de Salud Asequible, conocido como Obamacare.
La acción del presidente probablemente es legal, y causaría poco daño inmediato, consideró el juez de distrito, al calificar de infundada una demanda de los procuradores generales de California y otros 17 estados, que intentaban bloquear la acción de Trump.
La mayoría de los estados anticiparon la acción de Trump y “han trabajado durante meses para prepararse para la terminación de estos pagos”, así como para ofrecer a “millones de personas de bajos ingresos mejores opciones de cobertura de salud de lo que hubieran tenido de otra manera”, agregó el juez.
Chhabria, designado por el expresidente Barack Obama, dijo que la medida cautelar buscada por California y otros 17 estados sería “contraproducente” y se basó en predicciones que no se habían cumplido, y estimó que “al parecer la administración Trump tiene el argumento legal más sólido”.
La decisión de Trump de descontinuar los pagos tendría poco efecto inmediato, porque los consumidores recibirán créditos impositivos más altos para compensar el aumento de las primas cobradas por algunos planes, con lo cual la mayoría de beneficiarios “se beneficiarán o serán ilesas”, agregó.
El fallo de Chhabria da un respiro a Trump en su lucha contra el Obamacare, cuyo intento de sustituirlo por otra ley quedó empantanado en el Congreso, ante la falta de apoyo de los republicanos conservadores, mientras que otros apoyan un compromiso con los demócratas para mantener el programa.
Una parte de las personas más susceptibles de verse afectadas si se quitan los pagos del seguro son mayoritariamente republicanas: trabajadores de ingresos medios y altos que no obtienen cobertura de seguro de un empleador, y cuyo ingreso es demasiado alto para calificar para créditos fiscales.
Los recursos que el presidente quiere eliminar, conocidos como pagos de reducción de costos compartidos, ha sido uno de los elementos más controvertidos de la Ley de Asistencia Asequible, denunciada por Trump y otros republicanos como un “rescate” para las compañías de seguros.
La demanda contra la orden ejecutiva de Trump fue presentada por los fiscales generales del Distrito de Columbia y los estados de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
El procurador general de California Xavier Becerra dijo que el estado continuará solicitando la reanudación de los subsidios federales a medida que avance el caso, y expresó la esperanza de que se resuelva rápidamente.
NTX