Gobiernos Federal y de Chihuahua logran acuerdos sobre diferendos

Los gobiernos Federal y de Chihuahua lograron acuerdos sobre diferendos en diversos temas, entre ellos que la PGR solicitará la extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, además de que se acepta el traslado del procesado Alejandro Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social 9 en Ciudad Juárez.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expuso en conferencia de prensa que, entre otros puntos, también se acordó la entrega de 900 millones de pesos convenidos a la entidad, a más tardar la semana entrante.

Explicó que la PGR, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia.

La Fiscalía General de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado, y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y estado y a los tratados internacionales.

Además se acepta el traslado de Alejandro Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social 9 en Ciudad Juárez, cumpliendo con las disposiciones judiciales y de derechos humanos.

Navarrete explicó que el acuerdo alcanzado es que, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho cambio se realizará previa certificación que en breve hará el organismo internacional Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul.

Asimismo la PGR ha informado que, en estricto apego a la ley, deja sin efectos las multas y apercibimientos que el viernes giró a la Fiscalía General de Chihuahua.

En tanto, detalló, el gobierno de esa entidad manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR.

 

Por otra parte se reitera el respeto absoluto del cumplimiento a las leyes en materia de coordinación fiscal y a los flujos que están calendarizados para las ministraciones de recursos financieros a las entidades federativas.

Sobre el convenio que ha sido objeto del diferendo entre el gobierno de Chihuahua y las autoridades federales, abundó, ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento como vehículo para la ministración de recursos a las entidades federativas.

Con ello se acordó la entrega de 900 millones de pesos convenidos a la entidad por parte de la Federación, los cuales serán formalizados a más tardar la semana entrante, mientras el Gobierno de Chihuahua asume el compromiso de no presentar una controversia constitucional.

Navarrete apuntó que en la reunión se tuvo un diálogo franco, respetuoso, directo y claro, buscando solucionar el diferendo que había entre Chihuahua y el Gobierno Federal.

Los gobiernos Federal y de Chihuahua manifestaron su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la Constitución General de la República establece, y en beneficio de todos los habitantes del estado.

 

NTX

Inversionistas ven con cautela mercado cambiario 

El peso mexicano puso fin a cinco semanas consecutivas de avances, tras cerrar la víspera con una depreciación moderada de 0.69 por ciento o 12.8 centavos, y cotizar en alrededor de 18.62 pesos por dólar, indicó Banco Base.

De acuerdo con la entidad financiera, dicha depreciación se debe a que para los participantes del mercado todavía existen riesgos importantes en contra del peso, como la incertidumbre sobre la conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Además de la especulación en contra de la moneda mexicana que surja en los meses previos a las elecciones federales de julio en México.

Señaló que tal incertidumbre propició que el tipo de cambio limitara sus ganancias en el rango de entre 18.30 y 18.40 pesos por dólar, niveles en los cuales se elevó la demanda por dólares para coberturas, con el objetivo de reducir la exposición a la volatilidad cambiaria anticipada para el segundo trimestre.

Al comienzo de la semana se destacó la conclusión de la sexta ronda en la renegociación para modernizar el TLCAN, en donde oficiales de los tres países se comprometieron a trabajar para alcanzar un acuerdo.

No obstante, todavía faltan avances importantes en los temas más relevantes, como las reglas de origen, por lo que el optimismo del mercado ha sido temporal. Hacia delante, los participantes del mercado estarán a la espera de la séptima ronda de renegociación programada para efectuarse en la Ciudad de México del 26 de febrero al 6 de marzo.

Durante la semana, el dólar se recuperó de manera moderada frente a sus principales cruces, con lo cual el índice ponderado de la divisa mostró un avance de 0.49 por ciento, el primero en siete semanas, debido a la consolidación de la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría normalizar su política monetaria.

Este viernes fue el último día de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal, posición que oficialmente será ocupada por Jerome Powell a partir del 3 de febrero, aunque formalizará su puesto como presidente del banco central hasta el lunes 5 de febrero.

Durante su mandato se anticipa una continuidad de la estrategia ortodoxa de Janet Yellen, de procurar que se alcancen los objetivos de inflación a 2.0 por ciento y máximo empleo.

En el primer año bajo la presidencia de Powell, es probable que la Fed suba su tasa de interés en tres ocasiones, siendo la primera el próximo 21 de marzo, acotó Banco Base.

NTX

LG y Honeywell ofrecen seguridad cibernética en conectividad de autos

Las empresas LG Electronics y Honeywell firmaron un acuerdo para el desarrollo de una solución de tecnología de software automotriz e infraestructura para enfrentar las amenazas asociadas con el aumento de la conectividad de los automóviles.

Ambas compañías presentaron una solución de ciberseguridad en el Consumer Electronics Show 2018, colaboración que se concentra en el desarrollo de dicha solución de seguridad para la siguiente generación de comunicaciones extremas, para lo que se está empleando conectividad celular y satelital.

En un comunicado, explicaron que la solución desarrollada por la alianza integrará la tecnología de intrusión, detección y protección para asegurar el hardware de los vehículos contra ataques externos, con las soluciones IDPS de Heneywell para proteger las redes internas de comunicación y control del vehículo, junto con el monitoreo de seguridad en centros de operaciones.

“LG Electronics reconoce la importancia de la ciberseguridad automotriz, porque los automóviles están cada vez más conectados a redes para proporcionar servicios más completos a los usuarios finales”, dijo el presidente de Vehicle Components Company de LG Electronics., Lee Woo-Jong.

Con la solución colaborativa se garantiza más la seguridad y protección de los vehículos de pasajeros, ya que exige la identificación y validación de los comandos de software y de los datos generados por más de 100 millones de líneas de código que rigen la operación moderna de vehículos.

“Hay más de una docena de áreas de ataque claramente definidas que pueden proporcionar puntos de entrada para hackear un vehículo de pasajeros. Estamos apoyando a nuestros clientes OEM con nuestra plataforma de software diferenciada para enfrentar el desafío de ciberseguridad”, añadió por su parte el presidente y director general de Honeywell Transportation Systems, Olivier Rabiller.

NTX

Infonavit avanza en programa de movilidad hipotecaria

El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, anunció que avanza el programa de movilidad hipotecaria, el cual permite que el empleado  traslade su crédito a cualquier lugar de la República que más le convenga.

Durante su participación, en la toma de protesta del Consejo Directivo 2018 de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dijo que la propuesta fue presentada hace dos días al pleno del Consejo del Infonavit, con el fin de que antes de que concluya la actual administración quede “totalmente cincelada y a prueba”.

El funcionario destacó que constituir un programa de esa magnitud implica “prácticamente imaginar otro Infonavit, por ser un proceso complejo en donde la casa no sea un ancla del trabajador ante la realidad de la movilidad hipotecaria y la movilidad laboral”.

Expresó que actualmente muchos mexicanos, por su amplia capacidad laboral, tiene la posibilidad de cambiar de residencia, por lo que el compromiso de contar con un crédito hipotecario donde viven actualmente, les impide seguir con su crecimiento profesional.

“Hoy si un mexicano trabaja y por su esfuerzo tiene que ir a otra plaza por su amplia capacidad, la casa es un ancla que le impide moverse rápido. No puede ser que su patrimonio le impida poderse seguir superando”, subrayó.

Por ello, el Infonavit trabaja en el tema porque por mandato presidencial, el programa debe quedar establecido, aunque reconoció que para ello es necesario “romper intereses conceptos e incluso hay que educar al Infonavit para que pueda florecer un programa así”. Se trata de “crear un carrito” para que el trabajador pueda “amarrar” la casa y llevársela a donde mejor le convenga.

NTX

Elecciones: alto a los homicidios de políticos

 

Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados; es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo.

La violencia en diversas entidades federativas ha alcanzado a políticos: en 11 años han sido asesinados 114 alcaldes, ex alcaldes o candidatos a alcaldías.

Es innegable que el crimen organizado ha incluido en sus intereses, presiones o venganzas el homicidio de quienes ocupan, han ocupado o se postulan a cargos de elección popular.

Antes de 2007 la perpetración de atentados contra presidentes o ex presidentes municipales era infrecuente, pero su incidencia ha ido creciendo hasta alcanzar cifras mayores en los casos de 2010, con 18 homicidios; 2013 con 12; y 2017 con 21. Al 25 de enero de 2018 ya son tres los alcaldes privados de la vida.

De los pocos casos que se han esclarecido se deduce que las más de las veces estas agresiones se deben a que las víctimas no aceptaron colaborar con el crimen organizado.

No solo alcaldes han sido atacados. Por ejemplo, del 15 de noviembre a la fecha han sido asesinados 18 políticos locales, entre alcaldes, regidores, diputados y líderes de partido: cinco de ellos en funciones, cuatro después de haber dejado sus cargos, tres precandidatos, tres candidatos, dos ex candidatos y uno electo.

El detalle es relevante porque muestra que se puede ser blanco del crimen antes, durante y después de haber desempeñado un cargo.

Los victimarios, cuya mayor parte se desplazó en camionetas y motocicletas para cometer el delito, han sido sobre todo sicarios del crimen organizado, pero también hay casos de policías o de competidores. El número de atacantes varía, desde dos hasta el caso extremo de 30.

Las víctimas, prácticamente de todos los partidos, han caído con sus familias o frente a ellas, sin o con escoltas, en carreteras, domicilios propios, restaurantes y hasta en las plazas principales de algunos municipios. Hay acribillados, decapitados e incluso uno fue previamente secuestrado y torturado.

Rumbo a las elecciones del 1 de julio, esta tendencia del crimen organizado a asesinar políticos, y la vulnerabilidad en que algunos se encuentran, especialmente en municipios pequeños, representa para las autoridades un desafío que debe ser atendido con urgencia y eficacia.

Aunque algunas autoridades, partidos y organizaciones de la sociedad civil han señalado este fenómeno criminal, nos falta alzar la voz con mayor énfasis para garantizar, en el caso de las autoridades, y para demandar, en el caso de los institutos políticos y la sociedad civil, seguridad y justicia.

El pasado 5 de enero la Secretaría de Gobernación anunció, luego de una reunión con dirigentes del PRD, la instalación de una mesa nacional de análisis de riesgos y generación de protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios, foro al que, se asegura, se convocará a todos los partidos.

Es urgente que se lleven a cabo estos trabajos y que se considere lo subrayado por la Asociación Nacional de Alcaldes, en cuanto a que de los 114 alcaldes o ex alcaldes asesinados, 35 lo eran de municipios de menos de 10 mil habitantes y 55 de jurisdicciones de entre 10 mil y 50 mil habitantes. Los 24 restantes presidían o habían presidido municipios más grandes.

Todas estas circunstancias merecen atención específica para tomar todas las medidas posibles a fin de que los candidatos puedan sustraerse a las amenazas y no paguen por ello con su vida.

Más aún, en tiempos de una enorme presión a los políticos locales por parte del crimen organizado, es indispensable responder con un claro mensaje de cero impunidad. Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados. Es la forma más eficaz de frenar esta ola de crímenes e impedir que el homicidio de políticos se normalice e invada la esfera electoral. Es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo.

Por la protección de la vida en primer término, pero también por la protección de la democracia y el proceso electoral, tenemos que ser muy eficaces al brindar seguridad a los candidatos, unos porque están a la vista de todos y otros, en contraste, por no estar a la vista de nadie. Todos son relevantes y todos representan el sistema de relevo institucional y democrático que hemos elegido y que tenemos que defender en favor de nuestra estabilidad social y política.

@mfarahg
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

Fotomultas, el gran negocio

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de Hiram Almeida, dará a conocer en cualquier momento al ganador de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN-30001066-001-18 para contratar el servicio subrogado para la sistematización de infracciones, lo que usted y yo conocemos como fotomultas. Sin embargo, al parecer Inteltráfico, empresa que participa en dicha licitación, ya se dio como ganadora. Sus empleados han comenzado a informar que cambiarán de oficina para su nuevo contrato. La licitación levanta sospechas debido a sus requisitos tan específicos y que deben ser cumplidos por los proveedores en tan poco tiempo sin importar si ganan o no, así como por la abismal diferencia entre la propuesta económica de Inteltráfico contra su novato rival.

Nos comentan que en las bases de esta licitación se pide que el proveedor ya tenga su centro de operaciones al día siguiente de la firma del contrato, en la Ciudad de México, pero además, éste debe tener ciertas características: contar con control de acceso de personal, área para maniobras de carga y descarga de equipos, así como vehículos y operadores ya capacitados para realizar las tareas, entre otros que pide la dependencia al día siguiente de la firma, pues se pide comenzar de manera “inmediata”. Por si fuera poco, la dependencia de Almeida Estrada dice que antes de dar el fallo al ganador, se reservan el derecho de realizar las visitas necesarias a las instalaciones de los licitantes para “constatar” que cuentan con la infraestructura, capacidad técnica y personal calificado. Tomando en cuenta, ¿qué cree?, la capacidad instalada actual del proveedor.

Teclo e Inteltráfico son las únicas concursantes y de éstas, sólo Inteltráfico tuvo un contrato del 2015 al 2017 con el gobierno de Miguel Ángel Mancera para el sistema de fotomultas, por lo que sería el único de los participantes capaz de demostrar la capacidad en la materia a pesar de que su propuesta económica por un año de operaciones sea hasta de 230 millones de pesos más cara, nos mencionan, que la de Teclo. Preguntas surgen: ¿qué otros proveedores de tecnología sin oficinas en la CDMX habrían tenido la oportunidad de participar en esta licitación cuando las bases se dieron a conocer apenas el 12 de enero y cuando se pretendía dar el fallo el 22 de enero? ¿10 días son suficientes para encontrar un centro, adquirir vehículos, contratar a trabajadores y capacitarlos para aquellos concursantes nuevos? ¿Quién haría semejante inversión sólo por la posibilidad de ganar? ¿Le conviene a Mancera Espinosa en tiempos de elecciones entramparse en un polémico fallo? El veredicto final no debería pasar de esta semana.

Tema: Spit Financiero