La Casa Blanca descartó hoy que el presidente Donald Trump extienda la fecha límite del 5 de marzo que dio al Congreso para presentar una solución legislativa para los 690 mil beneficiarios del programa DACA, o de lo contrario poner en marcha el proceso para eliminarlo.

El jefe de Gabinete, John Kelly, argumentó que debido a que el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) establecido en 2012 por el expresidente Barack Obama es considerado como ilegal por no descansar en ley alguna, no cree que el mandatario tenga la autoridad para extenderlo.

“Lo dudo mucho”, respondió el exmilitar retirado cuando fue cuestionado al respecto por un grupo de reporteros en el Capitolio, poco después de celebrar una reunión a puerta cerrada con el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

Kelly dijo que aunque la última palabra la tendrá el mandatario, su consejo a éste será en contra de la extensión por considerar que el Congreso ha tenido tiempo suficiente para responder al llamado del mandatario, si bien hasta ahora no ha habido consenso entre republicanos, demócratas y la Casa Blanca.

Dos semanas atrás Trump presentó una propuesta migratoria que descansa en cuatro pilares, con la expectativa de que pudiera servir como base para una eventual iniciativa legislativa a ser discutida en el Senado, que no parece haber generado apoyo suficiente entre demócratas y republicanos.

Trump ofreció una ruta a la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños, ampliando por mucho el universo cubierto por DACA, además de reformas para limitar la migración en cadena y terminar con la lotería de visas.

A cambio de ello, solicitó una partida de 25,000 millones de dólares para financiar la construcción del muro, contratar más personal para agencias migratorias y fortalecer la seguridad fronteriza a través de mejoras en infraestructura y el despliegue de más tecnología.

Pero los demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se han manifestado contra ese plan argumentando que el mandatario solamente busca usar a los jóvenes indocumentados como fichas de negociación política para un acuerdo que consideran inaceptable.

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El juez encargado del caso del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán aceptó la solicitud de la fiscalía para que los miembros del jurado en este juicio, que se celebra en Nueva York, obtengan protección debido a la peligrosidad del acusado.

En una decisión, con fecha del 5 de febrero, el juez Brian Cogan consintió en que las identidades y toda la información de los miembros del jurado fueran inaccesibles para todos los participantes en el juicio, programado para comenzar en septiembre proximo, así como para los medios de información.

El juez aceptó que los miembros del jurado de este caso fueran transportados todos los días hacia y desde la corte, ubicada en el condado de Brooklyn, por el servicio de alguaciles de Estados Unidos.

También aceptó que los miembros del jurado sean removidos de la sala en cada receso de la corte.

“El gobierno ha mostrado poderosas y creíbles razones para considerar que el jurado necesita protección. Aunque el sospechoso no enfrenta cargos por ningún crimen violento, la acusación señala que el acusado, como líder del Cartel de Sinaloa, empleaba sicarios o pistoleros”, expresó Cogan.

Estos sicarios supuestamente condujeron “cientos de actos de violencia”, incluyendo asesinatos, ataques y secuestros, indicó Cogan.

El juez también reconoció que individuos que aparentemente no se encuentran bajo el control de Guzmán expresaron su deseo de ayudarlo, como en el caso de unos prisioneros del estado de California, que le ofrecieron los servicios de “más de tres mil 500 soldados”.

Cogan negó así el argumento del abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, quien había afirmado en enero pasado que proteger a los miembros del jurado crearía “la impresión extremadamente injusta de que él es una persona peligrosa”.

Balarezo consideró que los argumentos presentados por la fiscalía para que el juez consintiera en ofrecer protección a los miembros del jurado están basados enteramente en noticias de prensa y testimonios de testigos a los que se ha ofrecido un trato para reducirles la sentencia.

El juicio de Guzmán, quien ya fue sentenciado en México por tráfico de drogas, está programado para iniciar en septiembre próximo en Nueva York, donde enfrenta 17 cargos por importar y distribuir cientos de toneladas de estupefacientes en Estados Unidos.

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Un sismo de magnitud preliminar 6.4 grados en la escala Richter sacudió hoy al norte y este de Taiwán y, aunque aún no hay reportes que confirmen o descarten posibles víctimas, cientos de casas habrían sufrido daños, de acuerdo con reportes iniciales.

El movimiento de tierra se registró a las 23:50 horas locales de este martes (15:50 GMT) y tuvo su epicentro en el mar a unos 18.3 kilómetros al norte de la bahía del condado de Hualien, a una profundidad de 10 kilómetros, indicó el Centro de Sismología de China.

Este temblor, que llegó días después de una sima de terremotos registrada en los últimos días, se sintió con mayor intensidad en la ciudad de Hualien y en el municipio de Nan’ao, en el condado de Yilan, aunque también fue percibido en toda la isla.

Reportes de la página web de noticias Focus Taiwan señalan que al menos 702 viviendas habrían resultado dañadas por el sismo.

Un total de 14 pequeños sismos sacudieron la costa este de Taiwán más temprano en el día, de los cuales los cuatro más intensos tuvieron una magnitud de entre 4.0 y 4.7 grados y tuvieron el mismo epicentro.

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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, aseguró hoy que “jamás” huirá de Brasil, y dijo que participará en los comicios de octubre para aspirar a un tercer mandato.

“La palabra ‘huir’ no existe en mi vida. Soy ciudadano brasileño y estoy orgulloso de serlo”, dijo Lula da Silva en entrevista con la emisora brasileña Radio Jornal en la que reiteró que será el candidato de la izquierda en octubre.

Tras ser condenado en segunda instancia el 24 de enero, un juez retiró el pasaporte a Lula da Silva al considerar que existía riesgo de fuga durante la participación del exmandatario en un evento de Naciones Unidas y la Unión Africana en Etiopía.

Sin embargo, sus abogados lograron posteriormente revertir esa decisión en cortes superiores, y ahora Lula da Silva recurrió al Supremo Tribunal Federal (STF), la mayor instancia judicial del país, para pedir que no sea inhabilitado políticamente.

“Voy a luchar en la Justicia, porque soy inocente. Voy a seguir creyendo en las instancias superiores”, agregó Lula da Silva, al insistir que no cometió ningún crimen, aunque tiene media docena de causas abiertas en la Justicia además de la condena por recibir un departamento de tres plantas de la constructora OAS a cambio de favores.

“Creo que voy a ser candidato, porque creo que la verdad prevalecerá al final”, aseveró el exmandatario, quien prevé lanzar su precandidatura a la presidencia de Brasil esta semana, cuando será arropado de nuevo por el Partido de los Trabajadores (PT).

El exsindicalista, que gobernó entre 2003 y 2010 el país y abandonó la jefatura del Estado con una popularidad del 80 por ciento, rebajó de esta forma el tono ante el Judiciario, después de denunciar durante semanas que es víctima de una persecución judicial para impedirle volver a gobernar en Brasil.

La condena a Lula da Silva, que podría provocar su inhabilitación e ingreso en prisión en semanas, tiene dividida a Brasil en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el expresidente es el gran favorito.

Los últimos sondeos mostraron que los problemas judiciales de Lula da Silva no influyeron en sus aspiraciones a un tercer mandato: lidera las encuestas con entre el 34 y 37 por ciento de la intención de voto y vencería las elecciones ante cualquier candidato.

Con todo, la mayoría de brasileños (53 por ciento) cree que el expresidente debería ser encarcelado.

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