Una de las propuestas más controvertidas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, incluidas en su plan de austeridad y de descentralización del gobierno, es la de recortar en hasta 70 por ciento las plazas de confianza, así como el ingreso y privilegios que perciben los altos funcionarios actualmente.

Ese porcentaje implica que más de 200 mil personas perderían su trabajo, y que de los que se queden, algunos tendrán que aceptar una sustancial reducción de sus sueldos, porque ya nadie podrá ganar más de los 108 mil pesos mensuales que ganará el presidente de la República.

Eso sin contar con que con la descentralización, muchos otros tendrán que mudarse según la dependencia en la que trabajen, a distintas entidades del país.

Por supuesto hay molestia de parte de quienes se verían afectados, pero la realidad, es que muchas de esas plazas y hasta dependencias, nunca debieron existir en primer lugar. La Administración Pública Federal no es ni debe ser la ‘bolsa de empleo’ más grande de México.

La labor primordial del Estado es la de garantizar la seguridad de las personas, tanto en sus bienes y propiedades, como en su integridad física, y claro, castigar a quien atente contra ellas.

Ahí es donde deben enfocarse los esfuerzos del gobierno, y no deben escatimarse recursos para ello, como tampoco despilfarrarse en labores que no le son propias, como la de ‘estimular’ una economía.

Son los empresarios y los trabajadores los que la hacen crecer, crean empleos y aumentan la riqueza y el bienestar de una sociedad, no los gobiernos. Su labor, reitero, está en garantizar la seguridad y propiedad de las personas, lo que significa a su vez hacer valer un mercado competitivo donde, con libertad, los consumidores sean quienes decidan qué empresas, giros y empleos deben prevalecer y cuáles desaparecer. No hay nada más democrático que eso.

En un mercado todos tienen que respetar idénticos derechos en todos los demás, sin excepciones, y es obligación de la autoridad hacerlo valer.

Cuando en cambio lo que busca el gobernante es decidir de manera central lo que es ‘mejor’ producir o detener, importar, cuánto deben constar las cosas, cuál debería ser el salario ‘justo’, etc., la economía comienza a desvirtuarse porque sigue la peor de las guías posibles: la de un burócrata que NO es, NI PUEDE SER más listo, ni tener más información que millones de seres humanos actuando y decidiendo en libertad cada segundo con quién, cuánto y a qué precios comprar para satisfacer sus gustos y necesidades.

No por nada las economías centralmente planificadas fueron un completo desastre a lo largo de todo el siglo XX, y hoy en día, las menos libres están siempre entre las peores, más empobrecidas y con menos libertad para sus ciudadanos, como Cuba, Corea del Norte o Venezuela.

China y Rusia, en cambio, jamás volverán a la tragedia de la planificación central del pasado, y ven hacia delante la posibilidad de consolidarse como potencias gracias a la competencia y el mercado.

Así las cosas, le decía que en México a los largo de décadas de gobiernos priistas y panistas, se ha engordado un enorme y obeso aparato burocrático, ocupado en actividades diversas a las que no deberían dedicarse tantos recursos ni personal.

Por esa razón, en este espacio no podemos sino estar de acuerdo con la propuesta de López Obrador de adelgazar la burocracia.

Ahora bien. Para que esos sean ahorros reales y no sólo propaganda populista, el dinero que ya no se gaste en burócratas y privilegios, tampoco debe derrocharse en ‘apoyar’ la economía, ni tampoco en ‘programas sociales’, que diversos estudios han demostrado que no son eficientes ni eficaces en el combate a la pobreza, y que pueden comprometer la estabilidad financiera del país además de generar clientelas políticas.

Las frágiles finanzas públicas que deja Peña Nieto, no dan mucho espacio fiscal para AMLO.

Por eso, bienvenida la austeridad si será real, pero lo más importante a cuidar es que el gobierno ya no incurra en déficit fiscal y que no haya aumento de la deuda, pues esto es indispensable para la estabilidad económica de México. Sin ella, no habrá progreso social que perdure.