Una amplia mayoría de los venezolanos vive en la pobreza, al menos el 87 por ciento de la población, mientras que el 61 por ciento ya cayó al nivel de la miseria extrema, como resultado de casi seis años de mala gestión del régimen del presidente Nicolás Maduro.
La denuncia sobre la dramática situación en la que viven la gran mayoría de los venezolanos fue presentada ante Naciones Unidas por representantes de la ONG venezolana Codevida y del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello.
“La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos”, afirmó Francisco Valencia, representante de Codevia, una entidad defensora del derecho a la salud y el acceso a medicamentos.
“El 87 por ciento de la población vive en la pobreza y el 61 por ciento en extrema pobreza”, detalló.
“Los niveles de inseguridad alimentarios son altísimos. El 55 por ciento de los niños menores de cinco años sufren malnutrición”, agregó el activista, citando datos gubernamentales, de Cáritas y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Más de ocho millones de venezolanos solo comen dos veces por día o menos, y lo que ingieren no es nutritivo. De media, los venezolanos perdieron 11 kilogramos de peso solo en 2017”, aseguró a su vez Eduardo Trujillo, del CDH de la Universidad Católica.
El acto en el que participaron los activistas fue organizado por la ONG defensora de las libertades fundamentales Human Rights Watch y llevado a cabo en paralelo a la trigésimo novena sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ambos activistas intentaron explicar a la audiencia cómo es vivir “sin una distribución regular de agua potable y de electricidad y con una inflación del 233 por ciento”, en palabras de Valencia.
El representante de Codevida explicó que ante esta desesperada situación era entendible que 2.3 millones de personas hayan abandonado el país, “entre ellos, el 50 por ciento del personal sanitario de los hospitales públicos”.
“Una sola enfermera tiene que ocuparse de 80 pacientes en un día”, explicó Valencia.
Denunció que “16 mil enfermos renales tienen su vida amenazada porque se han clausurado los centros de diálisis; cinco mil pacientes hemofílicos no reciben tratamiento de coagulación; 33 mil enfermos de parkinson no obtienen medicinas, y 80 mil seropositivo no perciben tratamientos antiretrovirales desde 2017”.
Agregó que en los últimos años el número de muertos a causa del Sida o enfermedades relacionadas aumentó de mil 600 al año hasta los cinco mil.
Además, sostuvo que 55 mil personas enfermas de cáncer no obtienen quimioterapia o las medicinas necesarias y que la mayoría de los centros de tratamiento del cáncer han clausurado.
Valencia dijo, además, que se estaban produciendo brotes de enfermedades que ya habían sido controladas en el país, como el sarampión (más de cuatro mil casos) o la malaria (500 mil) y que las cifras de infectados sigue aumentando.
Por su parte, Trujillo puso énfasis en la urgencia de solicitar a la comunidad internacional y a la ONU que se defina a los que huyen del país como “refugiados o emigrantes forzosos”, porque abandonan su tierra natal forzados por la crisis.
“Es por ello que necesitan protección internacional”, afirmó y dijo que según datos recogidos en Perú y Brasil por la Organización Internacional de la Migración, los venezolanos que huyen lo hacen por cuatro razones: falta de alimentos, falta de medicamentos, por la inseguridad y por la situación económica.
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