Un juez federal ordenó la libertad por falta de elementos de ocho presuntos integrantes de Guerreros Unidos, implicados en el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución fue dada a conocer por el Tercer Tribunal Unitario en acato a la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito que ordenó reponer el procedimiento contra los implicados.

Se trata de Jacobo Patricio Reyes Landa, El Pato; Salvador Reza Jacobo; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena; Gildardo López Astudillo, El Gil; Jonathan Osorio Cortés, entre otros.

Fueron señalados por la Procuraduría General de la República como los principales jefes y sicarios del grupo Guerreros Unidos, quienes trasladaron a los normalistas de Iguala al basurero de Cocula, donde, según la verdad histórica, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.

El Gil, de acuerdo a la investigación de la PGR, fue quien dio la orden de levantar a los estudiantes y trasladarlos de Iguala al basurero de Cocula, luego de que informó al jefe máximo de esa organización criminal Sidronio Casarrubias Salgado que integrantes de Los Rojos habían ingresado a Iguala.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero, razón por la que un juez federal lo condenó a pasar nueve años en prisión y al pago de 58 mil 890.60 pesos de multa.

Además, el juez lo amonestó para que evite reincidir en la comisión de algún delito y le suspendió sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión. Ordenó el decomisó de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún Quintana Roo.

Antes de dictar su fallo, el juez preguntó al ex mandatario de Veracruz si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en la comisión de los delitos que la PGR le imputó.

“En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”, respondió Duarte de Ochoa.

Entre los inmuebles asegurados se encuentra un predio ubicado en las Lomas de Chapultepec, en el que el ex mandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que supuestamente fueron adquiridos para sus hijos y cuyo valor es de 45 millones 500 mil pesos cada uno.

Los ministerios públicos de la PGR no solicitaron una condena de reparación del daño, pues conforme a la ley, los delitos de los que Duarte se declaró culpable no admiten esta pena.

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte especificó que debido a que Javier Duarte aceptó llevar su procedimiento de manera abreviada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena de prisión que le impuso no podrá ser sustituida por ningún beneficio.

De los nueve años de prisión a los que fue condenado, explicó que se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad; es decir que empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente pasará en prisión siete años y medio.

Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total y por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario del 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos. En ambos casos el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.

Al término de la diligencia, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien encabezó la defensa del ex gobernador, afirmó que con la estrategia de solicitar un procedimiento abreviado se evitó la prolongación indefinida del juicio.

“Únicamente porque la ley procesal en vigor obliga al imputado a aceptar su responsabilidad por el delito que se le acusa, es que mi defendido admitió ser partícipe en los hechos imputados, ya que se insiste, no hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite que algún recurso proveniente del Gobierno del estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de forma ilegal”, puntualizó.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declarará culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante la audiencia, será dada a conocer la pena que la PGR solicitará al juez que puede ser menor a la que requirió en su acusación formal, que fue de 24 años de prisión.

Javier Duarte fue detenido en Guatemala en abril del año pasado gracias una orden de aprehensión.

El 13 de octubre de 2016 la PGR obtuvo esa orden de aprehensión por ser probable responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erarioo y que fueron entregados a empresas fantasmas, que a su vez lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diversos prestanombres.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a que en los primeros días de diciembre emitirá un decreto para crear la Comisión Investigadora del caso, a fin de llegar a la verdad y la justicia.

“Hice el compromiso que el día 1 diciembre vamos a emitir un decreto para crear la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y justicia”, expresó luego de de la reunión que tuvo con los padres de los desaparecidos.

En conferencia de prensa conjunta con los padres de los estudiantes, indicó que con ellos se acordó solicitar de manera respetuosa al Poder Judicial que se reafirme la sentencia para que se pueda constituir la Comisión Investigadora de este caso.

Detalló que, por parte del Ejecutivo, corresponderá a Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, “coordinar los trabajos para que se cumplan los compromisos que estamos haciendo en el caso lamentable, triste, de los jóvenes de Ayotzinapa”.

El presidente electo aseveró que en este caso se investigarán todas las líneas, incluidas las que pudieran involucrar a las Fuerzas Armadas, para llegar a la verdad.

Abundó que durante la reunión también se acordó abrir las puertas del próximo gobierno y del país a los organismos internacionales de defensa, de derechos humanos, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para coadyuvar con este esfuerzo.

Afirmó que también se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie su función tradicional, por lo que “no va a tener que ver con asuntos policiacos, se va a dedicar a las relaciones políticas, se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos”.

Acompañado por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agregó que cumplirá con lo ofrecido a los familiares de los jóvenes, quienes “son un ejemplo para todos los que lucha en México y en el mundo por la justicia”.

López Obrador sostuvo que conocer la verdad en este caso fortalece a las instituciones, “no debemos de temer, ni de tener miedo si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira”.

En ese sentido agregó que “en vez de debilitar las instituciones se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes y se castigue a los responsables”.

A su vez, los padres de los desaparecidos, María Elena Guerrero y Epifanio Álvarez, coincidieron en que los acuerdos alcanzados hoy y la disposición manifiesta de López Obrador representan “una luz de esperanza” para poder llegar a conocer la verdad de lo sucedido a sus hijos.

“Después de cuatro años, este es el primer día en que los padres de familia nos sentimos con la esperanza de que el próximo gobierno diga sí a nuestras peticiones” y se llegue a la verdad en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, expresaron.

Luego del encuentro que sostuvieron con el mandatario electo en el Museo Memoria y Tolerancia, en la zona centro de la Ciudad de México, los padres expresaron su sentir: “los estamos esperando con ansia para abrazarlos y besarlos”.

Tras agradecer esta reunión, expresaron la esperanza de ver la luz, pues en ocasiones han sentido el deseo de morir y no seguir viendo el sufrimiento de los familiares, “cómo se debaten en el dolor” y cómo han dejado en el olvido a sus demás hijos por buscar a los que están perdidos.

NTX/ARM-MCR/AOD/MAC