Además de asumir el rol de contrapeso de los gobiernos de América Latina, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben observar que se aplique una política migratoria con perspectiva humanitaria.
También deben llevar a cabo una labor de concientización y sensibilización en la sociedad respecto de los riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad, ya que con frecuencia son víctimas de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia.
En Quito, Ecuador, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez dijo que más allá de reproches, debe prevalecer el diálogo constructivo que posibilite a esa población la protección más efectiva de sus derechos fundamentales.
Ello, toda vez que el principal reto en esta materia es cerrar la brecha existente entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales en materia migratoria y lo que millones de personas en esta situación viven día a día.
Al participar en la conferencia de prensa conjunta con los Ombudsperson de la región andina, resalto que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la hoja de ruta a seguir.
Gonzalez Pérez insistió que las Instituciones Nacionales deben ejecutar acciones en favor de las personas que, por causas asociadas a la violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como la defensa de su dignidad.
El primer paso para resolver la crisis de derechos humanos que atraviesan las personas en movilidad humana es reconocerla y, posteriormente, sumar voluntades y diseñar estrategias que faciliten su atención e integración en otras naciones, añadió.
Detalló que su participación en este Foro Regional tuvo como objetivo compartir la experiencia del caso mexicano, ya que México es país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
En ese marco, se dio a conocer la Declaración Conjunta de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana.
Los Ombudsperson de México, la Región Andina y Brasil se pronunciaron porque los Estados nacionales de esa zona faciliten los procesos de ingreso y regularización migratoria de las personas venezolanas en contexto migratorio.
Además, porque se respeten sus derechos de asilo y refugio, que puedan acceder a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos y eficaces, con respeto a los instrumentos internacionales en la materia.
NTX/GVM/SGR