Hace ya más de 100 años que México sostiene en materia de drogas una política y un sistema normativo de carácter prohibicionista.
Lejos de ser el único, formamos parte de los más de 188 países que en su momento suscribieron las tres convenciones de la ONU relativas a este tema y que destinaron recursos, tiempo y esfuerzos para materializar sus disposiciones.
Se trataba, según las convenciones internacionales, de lograr “La erradicación del mercado de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que atienda fines distintos al médico o
científico.”
Así, casi todas las naciones del mundo se lanzaron formalmente tras ese objetivo, que no se cumplió en ningún caso.
Al paso del tiempo, presenciamos la aparición de efectos indeseables: se impidió que las personas que necesitaban de algún estupefaciente o sustancias psicotrópicas para fines terapéuticos y medicinales tuvieran acceso a ellos; la producción y el consumo para fines no médicos o científicos se incrementaron; surgieron y se expandieron grupos del crimen organizado que capitalizaron el prohibicionismo para enriquecerse y corromper e infiltrar instituciones y, más tarde, para dañar el tejido social e incluso, como infortunadamente lo hemos visto en México y otros países, para generar alarmantes entornos de inseguridad y violencia.
El crimen organizado fue y es el gran beneficiario, como terminó siéndolo también la industria armamentista y, de otra manera, la farmacéutica y los aparatos estatales que recibieron grandes presupuestos para “erradicar las drogas ilegales”.
La senadora Olga Sánchez Cordero apuntó, al presentar la iniciativa en el Senado: “240 mil muertos, 40 mil desaparecidos. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país.”
Sin prejuicios ni dogmas paternalistas, y luego de la experiencia de más de un siglo, exacerbada en la última década, podemos hoy poner frente a frente las dos opciones principales: o seguimos persiguiendo la erradicación del uso de las drogas para fines no médicos y científicos, o nos orientamos a trabajar en favor de la salud y la seguridad.
Las otras dos opciones confrontadas son el prohibicionismo y la regulación del uso recreativo.
A estas alturas, resulta claro que el objetivo de la erradicación, vía prohibicionismo, se agotó, y que hoy lo que procede es proteger la salud y la seguridad, vía la regulación.
Como apunta Jorge Díaz Cuervo en su libro Drogas. Caminos hacia la legalización: “Puede ser más efectivo cuidar el cómo, dónde y qué se consume, que seguir cuestionando el por qué o el para qué”.
Y agrega: “Parte importante del planeta parece estar dispuesta a buscar alternativas, impulso que se gesta en estados democráticos y constitucionales, comprometidos con valores superiores, como el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos, y en particular al principio pro persona que deriva de ellos (…) El cambio o ajuste de modelo está en marcha. Incluso dentro del sistema de las Naciones Unidas”.
No será fácil el cambio de visión en la ONU, habida cuenta del papel preponderante que tiene en ella Estados Unidos y lo errático de su presidente actual, pero si se reorientan los acuerdos globales superaremos las contradicciones del sistema normativo vigente con los derechos humanos, entre otros, el derecho a la salud, a un proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad, y a no sufrir discriminación, entre otros.
Cabe, también, tener en cuenta que si bien es un desafío global que requiere la colaboración internacional, tiene características regionales que deben atenderse al diseñar e implementar políticas públicas, cuya orientación primordial debería ser preservar la vida y la salud, y no la estigmatización de los consumidores y de la asociación droga y delito.
En todo caso, al celebrar la nueva orientación, es preciso tener presente que nos falta mucho camino por recorrer, no para desalentarnos sino para estar conscientes del tamaño y complejidad del reto.
El cambio, dice Díaz Cuervo, “Solo parece posible, en el mediano y largo plazos, si se articulan dos conceptos: visión (adónde queremos llegar) y gradualismo (el ritmo al que se quiere avanzar)”.
Estamos en presencia de un cambio de visión que puede contribuir a la protección de los derechos humanos, tanto de los consumidores como de los que no lo son, y que puede hacer una aportación real a la recuperación de la seguridad y la paz pública.
Solo cambiando paradigmas podremos modificar los
resultados.