La corrupción es uno de los elementos que más inhiben el desarrollo económico. En el caso de México, lo es más debido a sus altos niveles, así como a la espiral con la que fue creciendo sobre todo durante los último seis años y a la impunidad que todos presenciamos. Cuando se ha documentado el desvío de cientos de miles de millones de pesos sin que se haya respondido ante las autoridades, la sociedad se lastima sensiblemente. Por ello, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta ante todos una esperanza de que esta tendencia comience a revertirse.
El tener un presidente honesto en este momento es uno de los grandes activos que tenemos los mexicanos ante la realidad en donde los conceptos de conflicto de interés, corrupción e impunidad no fueron claramente definidos para sí misma desde la autoridad federal hacia la sociedad. La indiscutible ética del presidente y su plena disposición a responder todos los días ante la gente es algo que nos hacía falta. Empero, es sólo el comienzo de una tarea que nos corresponde a todos para reconstruir los valores entre la relación de nosotros como sociedad con nuestro gobierno.
En estos días estamos atestiguando el inicio de la lucha frontal en contra de la corrupción. El por dónde comenzar es muy difícil de evaluar. Con el combate al robo del combustible, comienza a surgir la interrogante de qué otra área estará igual de trastocada por el fenómeno. Lo penoso es que, con toda seguridad, en la obra pública, programas sociales, materiales, sector inmobiliario, seguridad, etc., deben de haber hechos lastimosos. No podemos hablar de casos de corrupción sino de corrupción como un sistema. Sin embargo, hoy tenemos un área de oportunidad invaluable de la mano de este gobierno para comenzar a cambiar las cosas a nuestro favor.
Uno de los hechos que en mi opinión es el más relevante que el gobierno hace concretamente en la lucha contra la corrupción es su decisión de no incrementar los impuestos hasta en tanto no demuestre su adecuado uso. El exceso de deuda pública que se contrató en los dos sexenios anteriores y la debilidad de las finanzas públicas con la que se entregó el gobierno pudieron ser motivos suficientes para iniciar un proceso de una nueva reforma fiscal. No obstante, se tomó la decisión de no hacerlo pese a la legitimidad social y su mayoría en ambas cámaras. La más reciente reforma fiscal fue además de eminentemente recaudatoria, laxa en su revisión de los gastos y deuda pública y, sobre todo, se dio en medio de los más altos escándalos de corrupción que se haya tenido memoria; ello dejó a la sociedad desconectada de su sensibilidad con su gobierno.
El impacto económico de la corrupción es muy alto, alcanzando 10% del PIB. La organización Transparencia Internacional ha señalado que, junto con Venezuela, en nuestro país cuatro de cada 10 personas han tenido que pagar un soborno para tener acceso a programas de salud o educación. Y contamos con sólo cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, cuando en promedio los países de América Latina tienen ocho, y nuestra inversión en justicia y seguridad es de 1% del PIB, cuando en la OCDE es de 4 por ciento. El Economista informó que el Índice Global de Impunidad menciona que México ocupó en el 2017 el lugar 66 de 69.
La corrupción afecta el proceso de libre empresa y competencia en donde los empresarios que tienen el mayor favor del sector público son los que tienen el beneficio por encima de otros competidores, dejando de lado la innovación, mejora de productos y en buena medida la calidad de lo que ofrecen a la gente. Lo mismo se puede decir del efecto nocivo sobre las finanzas públicas por la generación de excesivos gastos para reponer obra pública con sobrecostos y mala calidad, así como la evasión fiscal producto de los sobornos que generan. Por último, la corrupción también tiene una afectación negativa en la imagen del país ahuyentando las inversiones que son las que generan la mayor fuente de crecimiento de largo plazo. La correlación corrupción-aplicación de la ley es de 2%, en donde en las naciones desarrolladas es de 80 por ciento. No estamos ante un tema de leyes sino de su aplicación y el ejemplo hacia los demás.
Como siguiente paso, podríamos comenzar por evitar exigir que siga la tendencia del pasado a simular bajo la lógica del señalamiento, escándalo y olvido hasta que llega el siguiente caso. Es más sano ir al fondo, por ejemplo, con profundizar la desregulación de la actividad económica y en general de la vida pública. Todos los días surgen trámites nuevos a los que el gobierno somete a los ciudadanos que se traducen en nulo desarrollo, poca autoridad real y le quitan una parte muy importante de sus recursos, comenzando por su tiempo y su dinero. Tenemos que dejar de ser el país de los trámites y las fotocopias, así como de los tiempos ociosos de los ciudadanos en las oficinas de gobierno esperando por un permiso, acta u autorización. El exceso de reglas y regulación que la sociedad tiene que cumplir no provoca un mejor comportamiento social y sí abre la puerta a buena parte de actos de corrupción.
Cortesía de EL ECONOMISTA