La escasez de combustible en todo el país representa la primera gran crisis que AMLO debe enfrentar, en menos de un mes desde su toma de posesión. Aun cuando aplaudimos la resolución del gobierno para combatir un problema que se ha convertido gradualmente en una amenaza nacional, pensamos que los efectos secundarios de su estrategia pueden ser importantes.
El gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la nueva estrategia antirrobo superan los costos de la estrategia. Sin embargo, por definición, los costos estáticos de cambiar a una forma menos eficiente y costosa de transporte de combustible exceden los beneficios. Para que este sea una política pública recomendable, la medida debe ser temporal y la reducción del robo, una vez que se regrese a la normalidad, debería ser lo suficientemente significativa como para compensar el costo que la medida estuvo vigente.
En el nivel macro, pensamos que la medida constituye un choque de oferta, con impactos principalmente en la actividad. Suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días, estimamos una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos. Además, asumimos una recuperación de 13 mil millones de pesos para fines de enero y otros 3 mil millones en el siguiente mes. En consecuencia, la pérdida neta total del PIB es de 23.6 millones de pesos o alrededor de 0.1pp del PIB.
Sin embargo, los costos de eficiencia y los impactos macroeconómicos también se intensificarían cuanto más tarde en reanudarse el servicio normal. Para nuestras estimaciones, hemos asumido que el número de estados afectados permanece constante y con un impacto que dura como máximo 17 días. En este escenario particular, el efecto, si la situación actual dura 45 días, implicaría un impacto de 0.3pp del PIB (gráfica 4).
