“Cualquier cambio serio hacia sociedades más sostenibles debe incluir la igualdad de género”.

Helen Clark, ex Primer ministro de Nueva Zelanda.

Esta semana se conmemora nivel internacional el día internacional de la mujer. Conviene recordar que no se trata de un evento motivo de felicitación a las mujeres. Es un recordatorio (que no debería ser anual), de la necesidad de realizar adecuaciones a los temas económicos, políticos y sociales que han generado y mantienen, barreras de acceso, desigualdad e inequidad de género y que impiden el acceso a las mismas oportunidades a las mujeres, a nivel mundial.

De acuerdo con los datos más recientes de la OCDE, la diferencia salarial por género se encuentra en niveles cercanos al 14% para el conjunto de los países pertenecientes a esa organización. El dato desglosado es más grave; existen países de mayor nivel de desarrollo, que tienen brechas salariales mayores como el caso de Corea con una brecha de 35%. Países como México reflejan niveles de brecha aparentemente inferiores (11% para el caso de nuestro país) pero la cifra no evidencia que una gran parte de la población, con salarios muy deteriorados, no tiene mucho margen para una diferencia salarial mayor; la cual es mucho mayor al promedio general tratándose de segmentos de niveles mayores de ingreso de la sociedad.

La diferencia es más grave en personas auto empleadas. Si bien no existen datos para México, en Italia, que muestra una brecha salarial de 5.6%, cuando se trata de personas auto empleadas la brecha aumenta hasta casi 50%, situación que debe ser muy similar a la que se presenta en México.

El nivel de desigualdad en casi todos los campos es tan significativo que se requiere de políticas y acciones que establezcan, de arranque, un trato desigual que permita compensar la situación actualmente imperante. Los frecuentemente criticados programas de acción afirmativa parten de esa premisa: no basta garantizar acceso igual; es necesario crear accesos desiguales que por lo menos en las primeras etapas compensen las enormes diferencias.

Lo anterior exige voluntad política y acuerdos sociales para llevar acciones que en muchos casos provocarán oposición de ciertos grupos. Incluso de aquellos que en abstracto pueden compartir la simpatía por las causas de género, pero que en los hechos son poco proclives a aceptar sacrificios para compensar los rezagos existentes.

En México tendemos a pensar que la simple declaración de principios legales, la inclusión de nuevos conceptos en la ley o las declaraciones, permiten avanzar en la corrección de la desigualdad. La experiencia internacional prueba lo contrario.

El estudio “Women’s Economic Empowerment in Selected MENA Countries”, de la OCDE, encontró que para que los gobiernos pueden realizar cambios legales significativos se requiere que hay una completa comprensión de los impactos económicos y sociales de la inequidad de género, una adopción de recomendaciones internacionales para los sistemas legales, una mejora en los sistemas de acceso a la justicia para las mujeres, la armonización de los marcos legales relativos a los derechos en la familia (que reconozcan la realidad y no sólo el deber ser legal), y por supuesto, el fortalecimiento de la equidad en el mercado laboral a partir de leyes que no sólo señalen, sino que penalicen de manera puntual y efectiva las prácticas de discriminación.

Con frecuencia se habla de que las diferencias de género tienen, en países como el nuestro, profundas raíces culturales. Este argumento olvida que la cultura y sus patrones son resultado de prácticas que gradualmente evolucionaron y se hicieron costumbre en la sociedad. En casi cualquier tema negativo al que se presume derivado de un patrón cultural (como la corrupción o la discriminación de género), el contar con marcos legales aplicables y efectivos es la primera condición para romper las tendencias de conducta no deseada de ciertos grupos de la sociedad. Los derechos de igualdad y equidad de género (y de cualquier otro tipo), nunca se han alcanzado a partir de un consenso social autoimpuesto. Se requiere invariablemente de una visión legal de lo que es correcto y justo, por encima incluso de la opinión de grandes grupos de la población, que establezca un marco de referencia para empezar a cambiar, con firmeza, los patrones de conducta de la sociedad.

No debemos olvidar que en aquellos países en que las mujeres participan en condiciones de menor inequidad en los temas económicos y políticos, se genera una mayor riqueza económica, se contribuye a reducir la desigualdad de toda la sociedad y se favorece la creación de una sociedad más justa que favorezca el desarrollo pleno de las familias.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares