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Caló hondo lo que en este espacio se publicó, sobre la situación actual que afecta la rentabilidad en la operación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores); sobrerregulación en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que genera incrementos en las comisiones de las Afores, afectando la inclusión financiera y el patrimonio de millones de trabajadores mexicanos.

Incomoda y molesta a ex funcionarios que se les mencionen sus omisiones que tuvieron estando al frente de la Consar, donde mucho pudieron hacer para perfeccionar su funcionamiento en beneficio del ahorro de trabajadores. Su ineptitud y arrogancia no les permiten aceptar que debieron hacer más, pero simplemente no quisieron, y ahora han aprendido a respaldarse en la frase: “Nosotros tenemos otros números”, que ya le aprendieron muy bien a la cuarta transformación.

Lejos de promover el desarrollo y la competencia del SAR, así como atender los problemas estructurales de capitalización del sistema de pensiones, se justifican una y otra vez con sus políticas bajo la falsa hipótesis de que eliminando la competencia vía sobrerregulación se reducirían los costos comerciales; sin embargo, como era de esperarse, sucedió todo lo contrario. Los agentes económicos se han visto imposibilitados de mejorar sus precios y se ha concentrado el mercado, poniendo en riesgo el sistema, los ahorros de los trabajadores y la inclusión financiera del país.

Claro está que la sobrerregulación es el proceso recurrente y costoso de certificación de los Agentes Promotores de las Afores. Es urgente que Abraham Vela, actual presidente de la Consar, realice una revisión y simplificación administrativa que genere una reducción de costos y comisiones en beneficio de los millones de trabajadores mexicanos y sus ahorros, y fomente la incursión financiera en nuestro país.

A diferencia de otras certificaciones del sector financiero y otras actividades laborales, cuando un Agente Promotor de Afore cambia de empleador debe completar todo el proceso de certificación, generando nuevamente los costos que ya habían sido cubiertos con anterioridad y que ahora deberán ser cubiertos por la nueva Afore donde labora. Sobra decir que dichos costos recurrentes terminan por afectar al ahorrador, pues éstos se les transfieren.
Esto no sucede con los Promotores de Sociedades de Inversión, Promotores de Valores, Asesores en Estrategias de Inversión, Operadores de Bolsa u Operadores de Mercado de Dinero, quienes mantienen su certificación de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), aunque se cambien de lugar de trabajo. De este modo, no hay costos recurrentes que terminen afectando a los clientes. La excesiva regulación exige requerimientos que atentan contra la inclusión financiera, ya que éstos implican que en muchas localidades no se cuente con personal de promoción, reduciendo la cobertura geográfica del SAR y privando a muchos trabajadores de los beneficios del ahorro para el retiro. Esto debido a que, al exigir un alto nivel de especialización de Promotores, innecesario para muchos segmentos y localidades y que implica un costo significativo en certificación, las Afores no tienen incentivos para certificar personal en localidades remotas en razón de su rentabilidad.

Sobresale que no hay una justificación real para una certificación recurrente, excesiva y costosa para los promotores de Afores, ya que dicha certificación podría bien ser avalada por el regulador y realizada por cada Afore, de acuerdo a su segmento de mercado para ofrecer un servicio acorde a las necesidades de los trabajadores y las localidades del país. Las Afores ya son legalmente responsables por sus promotores y las principales interesadas en tener un personal preparado acorde a su nicho de mercado; los incentivos ya existen, y no hay necesidad de un control normativo tan inflexible.

Lo ideal, como lo decíamos para el sistema y los trabajadores, es que la Consar establezca parámetros mínimos de certificación, permitiendo a cada Afore certificar a sus promotores conforme a sus necesidades y las de sus clientes. Esta regulación y otras excesivas, costosas e injustificadas, emitidas en el sexenio anterior, son en parte la razón de las altas comisiones y los bajos niveles de servicio de las Afores. Lejos de incentivar la competencia y así fomentar mejores y más baratos servicios, la Consar, de Carlos Ramírez, estableció un marco normativo que asfixia al sistema de pensiones. Y qué decir, además de todo esto, del cártel de las Afores. Un trabajo mal hecho del que ahora no se puede arrepentir.

Cortesía de 24 HORAS

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