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En 2006, antes de que empezara la lucha contra el narcotráfico, fue asesinado un policía federal. Y desde 2007 hasta mayo de 2018 murieron en servicio 419, la mayoría por homicidio y otros por accidentes, en tanto que casi mil resultaron heridos. Fifís, los llamó alguien recientemente.

En 2009, agentes que hacían labores de inteligencia, encubiertos en territorio de uno de los cárteles más sanguinarios, fueron privados de la libertad en Michoacán y días después sus cuerpos se localizaron con huellas de tortura. Eran 12 policías federales.

Como aquellos a los que alguien llamó fifís hace unos días.

El pasado 15 de junio, 625 agentes de la División de Fuerzas Federales y de la Gendarmería, de la Policía Federal, fueron enviados a Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Coahuila, Sonora y Chihuahua para participar en retenes y operativos de vigilancia en las rutas de paso de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

A su llegada, algunos de ellos hicieron circular en redes sociales las pésimas condiciones de los lugares que les fueron asignados para pernoctar. Inmundicia, agua imposible y retretes destrozados.

Por estas fotos y videos, alguien los llamó fifís.

Esta vez se trata de pasar temporalmente de una corporación a una institución. Pero siempre se trata de ir de un lado a otro: dejar casa y familia para ir a procurar tranquilidad a la población allí donde haga falta. Puede que no pase nada. Puede que se pierda la vida. Que el vehículo se vuelque o que se sufra una emboscada. Puede que la muerte llegue en un instante o, como ha sido el caso de nueve elementos en los últimos seis años, que sean desaparecidos por las bandas delincuenciales. Y alguien los llamó recientemente fifís.

Los policías federales y en general los agentes del Estado que arriesgan su vida por la tranquilidad de todos merecen respaldo y, como todas las personas en su trabajo, condiciones dignas y adecuadas para el desempeño de su responsabilidad.

Y también merecen respeto. Denostarlos es injusto. Desdeñar su trabajo es un disparate. Regatearles condiciones físicas básicas es irresponsable. Descuidar la elección de sus lugares de estadía no sólo es desprecio, es también ponerlos en situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

Mención aparte hay que hacer de aquellos malos elementos que abusen y cometan delitos, en cuyo caso deben ser sancionados conforme a la ley. Pero, en general, si algunos de entre nosotros desempeñan funciones de seguridad para protegernos a todos, lo menos que podemos hacer es brindarles los espacios que requieren en los lugares en los que les pedimos que estén ahora o mañana o dentro de seis meses.

Como ciudadano, me resulta un despropósito escamotearle estas condiciones mínimas de decoro a quien incluso puede perder la vida por mí o mi familia.

Y esta afirmación es válida respecto de militares, marinos, pilotos, policías federales, ministeriales, estatales y municipales. Sumados, son alrededor de dos mil los elementos que han perdido la vida en los recientes 12 años, miles los que viven con las secuelas físicas y mentales de la violencia, y miles las familias enlutadas o angustiadas que tuvieron o tienen a uno de sus integrantes en las Fuerzas Armadas o en corporaciones policiales.

Se entiende que han asumido los riesgos de su trabajo, que tienen las condiciones físicas y la disposición mental para desempeñarlo, y que conocen las adversidades a las que deben enfrentarse. Con ello aportan más de lo que la mayoría de nosotros estaría dispuesto a hacer. Nos corresponde, entonces, apoyarlos, exigir para ellos condiciones dignas en sus estadías e impedir que alguna autoridad intente denigrarlos con adjetivos fuera de razón.

El comisionado que debería ser el primero en respaldarlos y buscar para ellos condiciones apropiadas, quien debería alentarlos y darles certeza, ha comenzado por agraviarlos. Ahora se preguntará, y nos preguntamos todos, cómo tendrá autoridad para dirigirlos.

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