Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto Castillo presentó 14 denuncias y 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes. La UIF ha expuesto que de la información obtenida de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Y hasta aquí todo bien, pero un punto importante que están olvidando los sabuesos de Nieto Castillo, es que para poner fin a dicho flagelo es la correcta implementación de los procesos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para congelar las cuentas bancarias, ya que debe presentar su denuncia o querella ante la Fiscalía General de la República que comanda Alejandro Gertz Manero, y dicha fiscalía tiene que solicitar a un juez de control el aseguramiento de la cuenta bancaria.
Qué la UIF lo haga directamente ha provocado lo que hemos visto recientemente en las primeras planas de los diarios, que es que se promuevan amparos para que se desbloqueen dichas cuentas, lo cual ha resultado muy efectivo para quienes se ven implicados en casos como estos.
¿Quiere un ejemplo? Apunte el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin, el de Altos Hornos de México y recientemente las 37 cuentas bancarias relacionadas con tráfico de migrantes en México.
Aunado a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció con bombo y platillo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encabeza Margarita Ríos-Farjat presentará una investigación que se elabora para poner orden a la evasión fiscal. El SAT quien ocupa hoy las primeras planas, alerta que la más de 8 mil empresas que realizan “operaciones simuladas” a través de millones facturas apócrifas representan operaciones por 1.6 billones de pesos, lo que ha provocado un daño fiscal de 354 mil millones de pesos, es decir 1.4% del PIB nacional. Ni dudar del interesante trabajo y capacidad de Ríos-Farjat, quien ha recibido reconocimientos por su trabajo y trayectoria, dejando a su amado Monterrey, sus libros de poesía, y su familia, para entregar su vida a la 4T. Coordinación es la clave, si realmente se quiere acabar con la corrupción, para no mal pensar que se dejan vacíos legales para no ir realmente tras los pillos de cuello blanco.
Sospechosismo en el IMPI
Nos adelantan que diferentes dueños de marcas de medicamentos están a punto de enviar un extrañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que surge un inadecuado comportamiento en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde involucran al director Juan Lozano Tovar, y a su directora de Patentes, Eulalia Mendez Monroy, cuya relación y sospechosismo es por su paso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, empresas de medicamentos, patentes farmacéuticas, y concesiones de patentes. Ojo ahí, le mandan a decir también a la Secretaría de Economía.
Voz en Off
Y ya que le hablo de medicamentos analistas de firmas logística entre ellos Logística de México, consideraron peligrosa la centralización del almacenaje de los fármacos porque se tendría que montar y habilitar un macrocentro de distribución en la Ciudad de México de al menos 50 mil metros cuadrados con tecnología de punta para evitar que la mayor parte de la operación sea manual, porque influiría en los tiempos de entrega, aunado a contar con una plantilla de entre 800 y mil almacenistas. Más aún, ya que se requeriría de personal especializado y conocimiento de los avances tecnológicos en la materia para establecer cadenas de distribución altamente eficientes, esto reduce costos y tiempos de entrega, más cuando se trata de medicamentos o material de curación que debe llegar a los centros de consumo ubicados en el territorio nacional en el menor tiempo posible. Así que fácil no está.