Los exfuncionarios que hayan ocupado cargos de nivel jerárquico superior podrán laborar en el sector privado después de 10 años de haberse desempeñado en el servicio público, debido a la información privilegiada que manejaron y para evitar conflictos de interés.
Este fue uno de los cambios aprobados por el pleno del Senado de la República, al discutir en lo particular y al aceptar una de las reservas que fueron presentadas para mejorar este dictamen de la minuta de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y reformar diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con 60 votos a favor y 29 en contra, se regresó la minuta a la Cámara de Diputados para que analizar los cambios propuestos por los senadores, con lo que se pretende evitar cualquier acto que derive en corrupción, al incorporarse a alguna empresa con la que tuvo relación.
La discusión de este dictamen empezó alrededor de las 02:99 horas, a las 03:56 se votó en lo general y en los artículos no reservados, a las 04:00 horas empezó la discusión en lo particular para después dar paso a la presentación de reservas.
La reserva fue propuesta por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio,y coincidió con el planteamiento del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, para precisar que fueran servidores públicos de alto medio, pues si no se aclaraba la situación podría haber afectado en sus derechos laborales a 1.3 millones de servidores públicos.
Lo que se modificó fue el artículo 24 de esta nueva ley, pues en el original se proponía que fueran cinco años y no se precisaba el tema de información privilegiada y confidencial, y el nivel jerárquico.
Así, dicho artículo establece: “Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de su responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Detalla que “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior al que se refiere el Manual de Percepciones Previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separe de su cargo no podrán ocupar cargos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto hayan tenido información privilegiada, en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.
Lo anterior, abundó, por considerarse que los servidores públicos en su desempeño de su función pueden encontrarse en conocimiento de información reservada o confidencial dentro de la dependencia, misma que puede ser a su vez información estratégica y privilegiada, por lo que se prevé evitar cualquier tipo de acto que derive en corrupción al incorporarse a alguna empresa que se tuvo relación.
Salgado Macedonio aclaró que lo propuesto no aplica para todos pero ya no se violenta el artículo 5 de la Constitución, que establece el derecho de los mexicanos a desarrollarse en cualquier ámbito si es lícito.
También se avaló una reserva al artículo 17 que presentó la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, donde propone que la prohibición de fideicomisos o mandatos en materias como salud, educación y procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, no será aplicable cuando dichos fideicomisoso o mandatos quedan previsto en la ley, decreto o tratado internacional.
“Para los demás casos los entes públicos de la administración federal sólo podrán constituir fideicomisos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aclaró.
Expuso que “bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto”.
La senadora del Partido del Trabajo (PT) comentó que no haber aceptado por lo menos a discusión otras reservas, unas en ámbito político y otras legales, se deja fuera aportaciones importantes.
El senador del PAN, Julen Rementeria del Puerto, destacó la modificación al artículo 61 de la Ley General de Responsabilidad Hacendaria, con lo que el presidente de la República podrá decidir dónde y cómo aplicará los 90 mil millones de pesos que se pretenden lograr en los ahorros.
A su vez, Silvana Beltrones del PRI, propuso que se garanticen recursos para la salud, la educación y la seguridad, sobre todo para garantizar los insumos necesarios en hospitales y clínicas para los ciudadanos que requieran esta atención.
Con información de NOTIMEX
