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En este año México está cumpliendo 25 años de contar con organismos constitucionales autónomos, lo que ha sido una experiencia vasta y compleja que hoy requiere una revisión de fondo, más allá del alcance de un artículo. Sin embargo, es posible bosquejar aquí algunas conclusiones.

La creación de órganos autónomos es una medida aplicada por países de todos los continentes, desde hace más de 120 años en Estados Unidos y con una tendencia creciente a lo largo del siglo pasado y especialmente en lo que va del presente.

En principio se trata de otorgar a estos órganos facultades exclusivas en materias técnicas y especializadas, así como de desvincular sus acciones y decisiones de los ciclos e intereses políticos.

Hay una gran diversidad en la naturaleza y ámbitos de competencia de estos órganos, en tanto que su creación o la declaración de su autonomía se debió a necesidades específicas que la realidad hizo evidentes, por ejemplo:

El origen de la autonomía del Banco de México fueron las crisis económicas de los años ochenta, que aconsejaron mantener al banco central al margen del control del Ejecutivo.

De la misma manera, el conflicto post-electoral de 1988 subrayó la necesidad de separar la organización de las elecciones federales de la administración pública para asegurar y dar mayor credibilidad a sus resultados, lo que en 1996 dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). Tres años después, una reforma constitucional le confirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) plena autonomía. Al hacerlo se abstrajo a esta institución de cualquier injerencia política y se fortaleció la protección no-jurisdiccional de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Durante la primera década de este siglo sólo se agregó en 2006 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, a partir de 2013 se le confirió autonomía constitucional a algunas instituciones que antes formaban parte de la administración pública federal, y se crearon nuevos órganos constitucionales autónomos para regular ciertas materias: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, antes IFAI), Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Fiscalía General de la República e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recientemente sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio.

Una revisión de fondo implicaría el análisis de lo que ha sucedido con cada uno de ellos, desde su desempeño general hasta la designación de sus titulares, desde la calidad real de su autonomía hasta la necesidad de la existencia de cada uno de ellos.

Algunos han incurrido en sesgos partidistas o adhesión funcional al gobierno en turno, tal vez por la mecánica de designación de los servidores públicos en su titularidad o en sus órganos de dirección o quizá debido a que su creación derivó de circunstancias coyunturales o incluso por la moda, políticamente correcta, sobre todo en el presente siglo.

La experiencia nacional permite considerar que hay algunos fundamentales, como Banxico, INE, CNDH, INAI e INEGI, sin desestimar al resto, desde luego, y en el entendido de que es necesaria una meticulosa evaluación.

No hay duda de que en general la existencia de los organismos autónomos ha fortalecido nuestra democracia. Corresponde ahora analizar la necesidad y pertinenecia de cada uno y resolver, mediante las reglas que se ha dado el Estado mexicano, cuáles deben permanecer y qué ajustes deben realizarse en su marco jurídico, por ejemplo, en materia de designación de sus titulares y en blindaje de su autonomía.

 

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