Alfredo Huerta -

El banco central tiene como objetivo garantizar el poder adquisitivo de la moneda, y con ello mejorar el bienestar de los mexicanos. Esto significa en otras palabras que una “moneda estable” ayudará a que la inflación se ubique dentro del objetivo de 3.0% +/- 1.0% y en un entorno en donde la economía mantenga una dinámica favorable por una política económica y monetaria congruente.

Implica un trabajo permanente de funcionarios del Banxico con el Gobierno federal a través principalmente de la Secretaría de Hacienda.

Pero, cómo estamos hoy?

Desde diciembre de 2015 con tasas de referencia a 3.0% anual, el Banxico tuvo la necesidad de iniciar un proceso de alza en la tasa de interés por dos factores, primero, que la Fed inició un ciclo de normalización en su política monetaria aumentando las tasas de interés, y segundo, algunos indicadores como la deuda pública / PIB que fue direccionando hasta 48.5% con las repercusiones de fuertes recortes al gasto público en la administración pasada.

El Banxico ha logrado en el tiempo estabilizar al peso mexicano, a pesar de ver por momentos movimientos especulativos más significativos. Tuvo que subir las tasas de interés mucho más de lo “deseado” para alcanzar un “spread” entre las tasas de interés de Estados Unidos y México, lo suficientemente atractivas para “estabilizar” al tipo de cambio y poder controlar algunos riesgos sobre la inflación. Esto ha representado un mayor costo financiero para el Gobierno federal, pero también para la población que ha perdido gran parte del poder de su disponibilidad monetaria.

En lo que va del año, el peso mexicano se ha revaluado alrededor de 3.0% y la inflación acumulada apenas alcanza 0.27% a junio, con estimados en el año alrededor de 3.70-3.80% anual. Sin embargo, la economía enfrenta una rápida e importante desaceleración que podría alcanzar “la recesión técnica”.

Si la Fed baja la tasa de interés como se espera en julio y/o en septiembre, el spread “aumentará” en un principio otros 25 puntos base. No obstante, estamos viendo algunos riesgos sobre los “flujos” hacia nuestros mercados y sobre inversiones directas de mayor plazo de nacionales y extranjeros. Por un lado, la revisión del Plan de Negocios de Pemex y, por otro lado, la ratificación del T-MEC, que todo apunta a que será hasta 2020 cuando el Congreso Americano determine su votación. Ahí vemos que el conflicto de la CFE con las empresas ligadas al gasoducto de Texas a Tuxpan puede contaminar la ratificación.

Dentro del Plan de Negocios de Pemex observamos que el Gobierno federal tomará en “directo”, a través del gasto público, la construcción de Dos Bocas. Habrá una reducción en la carga fiscal, en 2020 de 65% a 58% y para 2021 a 54%. Se muestra muy dudoso el ritmo de participación de las empresas privadas (farmouts).

El Gobierno, sin duda, quiere un sector energético con Pemex y la CFE “del y para el Estado” con el beneficio de erradicar la “corrupción”. Ahora veremos a las calificadoras evaluar los recursos, estrategias y eficiencias para recuperar la producción diaria de crudo, solventar el pago de capital e intereses y su plan de inversiones, con el fin de recuperar la rentabilidad de Pemex lo más pronto posible y así determinar si hay ajuste en la nota soberana de México y en Pemex, especialmente de S&P que ha permanecido más expectante todavía.

Los futuros en el mercado muestran la posibilidad de que el Banxico baje la tasa de interés el último bimestre del año en 25 puntos base si las condiciones de estabilidad prevalecen. A la economía le urge, pero el ambiente externo (Brexit, conflicto comercial) e interno aún es incierto en estos momentos.

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