El gobierno de México espera alcanzar un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas constructoras de gasoductos, luego de que se calificara de “leoninos” los contratos establecidos entre ambas partes.
Durante su conferencia matutina del pasado lunes 19 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “posible” que en esta semana “lleguemos a un acuerdo porque las empresas aceptaron el diálogo y las condiciones contractuales”.
En febrero pasado, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, lanzó el primer mensaje: se había firmado en el pasado contratos “leoninos” entre empresas constructoras de siete gasoductos en el país, tema que no sólo ha generado una serie de cuestiones legales, sino que también preocupación entre inversionistas en los últimos meses.
Y es que Bartlett Díaz señaló en una conferencia en Palacio Nacional que la empresa pagó el año pasado cinco mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría pagando otros 16 mil millones de pesos, además de un préstamo que se traduce de una inversión de 10 mil millones de dólares, por lo que la cifra alcanzaría cerca de 70 mil millones en 25 años.
“De continuarse esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes, sino que lleguemos a una reconstrucción de esos contratos que permitan, en efecto, que se logre esa transmisión de gas a nuestro país, pero sin estos precios y sin estas sanciones que son absolutamente absurdas”, aseguró en su momento.
Las compañías involucradas en la construcción de los gasoductos que estaban detenidos por distintas causas son Carso, IEnova y TransCanada, proyectos de infraestructura impulsados durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para incrementar la capacidad del gas en el país.
Ante los señalamientos de la CFE, la compañía TransCanada aclaró que en los contratos de gasoductos incluyen previsiones de fuerza mayor cuando alguno de los involucrados se ve impedido para cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas, los cuales no son “multas” ni “subsidios”.
Mientras que la empresa propiedad de Carlos Slim, Carso Energy, dijo que la construcción del gasoducto de 620 kilómetros en el norte del país se ha interrumpido significativamente en 16 tramos, equivalente a 86 kilómetros, retrasando en más de un año su conclusión y encareciendo la obra.
De hecho, el empresario Carlos Slim negó que el pago por 3.5 millones de dólares por el gasoducto inacabado genere utilidad para Carso Energy, ya que el 60 por ciento de los recursos va para pago de intereses bancarios, 11 por ciento a la CFE, mientras que el resto a otros gastos y costos del proyecto.
En su momento, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que los problemas en los gasoductos se debían, mayoritariamente, a causas ajenas al control de los transportistas, como conflictos sociales, retraso en el otorgamiento de permisos locales, amparos, entre otros.
En un comunicado, el organismo regulador expuso que aquellos ductos que ya han iniciado operaciones o estén por iniciar en el corto plazo, y en los que CFE no requerirá la totalidad de la capacidad contratada originalmente, se prevé la posibilidad de realizar cesiones temporales de capacidad a otros usuarios.
“Ante la preocupación manifestada por la CFE respecto a los pagos que está realizando a los transportistas por capacidad que no está utilizando, vale la pena enfatizar que, en aquellos casos en los que los ductos no han iniciado operaciones, esto se debe mayoritariamente a causas ajenas al control de los transportistas”, afirmó.
El 2 de julio, Bartlett Díaz precisó que la decisión de acudir a arbitrajes internacionales fue después que las compañías constructoras de los gasoductos hicieron lo mismo y consideró que la crítica que se ha hecho a la compañía es injusta.
En conferencia de prensa destacó negociar en el marco del Estado de derecho, por lo que después de haber presentado las arbitrales, mandaron una carta a cada uno de los representantes de las compañías invitándolos a negociar, inclusive, les presentaron fechas para en una reunión.
“Hicimos la misma operación que ellos hicieron… hicimos una demanda arbitral que es lo que se establece en el contrato, que en cualquier desavenencia entre las partes pueden ir a este juicio arbitral como ellos lo hicieron antes de nosotros”, afirmó
Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, comentó el 18 de julio pasado que están interesados en que los gasoductos que se están negociando estén en el país, traigan el gas pero con contratos con reglas claras y establecidos de las mejores prácticas internacionales.
“La Comisión Federal de Electricidad anunció la revisión de unos contratos firmados por unos ductos, son cuatro empresas, están en revisión de esos contratos, hay una mesa de negociación desde el origen de los contratos, nos interesa tenerlos en México, nos interesa que estén aquí, que traigan el gas, que tengan el transporte, pero con una equidad, con reglas claras, con contratos establecidos de las mejores prácticas internacionales”, afirmó.
Como parte de este proceso de negociación, el 5 de agosto Infraestructura Energética Nova (IEnova) firmó un convenio de suspensión de plazos del Contrato de Servicios de Transporte de Gas Natural por medio del gasoducto Guaymas – El Oro, celebrado con la CFE el 1 de noviembre de 2012, el cual interrumpió su operación por actos de terceros desde el 22 de agosto de 2017.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indicó que conforme a lo establecido en el contrato, si un evento impide al transportista prestar el servicio por un período mayor a dos años consecutivos, se entenderá que el mismo ha terminado.
Sin embargo, para evitar el fin, la Comisión e IEnova firmaron el convenio de suspensión para que dentro de un período de cuatro meses, las partes lleven a cabo todas las acciones necesarias y a su alcance para reiniciar la operación del gasoducto y precisó que esto no implica renuncia alguna a los derechos que tienen las partes.
Días antes, la directora general de IEnova, Tania Ortiz, aseguró que una de las prioridades de la empresa es lograr llegar a un acuerdo con la CFE y evitar los arbitrajes en cortes internacionales.
“Esperamos ver cuáles son las decisiones y los acuerdos a los que llegamos, pero de todos modos, nosotros seguimos buscando soluciones, y vemos por parte del gobierno que hay disposición para encontrar soluciones al respecto”, señaló.
Ductos que no van a ningún lado
Los siete gasoductos por los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso un arbitraje internacional llevarían el hidrocarburo a plantas inexistentes o que no fueron reconvertidas durante administración pasada para la utilización de gas natural, por lo que mover el combustible presentará un reto adicional.
Según declaraciones de Manuel Bartlett Díaz en una conferencia de prensa, el sistema de gasoductos se planeó en la administración pasada para llevar el gas a 14 plantas de la empresa, las cuales nunca se construyeron.
“Se hace un sistema de gasoductos, que cuesta un dineral, privado, para ir a plantas que no existen, para llevar el gas a plantas que no se licitaron, que no existen. Ese es otro problema que tenemos, no están las 14 plantas a los que iban a llegar; así es que los gasoductos no van a ningún lado”, afirmó.
Y es que, en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019, realizado por la administración anterior, el gasoducto Tuxpan-Tula (construido por TransCanada) buscaría satisfacer los requerimientos de gas natural en las centrales de generación de la CFE ubicadas en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en las regiones Centro y Occidente del país.
El documento señala que el ducto La Laguna-Aguascalientes (a cargo de Fermaca) tiene el fin de suministrar a las nuevas centrales de generación en los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como las que actualmente operan con combustóleo y serán reconvertidas para utilizar gas natural.
Mientras que el Tula-Villa de Reyes (adjudicado a TransCanada) abastecería gas natural a las nuevas centrales de generación y así como a las que operan actualmente con combustóleo, y que podrán ser reconvertidas para utilizar gas natural.
A su vez, el Samalayuca-Sásabe (que realiza Carso) tiene el fin de suministrar el hidrocarburo a las centrales que podrían ser reconvertidas para utilizar gas natural en las regiones Norte y Noroeste del país.
En tanto que el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan (construido por TranscCanada e IEnova) tenía el fin de contribuir a satisfacer los requerimientos de gas natural en las nuevas centrales de generación que la CFE instalará en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como a las que operan actualmente con combustóleo y serán reconvertidas para utilizar gas natural.
Asimismo, el documento expone que el gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (llevado a cabo por Fermaca) es una nueva alternativa para incrementar gas natural en la zona Centro y Occidente del país.
El banco de inversión suizo UBS señaló en julio pasado que si bien los riesgos externos no son pequeños, incluido el empeoramiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, las decisiones de política interna están en gran parte detrás del actual clima de incertidumbre.
De hecho, indicó la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, las demandas de la Comisión Federal de Electricidad contra las constructoras de los gasoductos y la eliminación de los farmouts por parte de Pemex y su plan estratégico decepcionante, están contribuyendo a un entorno en el que las decisiones de gasto se retrasan.
“Una de nuestras principales preocupaciones es que el empleo puede comenzar a caer mucho más rápidamente si la economía se vuelve más lenta y la incertidumbre actual persiste”, indicó la institución financiera en su reporte.
Con información de NOTIMEX
