Hasta dónde deben vigilarse las intervenciones conductuales en política pública

“La única máxima de un gobierno libre debería ser no confiar en ningún hombre que viva con poder para poner en peligro la libertad pública”.

John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos.

El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con Lucia A. Reisch , destacada economista conductual, profesora Escuela de Negocios de Copenhague y especialista además en Investigación del consumidor y Política del consumidor.

Se trata de una prestigiada investigadora quien recientemente publicó, junto con Cass Sunstein, el libro “Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging”, en el cual abordan el tema de que tan invasivas y aceptadas pueden llegar a ser iniciativas que buscan utilizar mecanismos de economía conductual, particularmente las llamadas intervenciones conductuales, como mecanismos para dirigir la política pública, de forma tal que incidan en el comportamiento de las personas.

De acuerdo con sus investigaciones la visión imperante en la mayoría de los países investigados, entre los cuales se encuentra México, es que los ciudadanos tienen simultáneamente una visión favorable respecto de las políticas públicas que buscan mejorar a través intervenciones conductuales la conducta de los ciudadanos, cuando se trata de temas como el ahorro y en específico el ahorro para el retiro, pero tienden a ser más cautos o rechazan aquellas intervenciones en las que la política pública trata de incidir en temas que son más cercanos aspectos relacionados con la vida de las personas; por ejemplo, en temas como la salud (como por ejemplo la donación de órganos).

Implícito está el reconocimiento de que, a nivel mundial, es cada vez más frecuente el reconocimiento de que, comprendiendo cómo opera la conducta real de las personas respecto a temas tan diversos como la salud, las finanzas o la delincuencia, es posible buscar cambiar patrones de conducta, para provocar mejores decisiones y conductas que generen una mejora en las condiciones de vida de la sociedad y de las familias y, en muchos casos, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Sin embargo, existe un temor, fundado, de que dichas intervenciones conductuales pueden responder en algunos casos, a un intento de los gobiernos por dirigir la conducta y la percepción de la ciudadanía, hacia los temas reflejan más la agenda de los grupos políticos que detentan coyunturalmente el poder.

Conviene en este sentido recordar, que estas intervenciones conductuales se refieren específicamente a aquellos mecanismos que, comprendiendo y sobre todo utilizando los sesgos cognitivos y conductuales que tenemos las personas, tratan de dirigir la conducta de manera específica. Por ejemplo, en un sesgo que se conoce como de opción por default, las personas tendemos a optar con mayor frecuencia por la opción que se nos presenta de manera automática. Por ello, en materia de política de donación de órganos se ha reconocido que, en la mayoría de los países, la decisión de donación se establece a partir de una pregunta que requiere una afirmación expresa: “Si desea usted ser donador de órganos marque esta casilla”. Dado que no tachar la casilla implica que no se es donador, esa es la opción por default y la más frecuente. En algunos países a partir de este reconocimiento de sesgo conductual la pregunta es en sentido inverso, lo cual convierte en automático la opción por default el aceptar ser donador; “Si usted no desea ser parte del programa de donación de órganos, tache esta casilla”.

Está simple y muy básica diferencia provoca en algunos casos que la intención de donación de órganos pase del 15 a cerca del 80% de los casos.

En la plática, la profesora Reisch comentó que, cada vez más en el futuro, es fundamental que comprendamos los alcances reales que tienen las intervenciones conductuales y reconozcamos la necesidad de que éstas se vigilen reconociendo los derechos de los ciudadanos, para evitar que su conducta sea manipulada de una forma tal que no refleje genuinamente el beneficio de la población.

Reconocer como actuamos y no como se supone que deberías actuar las personas es fundamental para contar con políticas públicas que sean eficaces y que operen genuinamente en beneficio de la mayoría de la población.

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