El 3 de agosto se rompió la burbuja de falsa seguridad en la que nos habíamos refugiado, especialmente desde la campaña presidencial de Donald Trump. Quisimos engañarnos y pensar que “no pasaba nada”, que “Trump era un loco que habla mucho pero que la sociedad no cambia”; hasta lo fraseamos en buen español mexicano: “perro que ladra”.
Sin embargo, su campaña utilizó los discursos de odio como herramienta política para conseguir el voto de los supremacistas blancos e hizo del desprecio y la crueldad una moneda aceptable en el ecosistema social.
Este mare magnum de violencia y muertes —El Paso, Ohio, Chicago— ha introducido muchos conceptos que es necesario precisar para comprender cuáles serían las acciones a tomar y las lecciones a aprender.
Los discursos de odio parten de la discriminación, que son todas las acciones u omisiones que desencadenan distinción, exclusión o restricción de derechos por motivos étnicos o de nacionalidad, identidad de género, religión, edad, condición social o económica y condición de salud, entre otras.
Pareck refiere que los discursos de odio incluyen a cualquier tipo de lenguaje formado por afirmaciones que denigran o vilipendian a miembros de los grupos tradicionalmente menos aventajados que termina por caricaturizarlos e, incluso, demonizarlos.
Los discursos de odio son expresiones políticamente peligrosas y moralmente inaceptables. Una sociedad bien ordenada no puede permitir los discursos de odio en contra de ningún grupo social; menos aún en contra de los grupos históricamente vulnerables, tal como señaló John Rawls.
Los discursos de odio generan la falsa ilusión de que es aceptable la violencia en contra del grupo vilipendiado. Por ello, el paso hacia los crímenes de odio es sencillo. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que un crimen de odio es todo acto doloso, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita a: violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal; el cual tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, basando la agresión en el rechazo, intolerancia, desprecio, odio y/o discriminación hacia un grupo en situación de vulnerabilidad.
Pero lo que vimos el fin de semana en contra de la comunidad latina y de los mexicanos no fueron actos aislados realizados por un enfermo mental —como quiere Trump—. Fueron, en vez, actos de terrorismo doméstico que se caracterizan por ser actos realizados dentro del territorio estadounidense por grupos organizados con el fin de intimidar o coaccionar a población civil; su conducta se fundamenta en el desprecio hacia algún grupo pero, el objetivo final, es influir e impactar en la política del gobierno por medio de dichos actos de intimidación.
David Luban ha especificado que los crímenes de odio son delitos en contra de un individuo por su pertenencia a cierto grupo distintos del terrorismo que es un arma política en contra de un Estado. Tradicionalmente, los ataques terroristas eran cometidos por grupos extranjeros; sin embargo, grupos radicales de la sociedad han iniciado ataques dentro del territorio, en contra de otros ciudadanos, con fines políticos. En ese sentido, y de acuerdo con el Acta Patriota, el terrorismo doméstico se convierte en un asunto de seguridad nacional y tiene el apoyo de las agencias de inteligencia y los fondos de desradicalización y prevención.
En ese sentido, hay que entender los atentados del fin de semana como una consecuencia de los discursos de odio promovidos por los grupos supremacistas, respaldados por el presidente, que ya habían cobrado varias víctimas en crímenes de odio. Y que este sábado, la violencia escaló consumando actos de terrorismo doméstico.
El antimexicanismo se ha instalado y es nuestro deber señalarlo, denunciarlo y revertirlo. Las víctimas no merecen menos.