El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 427 millones de pesos en un terreno que incluye un edificio a medio construir, que debía convertirse en un nuevo hospital para Puebla, pero que resultó una obra inservible y sólo podrá utilizarse en el futuro para oficinas.
El nuevo hospital sustituiría al Hospital General San Alejandro de Puebla, el principal servicio para 60% de los derechohabientes del estado que resultó con severos daños estructurales tras el temblor del 19 de septiembre de 2017.
Dos años después, no solo no hay hospital, tampoco se puede avanzar en la construcción de cualquier obra en ese terreno porque la adjudicación está en disputa. En 2018 se hizo la licitación del proyecto, pero las empresas que fueron descalificadas en el proceso acusaron irregularidades e impugnaron el procedimiento.
La administración del nuevo gobierno en el estado determinó reponer el proceso en el que resultó ganadora la firma española Sacyr, lo que derivó en una inconformidad de la empresa ante tribunales y en que el IMSS no pueda hacer nada en el terreno hasta tener una resolución judicial.
Mientras se halla solución, los poblanos sufren las consecuencias con un sistema de salud colapsado que ha obligado a hospitales de la entidad como La Margarita, en el sureste de la capital poblana, a operar con sobrecupo y sobredemanda de hasta 300% para atender a los derechohabientes del General San Alejandro, según reconoce el mismo IMSS.
Y aunque el nuevo hospital ya debería estar realizando 188 mil hospitalizaciones, 23 mil cirugías, 7 mil partos y 200 trasplantes cada año, según el proyecto de inversión, todo sigue en el papel.
¿Por qué después de dos años aún no hay hospital? ¿Qué decisiones llevaron a esa situación?
La compra de un problema
El 5 de octubre de 2017, dos semanas después del sismo de 7.1 grados que dejó a cientos de damnificados, el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, y el director del IMSS, Mikel Arriola, recorrieron la estructura dañada del hospital San Alejandro.
Ese día, confirmaron que el inmueble no podría seguir operando y Mikel Arriola anunció que, por orden presidencial, mil 400 millones de pesos se destinarían para la recuperación de los servicios del IMSS en la entidad, y que el 90% de los recursos serían exclusivamente para el nuevo San Alejandro.
A partir de ese momento, la directiva del IMSS comenzó la búsqueda de un terreno para un hospital con 415 camas, el número que tenía San Alejandro.
Animal Político buscó a Mikel Arriola para conocer su versión sobre la compra del terreno para construir el nuevo hospital, el exdirector del IMSS dijo que Patricio Caso, exdirector de administración del Instituto, sería el encargado de responder.
“Encontrar 6 hectáreas en Puebla no fue sencillo, sobre todo porque se debía cumplir con ciertas características: que el terreno fuera plano, que pudiera utilizarse de manera ágil y que tuviera buenas vías de comunicación”, dijo Caso en entrevista.
El exfuncionario explicó que finalmente encontraron un terreno de 62 mil metros cuadrados en el que empresarios iniciaron la construcción de un hospital privado conocido como Centro Internacional de Medicina (CIMA), ubicado en la reserva territorial Atlixcayotl de la ciudad de Cholula, pero que después de 20 años de iniciada la construcción, no se terminó.
La firma Medicus, S. A. De C. V., integrada por empresarios de la salud texanos encabezados por Gary Brent Woods, presidente de la empresa International Hospital Corporation Holding NV; empresarios poblanos, encabezados por Luis Regordosa Valenciana, y médicos especialistas liderados por el urólogo Enrique Macip Nieto, compraron el terreno entre 1995 y 1998.
En los siguientes años comenzaron a construir un edificio que pretendía ser un hospital de lujo, pero sólo consiguieron 14 mil metros de construcción con avance en ventanas y pisos, pues por falta de capital, la obra quedó detenida en 2012.
Para el IMSS, la obra resultó un lugar idóneo para el nuevo hospital porque “era el único inmueble que había en Puebla con esas características”, según el exfuncionario Patricio Caso.
La negociación para la compra del terreno se llevó a cabo entre el IMSS y los empresarios texanos, que tenían la mayoría de las acciones de Médicus, asegura el empresario poblano Luis Regordosa Valenciana.
En noviembre de 2017, Regordosa Valenciana intervino para que a los socios menores les permitieran intervenir en la compraventa, pero fue rechazado por el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, con el argumento de que tenían mucha prisa para empezar con la obra.
“Él me dijo que tenían una urgencia y querían el hospital nuestro, que con eso iban a ganar mucho tiempo en reconstruir el nuevo San Alejandro, porque ya tenían un avance, y que querían que Peña Nieto lo inaugurara al cerrar su sexenio”, explicó Regordosa en entrevista.
La propuesta por parte de Mikel Arriola también quedó asentada en el acta del Consejo Técnico del IMSS donde se aprobó la compra de dicha propiedad “conforme a la propuesta que presenta el director general, por conducto de la persona Titular de la Dirección de Administración, mediante oficios 466 y 476 de fechas 9 y 10 de octubre de 2017”, cita el documento firmado el 11 de octubre de 2017.
Entre los requerimientos del Consejo estaba que el terreno tuviera al menos 50 mil metros cuadrados y ser “técnicamente apto para la construcción y puesta en operación de un hospital u hospitales que cubran las 415 casas censables del Hospital Regional 36 San Alejandro”.
El Consejo Técnico del IMSS, el máximo órgano de gobierno del Instituto, recibió también un estudio donde se analizaba el costo y beneficio del “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General 36 San Alejandro”, en el que se exponían dos opciones para afrontar la emergencia: subrogar servicios privados o construir un hospital nuevo.
La primera sería una opción más cara y menos viable en el futuro. Por ello, era mejor construir uno nuevo y desde entonces se advertía la intención de comprar el terreno del hospital privado CIMA, pues contaba “con un área en obra gris que no fue afectada por el sismo y que será aprovechada para la construcción de una de las unidades del conjunto. La compra del terreno permitirá disminuir los tiempos de construcción en un 40%”, se lee en el análisis costo-beneficio.
También se había avanzado en el requisito de conseguir la valuación de la propiedad por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que determinó un precio máximo de 710 millones de pesos, de los cuales 89 millones correspondían al avance de construcción que ya tenía CIMA.
La compraventa del terreno se concretó el 6 de diciembre de 2017, casi dos meses después de que el IMSS aprobara la transacción por 427.6 millones de pesos, lo que significó 60% menos del techo presupuestal, según el contrato de compraventa registrado en la notaría 248 de la ciudad de México, cuyo titular es Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero.
Según contaron los empresarios poblanos, hubo un corredor inmobiliario del que no recuerdan el nombre, pero fue quien acercó la propiedad al IMSS y, por lo cual, los privados pagaron una comisión de 7%, es decir 29.7 millones de pesos.
“De lo que se vendió hubo que pagar comisiones a quién lo vendió, al corredor. Comisión que también se me hizo elevada. Fue, si mal no recuerdo, del 7%, que para operación de este tipo no se estila una comisión de este tamaño, pero eso fue lo acordado con los texanos”, dijo Luis Regordosa.
Patricio Caso, por su parte, negó la existencia de un corredor. “Negociamos con la empresa que era dueña del predio, estrictamente con los representantes legales. Le pagamos a los representantes por el terreno, no le pagamos a ningún intermediario”.
En el expediente del Registro Público de la Propiedad de Puebla consultado por Animal Político, donde se asienta la compra-venta del inmueble, se incluye la documentación gubernamental como el acta del Consejo Técnico del IMSS y con la empresa, pero no existe ninguna referencia respecto al corredor inmobiliario.
El edificio problema
Patricio Caso aseguró que el IMSS negoció lo suficientemente bien y pagó “barato” el terreno porque el hospital en obra gris no era relevante. “La negociación fue esa: te compro el terreno, después de eso se harían estudios para el peritaje preliminar para ver si el inmueble nos servía”.
Sin embargo, en el estudio de costo-beneficio del IMSS sí se consideró como una ventaja que el terreno tuviera un inmueble porque significaba un avance de 40% de la obra total y así, el nuevo hospital terminaría de construirse en 2019.
De hecho, en el contrato de compra-venta se especifica que de los 427.6 millones de pesos pagados, 52.2 millones correspondían al precio del edificio a medio construir. Pero éste, lejos de ser una rápida solución para atender la emergencia en el sistema de salud en Puebla, significó un problema: el edificio en obra gris no puede ser hospital.
No cumple con las normas médicas ni con los reglamentos actuales de construcción, toda vez que es un obra de más de 15 años, dijo en entrevista Juan Manuel Delgado, actual coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS.
“Estamos en un dilema, queremos aprovecharlo al máximo porque no queremos que eso que tuvo un costo se pierda, pero tampoco nos podemos casar con una idea de que vamos a dar algo que no va a cumplir”.
Aunque todavía no está decidido, una de las propuestas para usar el edificio es reforzarlo y adaptarlo para oficinas. “Nuestra responsabilidad es darle uso a esos recursos públicos. Sería más fácil adaptar esos espacios de oficinas para la delegación del IMSS en Puebla”, explicó Delgado.
En el resto del terreno si se buscará construir un nuevo hospital, pero será sólo de 210 camas, es decir, la mitad de capacidad del antiguo hospital San Alejandro, porque el proyecto de la nueva administración consiste en hacer una “red hospitalaria” y no una obra faraónica, para “no repetir el error”.
Además de éste, la red hospitalaria que planea la nueva administración incluiría la construcción de otro hospital con 260 camas en Amozoc; otro con 180 camas en el terreno donde será demolido el antiguo San Alejandro y un edificio para ginecobstetricia del Hospital La Margarita.
Hasta el momento, en el terreno CIMA se han gastado 512 millones entre 2017 y 2018, de los cuáles 427 millones fueron en la compra del terreno, y hasta este año sólo se reporta 2.4% de avance, según informes de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
Además, se prevé aumentar el presupuesto. En 2017 se calculó un gasto de 2 mil 996 millones de pesos, según la Cuenta Pública de ese año, pero en los siguientes años ha aumentado la proyección para quedar en 3 mil 223 millones de pesos en la obra, lo que significa 7% más que al inicio, según se observa en el proyecto de presupuesto de egresos para 2020.
Aún así, todavía no hay fecha para arrancar la construcción porque hay un procedimiento judicial pendiente.
El pleito legal
El 3 de abril de 2018, cuatro meses después de la compra del terreno, el IMSS lanzó la licitación pública del “Proyecto Integral relativo al programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional No. 36 de 415 camas de San Alejandro, Puebla, por el Hospital de Gineco Pediatría de 210 camas y por el Hospital General Regional de 205 camas”.
Dos meses después, se dio a conocer el fallo de la obra que costaría mil 911 millones de pesos, resultando como ganadora la empresa de origen español Sacyr, que debía iniciar trabajos el 11 de julio de 2018 y concluir el proyecto en 22 meses.
Pero tres de las ocho empresas participantes rechazaron el fallo argumentando falta de transparencia y equidad, de acuerdo con el acta publicada en la página de Compranet.
Jesús Flores Lagos, socio de la constructora Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV, explicó a Animal Político que el argumento para desechar su propuesta fue “falta de experiencia, pese a que tenemos 35 años y más de 110 hospitales construidos. En este momento estamos construyendo cuatro súper hospitales que son de 250 camas, tres de 250 y uno de 150, y aún así nos descalifican para dejarle el camino libre a Sacyr”.
En ese momento, el IMSS decidió retirar paredes, ventanas y pisos que ya estaban instalados, e incluso, a decir de los exsocios de CIMA, la tubería para el sistema de aire acondicionado para revisar la estructura y poder hacer adecuaciones a la obra.
Producto de la queja, el Órgano Interno de Control (OIC) “encontró que fue procedente la inconformidad” y ordenó al IMSS reponer el procedimiento. “Encontramos que (la obra) no es para el inconforme, ni para el que se había adjudicado”, explicó Juan Manuel Delgado, encargado del proyecto ahora como titular de Infraestructura del IMSS. Por ello, el 20 de febrero de 2019, el IMSS declaró la licitación como “desierta”.
En marzo, la empresa Sacyr interpuso un amparo contra la resolución del OIC ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa. La firma confirmó a Animal Político que ante la declaración de licitación desierta, “mediante la vía legal nos inconformamos contra esta resolución y mantenemos un litigio que tiene como objetivo mantener vigente el contrato para continuar ejecutando las obras del proyecto”.
En tanto, el IMSS no puede realizar ninguna obra dentro del terreno porque “si hacemos cualquier cosa, el juez puede decir que estamos violentando los derechos del amparado. Estamos atados de manos” hasta que haya una resolución, explicó Delgado.
El funcionario agregó que si bien la emergencia apresuró decisiones, a la postre queda en evidencia que con la compra del terreno de CIMA “alguien dejó de tener un problema y alguien tuvo un problema”.
Con información de ANIMAL POLÍTICO
