El Pleno del Senado de la República aprobó este martes en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato para el presidente de México y los gobernadores.

Con 98 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención, el dictamen, que deberá regresar a la Cámara de Diputados, logró el aval de la mayoría calificada con los votos de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, así como de las bancadas del PRI, MC y PRD, que integran el bloque opositor.

Entre los cambios se estableció que la consulta de revocación de mandato, tanto del presidente de la República como de los gobernadores, solo podrá ser solicitada por los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral (INE), durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional.

En el dictamen se establece que el INE estará encargado de la organización, desarrollo, cómputo de la votación y resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será esta misma instancia la encargada de realizar el cómputo final del proceso y, en su caso, emitir la declaratoria de revocación en un plazo de 120 días naturales.

El dictamen menciona que las solicitudes de revocación de mandato no podrán provenir de partidos políticos ni de los mismos sujetos que vayan a someterse a ese procedimiento.

Será el Congreso el responsable de emitir la convocatoria en proporción de 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista de electores al momento de presentar la solicitud.

El pasado 3 de octubre, el documento fue discutido en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos donde fue aprobado y modificado.

El dictamen reforma y adiciona los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución Política para establecer y regular el derecho de los ciudadanos para participar en procesos de revocación de mandato.

Para que el proceso de revocación sea válido, tendrá que contar la participación de al menos el 40 por ciento de las personas de la lista nominal de electores. La revocación solo procederá si es por mayoría absoluta.

Se especifica que no se podrá someter a consulta popular la restricción de derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México sea parte. Tampoco podrá someterse a consulta el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, como tampoco las obras de infraestructura en ejecución.

En tanto, se establece que la revocación tendrá que ser solicitada por al menos tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, esto “siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.

PAN ve camino hacia reelección

En contra del dictamen votaron, además de la petista Alejandra del Carmen León Gastélum, los integrantes de la fracción del PAN que fue la única bancada que votó en contra, con excepción de dos de sus integrantes: Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez.

“Vamos a votar en contra porque no confiamos en este gobierno”, aseveró desde tribuna el líder de los panistas, el queretano Mauricio Kuri, cuya bancada ha dicho que esta reforma abre la puerta a la ratificación e, incluso, a la reelección.

“Le puedo decir con toda honestidad a quienes votarán en contra: entiendo que es una posición política. La respeto. No habré de introducirme en su estrategia, pero de verdad, nada tiene que ver con lo que aquí escuche sobre la naturaleza jurídica del instrumento que estamos construyendo”, aseveró, en respuesta, el líder de Morena, Ricardo Monreal.

El senador Gustavo Madero acusó al presidente de haber pretendido aparecer en las boletas en las elección de 2021 y hacer campaña: “Ni madres es sólo un presidente que debe cumplir y hacer cumplir y someterse a la Constitución y las leyes”.

La morenista Lucía Trasviña criticó a las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón: “gobiernos criminales, nefastos, lavadores de dinero y que muchos de ustedes hicieron las campañas lavando dinero del narcotráfico”.

En tanto, el panista Julen Rementería aseguró que el Gobierno de Morena no es demócrata y que dicho partido impone sus leyes.

Por su parte, Lupita Murguia, legisladora del mismo partido, indicó que la ‘Ley Bonilla’ era una muestra clara de que Morena manipula las leyes a su conveniencia, y que lo mismo sucedería con la revocación, la cual, apuntó, abre el camino a la reelección.

Con información de EL FINANCIERO