Cuarenta de los 88 municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) fueron opacos al responder la pregunta: ¿qué se hace y cuánto se gasta en atender la Alerta? Es 45.4 por ciento del total y sus respuestas fueron incompletas, ilegibles o simplemente no respondieron.

SinEmbargo realizó 100 solicitudes de información a los 12 estados con municipios con la Alerta y a sus institutos u oficinas “para la mujer”, para conocer el presupuesto ejercido en 2017 y 2018 y las acciones emprendidas. Los estados que tienen municipios con Alerta son el Estado de México (10), Morelos (8), Michoacán (14), Chiapas (7), Nuevo León (5), Veracruz (11), Sinaloa (5), Colima (5), San Luis Potosí (6), Guerrero (7), Quintana Roo (3) y Nayarit (7).

El estado que más sobresalió en opacidad fue Morelos: ni el Gobierno estatal ni Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec ni Yautepec respondieron a la solicitud, es decir, en toda esa entidad los actos que se realizan para disminuir la violencia contra la mujer, o no existen o no se conocen.

El estatus de las respuestas en la plataforma van desde solicitud de prórroga, desechada, “no fue atendida”, que “no hay información en archivo y desconozco toda información”, “inexistencia de la información” o que la solicitud no fue atendida, sin más.

El estado que le sigue es Guerrero. Lo municipios con Alerta, Acapulco y Ayutla de los Libres, respondieron que no había información porque no se había incluido nada en el presupuesto, sólo quedó en el registro y Chilpancingo dijo que como “ya que las instalaciones que guarda este H. Ayuntamiento fueron tomadas por sindicatos en los próximos días nos pondremos en contacto con usted”, pero no se cumplió con dicha promesa.

Luego está el Estado de México. El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social dijo que “No cuenta con atribuciones para llevar el registro y dar seguimiento a los gastos que se han realizado con el presupuesto asignado a la Alerta” y los municipios que fallaron en la rendición de cuentas fueron Ecatepec entregó lista de acciones pero sin decir cuánto se invirtió; Naucalpan que sólo dijo que había gastado 3 millones de pesos, y Valle de Chalco, dijo que la solicitud “no había sido clara”, aunque otros municipios respondieron conforme a lo solicitado, y la archivó.

En el caso de Michoacán, Morelia respondió únicamente con una lista de las acciones sin dar información de los recursos erogados y en Apatzingán y Zitácuaro la solicitud quedó solo en registro.

La Secretaría de la Mujer en Chiapas declaró incompetencia para atender la petición, Chiapa de Corzo dio información sin especificar el monto gastado y Villaflores dijo que no podía dar datos por el cambio de administración.

En Nuevo León fueron Cadereyta y Juárez los que no respondieron, en el primer municipio la solicitud no fue atendida y en el segundo pasó a varios organismos pero tampoco hubo respuesta.

En lo que respecta a Colima, el municipio dijo que no había registros, en Coquimitán la solicitud quedó solo en registro y en Tecomán respondieron que se habían colocado espectaculares y una unidad de atención a mujeres en situación de riesgo, pero no dijo cuánto gastó.

Acaponeta, Tecuala y Tepic, municipios de Nayarit, no atendieron la petición. Benito Juárez en Quintana Roo mandó una lista de lo hecho pero sin decir cuánto gastó; además, el documento de respuesta es una fotografía de una copia del original.

Los municipios que más cumplieron en la entrega de información fueron los de Veracruz y Sinaloa, con excepción de Orizaba y Guasave, respectivamente.

El primero también argumentó que no tenía información por el cambio de administración y Guasave, en esta región fueron dos solicitudes de información, una al municipio que dijo que no tenía competencia y otra al Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, que simplemente no atendió.

La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo y consiste en un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o todo acto que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Según lo establecido en la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género contempla como acciones establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé seguimiento a la política; implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia contra las mujeres.

LOS NÚMEROS Y LOS LOGROS

La Alerta fue decretada en 2017 y en 2016, los 12 estados que fueron marcados con esta política abonaron con 294 feminicidios, en total, ese año hubo 602.

Para 2017, en esas mismas 12 entidades se registraron 432 feminicidios, casi el doble del año anterior y fueron el 58 por ciento del total, que fueron 742.

En 2018,  aumentó de nuevo la cifra a 491, que fue el 55 por ciento de los 884 feminicidios reportados. A septiembre de 2019, la cantidad de feminicidios en las entidades con municipios con Alerta es de 370, de 661 que se contabilizan a nivel nacional.

En los últimos cuatro años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene contabilizados 2 mil 889 feminicidios, el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, aportaron mil 587, es decir, el 54 por ciento.

De acuerdo con el Informe de Evaluación del Funcionamiento del Mecanismo, elaborado en 2018, el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), tiene la complejidad de “generar un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad […] Es evidente que el mecanismo de AVGM está destinado a aplicarse a realidades y contextos particulares. No obstante, dichas intervenciones contextuales deben partir de la misma estrategia de intervención, de los mismos objetivos generales, así como de la definición del alcance de las intervenciones”.

El informe señala que las entidades responsables de la Alerta se enfrentaron a un dilema: “¿cómo intervenir de manera eficaz en entidades federativas carentes de políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, mediante un mecanismo pensado para impulsar acciones gubernamentales de emergencia? Para retomar la analogía anterior: ¿Cómo apagar el incendio si no hay cuerpo de bomberos?”.

También criticó que el mecanismo de la Alerta tiene “necesariamente un aspecto político en la medida que constituye un llamado de atención dirigido a las entidades federativas. No hay que excluir tampoco su uso con fines políticos. La ausencia de regulación de algunos de sus procedimientos, como los criterios para decidir sobre la procedencia o no de la Declaratoria de alerta, dejan abierta esa posibilidad. No obstante, parece claro que su objetivo tiende mucho más a buscar soluciones técnicas a situaciones donde las autoridades han fallado”.

Con información de SIN EMBARGO