La Ley Federal del Trabajo (LFT) da un margen “enorme” para regular el régimen de contratación de outsourcing, ya que esta tiene “potencial” y un camino por recorrer en torno a vigilar el cumplimiento de las empresas en cuanto a las reglas vigentes de la subcontratación, consideró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Esta Ley nos da una potencia enorme para prestigiar al outsourcing legal. El marco legal que nos rige da cancha para trabajar”, sostuvo al participar en el Seminario “Subcontratación en México: Balance y alternativas de regulación”, organizado por el Colegio de México (Colmex).
Si bien la dependencia tiene limitantes orgánicas para hacer una inspección del trabajo razonable en materia de subcontratación, la reforma a la LFT realizada en 2012 para regular el outsourcing es una herramienta que ayuda a vigilar el cumplimiento de las empresas en la materia, dijo el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca.
Cuestionado sobre si es excesiva la reforma que propone el senador Napoleón Gómez Urrutia, que plantea que el outsourcing ilegal se tipifique como delincuencia organizada, respondió que en la STPS se trabajará con el marco legal que existe, pero por el momento la ley vigente da margen para actuar en complemento con otras leyes como es la del Seguro Social.
En tanto, el abogado laboralista Arturo Alcalde consideró que muchas restricciones en la ley o la creación de normas para buscar regular el outsourcing no son la solución, como tampoco nuevas iniciativas que no formen parte de una estrategia de combate integral a la subcontratación ilegal.
Sobre la iniciativa de Gómez Urrutia, que busca penalizar el outsourcing ilegal, contestó que “por esa razón hay que tratarlo correctamente. Una conducta ilícita sí puede tener una repercusión en el campo laboral, pero el chiste es que este conjunto de leyes o de iniciativas se ubiquen en el marco de una estrategia global, no pueden ser consideradas (iniciativas) de manera aislada.
En ese sentido, afirmó que la LFT es un buen marco legal y lo que se requiere es dar más “dientes” a la inspección del trabajo y a la Ley del Seguro Social para poder “empatar” la fiscalización de ambas instituciones y, al mismo tiempo, sumar al Servicio de Adminsitración Tributaria.
Con información de EL FINANCIERO