Tras la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, ahora le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador generar un claro estado de derecho, sin barreras, y mucho menos que impidan la participación privada en todos los sectores, incluyendo energía, pugnó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“El sector privado se compromete a realizar la inversión anunciada y ejecutar los proyectos en tiempo, calidad y costo. Por su parte, y muy importante y necesario para el cumplimiento del sector privado, el compromiso del gobierno federal será promover y facilitar la inversión de este sector con financiamiento propio y adoptando el riesgo correspondiente en proyectos de infraestructura, y generar un ambiente propicio para la inversión mediante reglas claras y transparentes”, demandó el organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su mensaje semanal, los analistas del sector privado señalaron que, a pesar de que ya se había anticipado el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, “la preocupación sigue latente, propiciando constantes reducciones en los pronósticos de crecimiento”.
Los resultados palpables de este proyecto en materia de inversión, crecimiento y bienestar serán clave para el cambio en las expectativas, confió.
El CEESP refirió que ante las fuertes necesidades de infraestructura, el sector privado se dio a la tarea de elaborar un plan en el que podría participar activamente para complementar o incluso suplir en buena parte las necesidades de recursos del sector público en esta materia.
De esta forma, el pasado 26 de noviembre se dio a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que, en conjunto con el gobierno federal, intenta facilitar y acelerar la instrumentación de proyectos de infraestructura que estimulen el crecimiento del país.
Por ahora se prevé invertir 431,000 millones de pesos en 72 proyectos en el próximo año, para continuar en el 2021-2022 con 41 proyectos y una inversión de 256,000 millones y en 2023-2024 con 34 proyectos y recursos por 172,000 millones. Asimismo, la idea es que en el marco del acuerdo se busquen otros proyectos viables para complementar estos montos.
El sector privado destacó que el presupuesto de egresos para el 2020 incide en el crecimiento esperado. Si bien en principio el presupuesto genera un ambiente de confianza y certidumbre desde el punto de vista macroeconómico, toda vez que refleja el manejo responsable de las fianzas públicas al mantener el compromiso de un superávit primario y seguir con el plan de austeridad, también limita recursos para actividades productivas inhibiendo un mayor ritmo de crecimiento.
Los 6 billones 107,700 millones de pesos que dispone el gobierno federal para el gasto del sector público del 2020 no es suficiente para cumplir los objetivos sociales trazados y mucho menos los de crecimiento económico, incluso después de hacer una importante reasignación de recursos, alertó el organismo empresarial.
Con información de NOTIMEX