Ayer, en el día de su cumpleaños, el Papa Francisco puso fin al “secreto pontificio” para los casos de pederastia dentro de la Iglesia. Esto significa, de manera simple, que los archivos eclesiásticos podrán ser compartidos por las autoridades civiles, con el fin de esclarecer los casos y encontrar la justicia. Además, prohíbe la imposición del silencio a las víctimas o testigos.

En mi opinión, el secreto pontificio fue una forma subrepticia de escándalo pues, mediante su uso, se instituyeron redes de abuso infantil que llevaron a la corrupción de la vida religiosa; además, el silencio lastimó profundamente a las víctimas con la invisibilización de sus reclamos.

Con la intención de evitar el escándalo y mantener la reputación de los implicados, la Iglesia utilizó el secreto pontificio que prohibía compartir la información de los casos difíciles fuera de las paredes vaticanas. De esta forma, se buscaba evitar el escándalo y el desprestigio institucional. Sin embargo, al hacerlo, se crearon las condiciones de impunidad que defraudaron doblemente a la caridad y a la justicia. El secreto pontificio se convirtió en complicidad, en encubrimiento, en sobreseimiento de las acusaciones. En los casos específicos de pederastia, el secreto pontificio se utilizó como una forma más de dominación hacia las víctimas; así, se volvió un arma en contra del espíritu del cristianismo.

Específicamente, el Catecismo de la Iglesia señala que: El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. ‘Es imposible que no vengan escándalos; pero, ¡ay de aquel por quien vienen!’ (Lc 17, 1).

De esta forma, y conforme a la nueva disposición del Papa, tendríamos que saber de las denuncias de los testigos de los casos de pederastia en México, en Chile o en Estados Unidos. También, tendríamos que estar al tanto de los nuevos procesos y saber las vías de cooperación específicas con las fiscalías de cada una de las diócesis.

A manera de ejemplo, los sacerdotes, consagrados o laicos que conocieron casos de abuso sexual hacia menores de edad en colegios, obras corporativas o en cualquier actividad organizada en nombre de la Iglesia, tienen la obligación moral y eclesiástica de reportarlos y colaborar en los procesos correspondientes. No hacerlo, en términos del derecho canónico, sería una omisión que llevaría al escándalo, la normalización de la crueldad sexual y el desprecio por la dignidad —aunque sus voceros digan lo contrario—.

Si algún movimiento religioso, de manera estructurada y sistemática, silencia y no reporta los casos de abuso sexual —presentes o pasados— de los que tiene noticia, estaría actuando en contra de la autoridad papal, del derecho, de la justicia pero, sobre todo, de la caridad; y, en mi opinión, no merecería pertenecer a la Iglesia de Cristo.

El próximo año anuncia nuevos caminos de justicia para las víctimas de la violencia sexual eclesiástica. Estemos al pendiente.