La economía mexicana ha venido experimentando una caída significativa desde el año pasado, misma que se agudizó este año. Como pocas economías del mundo, la mexicana depende significativamente de la política y, en particular, de los resultados electorales. La condición de ser un país, cuya economía depende fundamentalmente de las relaciones de la empresa con el gobierno a través de la explotación de recursos naturales (concesiones), el uso de los recursos públicos (licitaciones) y aprovechamientos (licencias, autorizaciones), así como una mayoritaria actividad informal y aún escasos sectores de valor agregado, provocó que el proceso electoral federal frenara drásticamente nuestro desempeño económico. Aunado a que hemos observado en los últimos años una drástica disminución del gasto público en inversión, aumento considerable de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto e ingresos, la priorización del gasto corriente y un endémico estancamiento económico.

Ahora bien, hay que reconocer que este año se ha visto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una fuerte austeridad, la supresión de gasto corriente y el freno al irresponsable crecimiento de la deuda. Sin embargo, no se ha observado aumento en la inversión pública y el estancamiento económico se ha prolongado. Se ha mantenido la tendencia del estancamiento, que se agudizó por el cambio de gobierno y el establecimiento de nuevas reglas del juego. En este sentido, hemos vivido una etapa de incertidumbre y el establecimiento de nuevos parámetros de confianza entre el sector privado y el gobierno, sustentados en la firme decisión del presidente de frenar la corrupción, trayendo a la mesa la moral como principio y fin de esta relación. Naturalmente, estos procesos generan desconcierto en el comienzo que se deberá disipar a lo largo de la maduración de esta administración. En adelante, lo único que este gobierno deberá cuidar es continuar con el restablecimiento de la confianza y la certidumbre en los agentes económicos, preservando la claridad de la política económica y seguir estrechando la comunicación con el sector privado. Una cosa ha sido establecer las nuevas reglas del gobierno, abrir una nueva y novedosa forma de diálogo y establecer el principio ético en la forma de llevar la economía, y otra cosa será desproteger a la planta productiva del país mediante políticas poco favorables al crecimiento económico.

Como los procesos económicos están básicamente estancados, ello puede presuponer que, por esa misma condición, más el previsible relajamiento de la política monetaria por parte del Banco de México al igual que un gobierno que ha cubierto su cuota de curva de aprendizaje junto con medidas como el Plan Nacional de Infraestructura, nuestra economía estaría preparada para iniciar su recuperación. En términos estadísticos esto es posible en virtud de que la base de comparación para el 2020 con relación al 2019 es muy baja. No obstante, hay que insistir en la necesidad de continuar restableciendo la confianza y la certidumbre económica, de lo contrario, la recuperación será apenas incipiente, sólo útil para la estadística y no para hacer sentir un impacto real en la población. Los agentes económicos pueden estar dispuestos a aguantar un año más de freno económico si con ello se castiga la corrupción, se mejora la seguridad pública y se establecen bases sólidas para que sea la ética la que rija las nuevas relaciones entre el gobierno y los empresarios.