La suspensión del ingreso de defensores civiles de derechos humanos a las estaciones migratorias dispuesta por el Instituto Nacional de Migración (INM), rechazada por el Presidente y desconocida por la Secretaría de Gobernación, resultaba improcedente y grave.

Primero, porque la Ley de Migración y su Reglamento establecen que las autoridades deben permitir el acceso a estaciones migratorias o estancias provisionales a familiares y personas de confianza de las personas aseguradas, a representantes legales y consulares y a integrantes de asociaciones religiosas, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

Y segundo, porque el trabajo de esas organizaciones es de la mayor relevancia, como lo constaté a lo largo de los cinco años en que las visité con frecuencia.

A todos nos beneficia que puedan hacer esta labor de verificación de las condiciones en que se encuentran y operan las estaciones: al gobierno, al propio INM, a las personas migrantes, a las organizaciones dedicadas a su protección y a la sociedad en general.

Se trata de un ejercicio de transparencia de primer orden, porque permite observar el trato que se da a las personas migrantes y, muy importante, hace posible conocer, por sus testimonios, dónde y qué delitos padecen; es decir, trazar y actualizar el mapa delictivo, lo que es fundamental para actuar en favor de su seguridad y derechos humanos.

Desde que entran a territorio nacional, y aún más si están en instalaciones oficiales, el Estado mexicano asume la responsabilidad de su protección, tal como se menciona reiteradamente en la Ley de Migración.

El hecho de que, además de los servidores públicos de la Comar y de la CNDH, puedan ingresar las organizaciones civiles es un avance indiscutible construido a lo largo de los años, aunque en ocasiones su intervención pueda resultar incómoda para algunas autoridades.

Si éstas, las autoridades, están haciendo bien su trabajo, enhorabuena que se sepa. Y si no, que se sepa también. Así se mejorará la que se hace bien y se corregirá lo que se haga mal.

En tanto no arraiguemos una sensibilidad gubernamental en toda la cadena de mando y una sensibilidad social generalizada, de responsabilidad y solidaridad, para con los migrantes irregulares en México, careceremos de autoridad moral para promover y defender los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos.

Tenemos que asegurarnos todos, sociedad y gobierno, de que los derechos humanos de los migrantes indocumentados sean respetados, y hacer el esfuerzo que corresponda para impedir que padezcan abusos y delitos, que ya mucho de ello hemos atestiguado a lo largo de las primeras dos décadas de este siglo.

Frente a este desafío, la transparencia de la operación de las estaciones migratorias, al igual que otras acciones de protección, es de la mayor importancia.