“Cuando la justicia es más segura … es al mismo tiempo más eficaz “.
Alexis de Tocqueville, autor de “La Democracia en América”
En los últimos días, ante la insostenible, terrible y vergonzosa situación que enfrenta nuestro país en materia de protección a los derechos de las mujeres; se ha puesto en el centro de la discusión y el debate, cuál es la responsabilidad del estado para atender este problema, cuáles los mecanismos para atender la emergencia en el corto plazo y cuál es el diagnostico respecto del origen de esta violencia.
Al respecto, la resolución del problema enfrenta, una enorme debilidad y simplificación en los diagnósticos, la descarada y vergonzosa utilización como bandera política por quienes quieren ver en las protestas elementos para atacar o para defender una visión o un gobierno, así como, desgraciadamente, las expresiones de ruindad que, sobre todo en redes sociales, muestran lo más abyecto de la expresión humana amparada en el anonimato.
El estado actual de las protestas es la muestra patente del hartazgo, miedo, vergüenza y rabia, ante instituciones que mandan permanentemente la señal de que las mujeres pueden ser violentadas, con un estado que (en todos su niveles) no garantiza los derechos básicos de seguridad, no es sensible ante la emergencia, con un sistema judicial incapaz de enfrentar esta problemática y una sociedad que, con notables y valientes excepciones, prefiere dedicarse al ataque mutuo en redes sociales, con argumentos banales, simplistas y sin sustento.
En un estudio realizado por el Banco Mundial, se trató de identificar cuáles son las iniciativas que se han llevado en distintas partes del mundo, a prevenir o reducir la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Ahí se destaca que las intervenciones que están centradas en acciones orientadas a crear mecanismos eficaces y formales de defensa de las víctimas, el involucramiento activo de las comunidades, la capacitación de empoderamiento para las mujeres y las niñas y las acciones para fortalecer la equidad económica de género; son las más efectivas para atacar coyuntural y estructuralmente el problema. Pero al mismo tiempo, es la existencia de instituciones que garanticen en lo inmediato y de largo plazo el estado de derecho y el fin de la impunidad lo que resulta más relevante.
Con información estadística de la OCDE, llevé a cabo un análisis econométrico para encontrar la correlación entre la desigualdad de un país (expresada en lo que se conoce como el índice de Gini), con el nivel de percepción de violencia en contra de la mujer. La visión simplista que señala que la desigualdad (o un modelo
económico) es la principal causa de la violencia es, por lo menos en este análisis, claramente falso.
De lo que sí existe es evidencia es de la relación entre la violencia hacia las mujeres (y hacia otros grupos vulnerables), con la percepción de impunidad y falta de estado de derecho que existe en una sociedad.
En México es fundamental atender los temas económicos que inciden en una insostenible desigualdad, que no solo es injusta sino además es económicamente insostenible. Pero la violencia como tal, no sólo no se explica por los desequilibrios económicos, sino que invariablemente remite a la incapacidad del Estado para transmitir certeza y seguridad jurídica a sus ciudadanos, tanto en sus derechos, como en sus responsabilidades y las penas para aquellos que infringen la ley.
Mientras la autoridad piense que la solución está en otro lado y no tome medidas concretas para acabar la impunidad, seguiremos siendo omisos para enfrentar el grave problema de la violencia. De ahí, la imperiosa necesidad de que, como sociedad, desde las acciones más grandes hasta las más pequeñas, dejemos de trivializar la violencia verbal y física pero también la simbólica en contra de las mujeres. Se los debemos a ellas y nos lo debemos a todos. No hacerlo de inmediato será un acto oprobioso que nos seguirá para siempre.